¿Quién es alias Popeye, el temido sucesor de Araña en los Comandos de Frontera?

Luis Andrés Figueroa Marín, conocido con el alias de Popeye, habría asumido el mando de los Comandos de Frontera después de la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella.

El cambio en la dirección de esta organización armada estaría acompañado de un plan de expansión territorial en Putumayo, Nariño, Caquetá y Amazonas, según información de inteligencia militar revelada por la revista Semana.

De acuerdo con los documentos conocidos por ese medio, Figueroa Marín aparece como principal cabecilla de una facción vinculada con José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza.

Bajo su responsabilidad estaría una estructura que las autoridades estiman en más de 1.000 integrantes, con capacidad para desarrollar operaciones armadas y mantener actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.

El organigrama divulgado por la revista establece que la organización tendría 1.029 integrantes, aunque el desglose consignado en el reporte menciona 865 hombres y 165 mujeres.

Entre sus miembros habría antiguos integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las extintas FARC y organizaciones de delincuencia común.

La reorganización se habría iniciado tras la salida de alias Araña, identificado por la inteligencia militar como máximo jefe de los Comandos de Frontera.

El propósito de la nueva dirección sería mantener el dominio sobre el bajo Putumayo y extender su influencia hacia otros territorios del sur del país, donde distintas organizaciones ilegales se disputan corredores utilizados para movilizar drogas, armas y otros recursos.

Uno de los aspectos que genera preocupación entre las autoridades es la posibilidad de que los Comandos de Frontera ordenen un paro armado el próximo 14 de octubre.

Según la información esta medida estaría contemplada dentro de los planes atribuidos a la organización. Sin embargo, no se han establecido los municipios que podrían resultar afectados ni se conocen eventuales instrucciones dirigidas a los habitantes.

La inteligencia militar también identificó a otros presuntos responsables de la estructura. Héctor Bastidas Bravo, alias Bonito, figuraría como segundo cabecilla, mientras que César Rojas Flórez, alias Milton Barbas; Fredy Pasinga Chapal, alias Pasinga, y Cristian Arrojado, conocido como Camilo o Parlinson, ocuparían posiciones dentro de la organización.

En el mismo esquema aparecen Orlando Molano, alias Mauricio Chiquillo, y Bladimir Vallen Garzón, identificado con los alias de Ovidio Matalana o Chacal. Este último es señalado en el documento como cabecilla encargado de funciones de carácter político dentro del grupo armado.

Las operaciones de los Comandos de Frontera estarían concentradas principalmente en el sur de Colombia, donde sus integrantes buscarían conservar corredores de movilidad hacia Ecuador y Perú.

El reporte identifica áreas de influencia en Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Ospina, así como en sectores rurales de La Paya y Piñuña Negro, en Putumayo.

Para transportar cargamentos de cocaína, la organización presuntamente utilizaría pistas clandestinas, carreteras, trochas y rutas fluviales.

Los ríos Putumayo, San Miguel y Caquetá figuran entre los principales corredores mencionados en los documentos de inteligencia, debido a su conexión con zonas fronterizas y territorios donde operan redes criminales.

Los Comandos de Frontera tendrían participación en el control de cultivos de coca ubicados en Putumayo y Caquetá. También contarían con instalaciones destinadas al procesamiento de pasta base y clorhidrato de cocaína, mientras que los precursores químicos necesarios para estas actividades ingresarían mediante pasos fronterizos.

El transporte de los estupefacientes se realizaría, además, mediante embarcaderos ilegales establecidos sobre diferentes afluentes. Desde esos puntos, los cargamentos serían enviados hacia organizaciones criminales de Ecuador y Perú, con las cuales existirían acuerdos para el suministro de armamento, apoyo logístico y comercialización de drogas.

En territorio ecuatoriano, el informe menciona presuntos vínculos con Los Lobos, organización con la que los Comandos de Frontera mantendrían relaciones en zonas como Esmeraldas y Carchi.

Estos contactos permitirían movilizar armas y unidades armadas, aunque las alianzas dependerían de los intereses de cada estructura.

Las disputas territoriales también involucrarían a Los Choneros, otra organización criminal ecuatoriana.

Las fuentes militares advierten que las confrontaciones no necesariamente representan enfrentamientos permanentes, pues los grupos pueden establecer acuerdos temporales cuando coinciden sus intereses sobre determinadas rutas o actividades ilegales.

En Nariño, los Comandos de Frontera sostendrían enfrentamientos con las estructuras Carolina Ramírez y Raúl Reyes, vinculadas con las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco.

Las autoridades también contemplan la posibilidad de acciones contra integrantes de la fuerza pública en medio de la reorganización de estos grupos.

La estrategia de expansión estaría relacionada con la necesidad de asegurar recursos para mantener a sus integrantes y sostener las operaciones armadas.

En ese escenario, las actividades ilegales no se limitarían al narcotráfico, sino que incluirían otras fuentes de financiación identificadas por los organismos de inteligencia.

Entre ellas figura la explotación ilícita de oro en los ríos Piñuña Negro, Mecaya, La Paya y Pacora.

La organización presuntamente emplearía maquinaria pesada, dragas y mercurio para desarrollar actividades extractivas en territorios de difícil acceso, donde también se registrarían procesos de deforestación y contaminación de fuentes hídricas.

Los recursos obtenidos mediante la minería ilegal servirían tanto para financiar las operaciones del grupo como para incorporar dinero procedente de otras actividades criminales a circuitos económicos aparentemente legales, según las hipótesis consignadas en el documento.

En relación con el posible lavado de activos, las fuentes militares señalan que los Comandos de Frontera recurrirían a empresas fachada, establecimientos comerciales, compraventa de ganado y operaciones inmobiliarias.

También estaría bajo observación la adquisición de grandes extensiones de tierra a campesinos de Putumayo, una práctica que, según la inteligencia militar, contribuiría a fortalecer su presencia en determinadas zonas.

El control sobre las comunidades constituiría otro componente de las actividades atribuidas a la organización. El reporte sostiene que sus integrantes impondrían normas de comportamiento, utilizarían mecanismos de intimidación, desarrollarían actividades de reclutamiento y mantendrían redes de apoyo en poblaciones donde ejercen influencia.

Por otra parte, las autoridades mantienen bajo observación la Zona de Ubicación Temporal del bajo Putumayo, donde permanecen más de 58 integrantes de los Comandos de Frontera vinculados con el proceso de paz total promovido por el Gobierno nacional.

De acuerdo con las hipótesis de inteligencia reseñadas por Semana, este espacio podría estar siendo utilizado para preservar parte de la capacidad operativa de la organización mediante la activación de unidades denominadas Jesús Santrich y Jacobo Arenas.

Los organismos militares consideran que estas comisiones buscarían garantizar la continuidad del control territorial y de las actividades ilegales atribuidas al grupo.

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