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Asesinan a vigilante de discoteca en Bogotá tras diez meses de denuncias por extorsión
Un vigilante de 59 años fue asesinado la noche del jueves 8 de octubre de 2026
Un vigilante de 59 años fue asesinado la noche del jueves 8 de octubre de 2026 frente a una discoteca de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, después de que dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaran al establecimiento, le entregaran un panfleto con amenazas atribuidas a la organización criminal conocida como «Los Satanás» y le dispararan.
El homicidio ocurrió en medio de una serie de denuncias por extorsión que los propietarios del negocio aseguran haber presentado durante diez meses ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.
El crimen se registró en el sector del barrio Boyacá, en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 72, una zona comercial de Engativá. El trabajador se encontraba cumpliendo sus labores de vigilancia en el exterior del establecimiento cuando fue abordado por los agresores, quienes ejecutaron el ataque y escaparon en una motocicleta.
La secuencia del homicidio quedó registrada en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa la llegada de dos individuos, uno de los cuales se aproxima al vigilante y le entrega un papel. Mientras uno de los sujetos registra la escena, el otro utiliza un arma de fuego contra el trabajador. Después del disparo, los responsables abandonan el lugar.
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la muerte del hombre y las circunstancias generales del ataque. El teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la institución, informó que dos ciudadanos descendieron de una motocicleta y dispararon contra la víctima cuando se encontraba en las afueras de un establecimiento comercial del barrio Boyacá.
Uno de los elementos centrales de la investigación es el panfleto entregado momentos antes del homicidio. El documento contenía un mensaje intimidatorio que comenzaba con la expresión «Saludos de parte de los Satanás» y advertía sobre supuestas consecuencias por no atender las exigencias de personas identificadas como «Pedrito» y «Moisés». El escrito incluía, además, un número telefónico, cuya procedencia deberá ser verificada por los investigadores.
La entrega del mensaje inmediatamente antes del ataque constituye un indicio relevante para establecer si el asesinato fue cometido como represalia contra los propietarios del establecimiento por su negativa a atender las exigencias económicas de los extorsionistas. Sin embargo, la responsabilidad de la organización mencionada en el panfleto todavía debe ser acreditada mediante la investigación penal.
El homicidio estuvo precedido por una situación que, según los responsables de la discoteca, comenzó en diciembre de 2025. Desde entonces, personas que afirmaban pertenecer a «Los Satanás» habrían realizado llamadas y enviado amenazas para exigir dinero a cambio de permitir el funcionamiento del negocio sin represalias contra sus propietarios o trabajadores.
Las exigencias económicas, de acuerdo con el testimonio del comerciante afectado, comenzaron con solicitudes de 40 millones de pesos y llegaron a incluir peticiones de 20.000 dólares. Durante los meses siguientes, las intimidaciones continuaron, mientras los responsables del establecimiento intentaban obtener una respuesta de las autoridades encargadas de investigar y combatir la extorsión.
Héctor Gil Bastidas, identificado como uno de los denunciantes, aseguró que el Gaula conocía las amenazas desde hacía aproximadamente diez meses. Su relato plantea interrogantes sobre el tratamiento que recibieron las denuncias, las actuaciones investigativas adelantadas durante ese periodo y las eventuales medidas de protección ofrecidas a quienes estaban expuestos a las intimidaciones.
El comerciante también manifestó que las autoridades le habían recomendado no hacer pública la situación y cuestionó la ausencia de resultados frente a las amenazas. Según su versión, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y el asesinato del vigilante no recibió información suficiente sobre avances que permitieran neutralizar a los responsables de las exigencias económicas.
Estas afirmaciones deberán contrastarse con los registros oficiales de las denuncias, las actuaciones del Gaula y las medidas que eventualmente se hubieran dispuesto. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que existiera una omisión institucional directamente relacionada con el homicidio.
La muerte del vigilante introduce un elemento de especial gravedad en el caso: la víctima no era identificada como destinataria de las exigencias económicas, sino que desempeñaba funciones de seguridad en el establecimiento cuyos propietarios habían denunciado las amenazas.
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