Centro Democrático propone vender parte de Ecopetrol y rechaza aumento del IVA en reforma económica

La bancada parlamentaria del Centro Democrático presentó una propuesta de modificaciones a la denominada Ley de Rescate de la Economía, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en la que plantea rechazar varios incrementos del impuesto al valor agregado (IVA), reducir la estructura del Estado, vender una participación adicional de la Nación en Ecopetrol y establecer nuevos mecanismos de financiación para atender las necesidades fiscales del país.

El documento, denominado “Primer borrador discusión Ley de Rescate de la Economía”, contiene 14 puntos elaborados a partir de reuniones de los congresistas de la colectividad, consultas con especialistas tributarios y económicos, y planteamientos de representantes gremiales y sectores sociales. Entre los profesionales consultados figuran Santiago Pardo, Santiago Montenegro, Lisandro Junco y Andrés Felipe Arias.

Aunque el partido comparte el diagnóstico del Gobierno sobre la situación económica nacional, manifestó reparos a diferentes disposiciones tributarias que, según sus planteamientos, afectarían el consumo, la producción agropecuaria, las empresas, los trabajadores independientes y los ingresos de los departamentos.

Uno de los principales cuestionamientos corresponde al aumento del IVA sobre productos y servicios. La colectividad manifestó su oposición a gravar artículos de la canasta familiar, maquinaria agrícola, fertilizantes, agroquímicos y operaciones de compraventa de animales vivos. También advirtió sobre las consecuencias del impuesto anunciado para el café, actividad de la que dependen aproximadamente 500.000 familias productoras, según las cifras incluidas en el comunicado.

En materia tecnológica, el Centro Democrático rechazó la propuesta de cobrar IVA al servicio de internet para los hogares de los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, cuestionó el gravamen del 19 % sobre el acceso a plataformas de inteligencia artificial y pidió revisar la conveniencia de imponer impuestos a los paneles solares.

La bancada también expresó preocupación por el cobro de IVA a servicios turísticos utilizados por visitantes extranjeros. Según el documento, representantes del sector consideran que esa modificación podría afectar la llegada de turistas internacionales.

En el sistema de salud, el partido rechazó un eventual incremento del IVA sobre las pólizas privadas, cuya tarifa actual identifica en el 5 %. El comunicado sostiene que el gasto de bolsillo de los colombianos pasó del 15 % al 26 % y que el número de pólizas privadas aumentó de dos a cuatro millones, cifras que la colectividad relaciona con las dificultades del sistema sanitario.

También manifestó reparos al incremento de tres puntos porcentuales en las cotizaciones de los trabajadores independientes. Frente a los aportes empresariales, propuso que cualquier aumento sea asumido por los empleadores, condicionado a una reducción de otras cargas tributarias.

Otro de los puntos centrales corresponde a los impuestos sobre bebidas alcohólicas, cerveza y juegos de suerte y azar. El Centro Democrático señaló que, de acuerdo con sus cálculos, los gravámenes sobre los licores aumentarían un 80 % y los correspondientes a la cerveza un 160 % frente a los niveles actuales.

La colectividad advirtió que estas modificaciones afectarían las rentas departamentales. Como ejemplo, citó al Chocó, donde, según el comunicado, los impuestos a los licores representan el 81 % de los ingresos departamentales.

También recogió preocupaciones de gobernadores sobre las modificaciones tributarias aplicables a las plataformas de juegos de suerte y azar.

El documento incluye un apartado sobre las tiendas de barrio y los efectos de los impuestos a las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y los productos endulzados con edulcorantes.

Con base en cifras atribuidas a Fenaltiendas, señala que existen aproximadamente 450.000 establecimientos que comercializan anualmente $48 billones, de los cuales $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a bebidas no alcohólicas.

Según las proyecciones recogidas por el partido, la reforma podría reducir esas ventas a $13 billones y $11 billones, respectivamente. El comunicado también cita un estudio de Fenalco según el cual han cerrado 48.000 tiendas y el 29,3 % de los comerciantes consultados manifiesta intención de cerrar sus establecimientos.

En contraste con su rechazo a varios aumentos tributarios, la bancada señaló que algunos de sus congresistas han promovido iniciativas para gravar productos como los vapeadores y determinados vehículos eléctricos e híbridos.

También planteó cobrar IVA a paquetes de compras digitales inferiores a 200 dólares y aplicar aranceles a mercancías procedentes de países con los cuales Colombia no tenga acuerdos comerciales.

En relación con la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos, el partido propuso conservar el mecanismo de compensación mediante un cálculo presuntivo del consumo, en lugar de exigir facturación electrónica como condición para acceder al beneficio.

La propuesta también cuestiona el aumento del impuesto al carbono, especialmente por sus efectos sobre la actividad minera en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Cesar y La Guajira, así como sobre los costos de transporte.

En el impuesto sobre la renta, la bancada manifestó dudas sobre la reducción de la tarifa aplicable a las empresas, debido al incremento simultáneo de las cargas parafiscales.

También cuestionó la tarifa marginal máxima del 39 % para personas naturales y la disminución de los beneficios tributarios de 1.090 a 720 unidades de valor tributario (UVT), que afectaría deducciones relacionadas con personas dependientes e intereses de créditos de vivienda.

El Centro Democrático propuso ampliar y fortalecer el Régimen Simple de Tributación, revisar los umbrales para el ingreso de nuevos contribuyentes al impuesto de renta y modificar el tratamiento tributario de los rendimientos financieros correspondientes a la inflación.

En materia de recaudo, la colectividad planteó establecer un mecanismo extraordinario para recuperar obligaciones pendientes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). La propuesta contempla descuentos excepcionales sobre el capital adeudado, además de reducciones de intereses y sanciones.

Según cálculos de integrantes de la bancada, este procedimiento permitiría recuperar entre $10 billones y $15 billones adicionales. El partido también propuso extender mecanismos similares a departamentos, municipios, distritos y corporaciones autónomas regionales.

Otro de los planteamientos consiste en profundizar la reducción del aparato estatal mediante la eliminación o fusión de entidades públicas. El documento sostiene que existen más de 200 organismos cuyas funciones podrían revisarse y propone establecer una meta mínima de ahorro en la legislación.

Los anexos presentan una propuesta para intervenir 48 entidades, con ahorros estimados en $20,4 billones, y otra para reducir de 19 a seis los ministerios, con una disminución proyectada del gasto de $5,9 billones anuales. Estas cifras corresponden a estimaciones incorporadas en las propuestas entregadas por la colectividad.

En cuanto a Ecopetrol, el Centro Democrático propuso estudiar la venta de otra participación accionaria de propiedad de la Nación, con preferencia para organizaciones del sector solidario e inversionistas institucionales. El documento también menciona la posibilidad de considerar activos relacionados con ISA y la infraestructura de oleoductos.

La bancada cuestionó la administración de Ecopetrol durante los últimos años, a la que atribuyó problemas de gestión, disminución de producción, pérdida de valor y reducción de dividendos. Además, propuso modificar el mecanismo de designación de la dirección de la compañía para excluir esa decisión de la competencia del presidente de la República.

El planteamiento de mayor alcance tributario aparece en una propuesta elaborada por Santiago Pardo, que contempla eliminar, a partir de 2027, impuestos como el gravamen a los movimientos financieros, conocido como cuatro por mil; el impuesto al patrimonio; los tributos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; el impuesto de timbre y los gravámenes nacionales sobre gasolina, ACPM, carbono, plásticos de un solo uso y bolsas.

La iniciativa también propone reducir del 35 % al 30 % la tarifa general del impuesto de renta para sociedades, disminuir del 20 % al 10 % el gravamen sobre dividendos y bajar del 15 % al 10 % el impuesto a las ganancias ocasionales.

Para compensar la reducción de ingresos tributarios, plantea que las empresas suscriban durante cinco años bonos del Estado por un valor equivalente al 20 % de sus utilidades anuales. Los títulos tendrían plazos de entre 10 y 20 años y una tasa de interés inferior al costo actual de financiación de la deuda pública.

Los cálculos presentados en el anexo estiman una reducción del recaudo de $190 billones durante el periodo 2026-2030 y una colocación acumulada de bonos por $309 billones entre 2027 y 2031. Se trata de proyecciones del autor de la propuesta, sujetas a los supuestos financieros incluidos en el documento.

Finalmente, el Centro Democrático planteó crear un fondo de financiación para los propietarios afectados por el terremoto, con créditos de hasta 30 años destinados a la recuperación de sus bienes, sin excluir las ayudas gubernamentales. También propuso tarifas tributarias diferenciales para promover la recuperación del empleo en las zonas afectadas.

El documento incorpora, además, una propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentada al presidente Abelardo de la Espriella.

La Ley de Rescate Económico fue radicada por el Gobierno nacional ante el Congreso el 29 de octubre de 2026. Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto contempla medidas de austeridad, reducción de gastos de funcionamiento, modificaciones tributarias y mecanismos para estabilizar las finanzas públicas. Entre sus objetivos oficiales figura alcanzar ahorros de $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030.
 

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