Crisis de Ueno Bank: técnico Gustavo Alfaro perdió US$10 millones en Paraguay, Conmebol US$13 millones

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, y por lo menos diez futbolistas del equipo nacional figuran entre los afectados por el colapso financiero de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay después de detectar irregularidades patrimoniales y una insuficiencia de capital que provocó el bloqueo de depósitos.

Las versiones divulgadas sobre los recursos comprometidos del técnico argentino hablan de entre siete y diez millones de dólares, mientras que los ahorros de varios integrantes de la selección alcanzan cifras de ocho dígitos en dólares.

La crisis también comprometió recursos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que mantenía cerca de 13 millones de dólares depositados en la institución, y desencadenó una investigación sobre las operaciones del banco, sus propietarios, las inversiones de organismos públicos y los vínculos empresariales del expresidente paraguayo Santiago Peña, destituido mediante juicio político el 6 de noviembre de 2026.

El representante de futbolistas Rodrigo Codas informó que al menos diez jugadores de la selección paraguaya tenían recursos depositados en Ueno Bank y que sus ahorros, considerados conjuntamente, alcanzaban una suma de ocho dígitos en dólares. El abogado anunció la preparación de una demanda colectiva para reclamar los fondos de los deportistas afectados.

La situación también involucra al seleccionador Gustavo Alfaro, quien asumió la dirección técnica de Paraguay en agosto de 2024, después de dirigir a Ecuador en el Mundial de Catar 2022 y a Costa Rica. Bajo su conducción, el equipo paraguayo consiguió la clasificación a la Copa Mundial de 2026, después de haber estado ausente de las tres ediciones anteriores.

El periodista paraguayo Luis Bareiro Fernández Bogado señaló que el entrenador argentino tendría comprometidos entre siete y diez millones de dólares en la entidad financiera. La cifra fue divulgada en medio de las investigaciones sobre los depósitos de futbolistas, entrenadores y organizaciones deportivas que mantenían relaciones comerciales con Ueno Bank.

La afectación provocó un pronunciamiento de los integrantes de la selección paraguaya, divulgado por su capitán, Gustavo Gómez, quien milita en el Palmeiras de Brasil. Los futbolistas expresaron su preocupación por los ahorradores perjudicados y reclamaron una actuación de las autoridades frente a los responsables de la crisis financiera.

En la comunicación, los jugadores manifestaron que cada uno evaluaría las acciones legales relacionadas con sus recursos y expresaron solidaridad con los trabajadores, jubilados y familias que quedaron sin acceso a sus depósitos.

El problema también se extendió a los futbolistas de la primera división paraguaya. Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), informó que un porcentaje considerable de los jugadores profesionales utilizaba los servicios de Ueno Bank para administrar sus ingresos y ahorros.

El dirigente explicó que el gremio comenzó a recopilar información sobre los deportistas afectados, incluidos aquellos que recibían sus salarios mediante cuentas de la entidad intervenida. La suspensión de los servicios bancarios impidió temporalmente el acceso a esos recursos.

Ueno Bank había construido una relación comercial con el fútbol paraguayo mediante contratos de patrocinio con la Asociación Paraguaya de Fútbol, Olimpia, Cerro Porteño y otros clubes profesionales. La institución también había financiado actividades publicitarias relacionadas con la selección nacional.

Uno de sus principales acuerdos comerciales correspondía al patrocinio de la selección paraguaya, mediante un contrato de doce millones de dólares por cuatro años con la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuya vigencia estaba prevista hasta 2026.

La presencia del banco también se extendió al fútbol continental. Desde 2024, Ueno Bank figuraba como patrocinador de la Copa Sudamericana, organizada por la Conmebol, y su marca aparecía en actividades comerciales y publicitarias de la competición.

La Conmebol mantenía aproximadamente 13 millones de dólares en certificados de depósito a plazo fijo en Ueno Bank. La organización, presidida por Alejandro Domínguez, informó que esos recursos representaban cerca del 2,3 % de sus ingresos de 2025 y que la intervención bancaria no comprometía sus operaciones ni la celebración de las finales continentales.

El contrato de patrocinio de Ueno Bank con la Copa Sudamericana tenía previsto finalizar en diciembre de 2026 y no sería renovado. La competición tiene programada su final para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La crisis comenzó a hacerse pública el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay anunció que su directorio había decidido por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank mediante una resolución adoptada el día anterior.

La autoridad monetaria determinó que el índice de solvencia de la institución había descendido por debajo del 50 % del mínimo legal exigido, después de realizar ajustes a sus estados financieros durante un proceso de regularización.

La decisión quedó sustentada en la Ley 2334 de 2003, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades de intermediación financiera. El procedimiento implicó la suspensión de operaciones, el cierre de sucursales y la intervención de la administración bancaria.

Los clientes dejaron de utilizar normalmente sus tarjetas, cuentas y servicios digitales. La aplicación de Ueno Bank presentó restricciones para consultar saldos y efectuar operaciones, mientras los interventores comenzaron la revisión de los activos y pasivos de la institución.

La crisis patrimonial estuvo relacionada con operaciones de crédito a empresas vinculadas, deficiencias en la documentación financiera y registros de activos que fueron objeto de ajustes durante la supervisión. Las investigaciones se concentran en las condiciones de esos préstamos, las garantías constituidas y la información presentada a las autoridades regulatorias.

La insuficiencia de capital significaba que el patrimonio reconocido del banco no alcanzaba los niveles mínimos establecidos para respaldar sus operaciones y riesgos. Esa situación activó el procedimiento de resolución previsto en la legislación paraguaya y dejó sometidos los depósitos al régimen de protección y recuperación de activos.

El Banco Central estableció que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y entidad financiera, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, aproximadamente 38.000 dólares.

La garantía se aplica sobre los depósitos reconocidos dentro de los límites legales, mientras que los recursos superiores a esa cantidad quedan vinculados a los procedimientos de recuperación patrimonial de la institución.

El 4 de noviembre, el Congreso paraguayo sancionó una modificación legislativa destinada a anticipar la devolución de recursos a los ahorradores, con pagos de hasta 40 salarios mínimos mensuales, previa compensación de las obligaciones vencidas que mantuvieran con el banco.

Posteriormente, el Banco Central anunció el comienzo de los desembolsos a un primer grupo de clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes, sin deudas con la institución y con cuentas habilitadas en otras entidades financieras.

La intervención afectó a una institución que había experimentado una expansión acelerada durante los tres años anteriores. Ueno Bank comenzó a operar con licencia bancaria en noviembre de 2023 y se convirtió en una de las principales plataformas financieras digitales de Paraguay.

Su modelo comercial se concentró en la apertura de cuentas mediante aplicaciones móviles, tarjetas, servicios de pago, créditos y promociones vinculadas al consumo. La entidad llegó a registrar aproximadamente 2,94 millones de clientes en un país con una población cercana a 6,1 millones de habitantes.

La expansión también incluyó operaciones de integración empresarial y la incorporación de negocios financieros procedentes de otras entidades, entre ellas Visión Banco, que contribuyeron al crecimiento de su cartera y de su presencia en el mercado paraguayo.

El banco pertenecía al conglomerado empresarial Grupo Vázquez, vinculado históricamente a actividades comerciales, automotrices y financieras. Sus antecedentes se remontan a negocios familiares desarrollados durante el siglo XX, que posteriormente se ampliaron hacia el crédito de consumo, los servicios digitales y otras inversiones.

La estructura corporativa incluía sociedades relacionadas con Ueno Holding y otras compañías del grupo, mediante las cuales se ejercía el control accionario de la entidad financiera.

Entre los principales empresarios vinculados a la propiedad y administración del banco figura Miguel Vázquez, identificado como uno de sus fundadores y accionistas de control. Su participación y las decisiones adoptadas por los órganos de administración quedaron bajo revisión después de la intervención.

La expansión de Ueno Bank estuvo acompañada de inversiones en publicidad, patrocinios deportivos y alianzas comerciales. La entidad consiguió una presencia destacada en el fútbol paraguayo y en actividades de alcance nacional, mientras aumentaba su participación en el mercado de depósitos y servicios financieros.

Entre sus clientes institucionales figuraban organismos públicos que mantenían recursos en cuentas y productos de inversión de Ueno Bank. Las cifras divulgadas sobre los depósitos estatales situaban esos fondos entre 800 y 850 millones de dólares.

Entre las entidades con recursos comprometidos aparecieron el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar fondos de seguridad social y jubilaciones, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la entidad binacional Itaipú.

Las investigaciones se extendieron a las condiciones en que se colocaron esos fondos públicos, las decisiones administrativas que autorizaron las operaciones y las garantías financieras existentes al momento de efectuarse los depósitos.

Las investigaciones judiciales identificaron operaciones crediticias con compañías relacionadas con el grupo controlador del banco. Entre los hallazgos se encuentran préstamos cuya recuperación podría estar comprometida por aproximadamente 166,98 millones de dólares y otros 343.157 millones de guaraníes.

La Fiscalía paraguaya investiga si esas operaciones fueron autorizadas con garantías suficientes, si se respetaron los límites aplicables a los créditos con partes vinculadas y si los estados financieros reflejaban adecuadamente los riesgos asumidos por Ueno Bank.

El deterioro patrimonial provocó actuaciones contra los responsables de la entidad. Las autoridades formularon cargos contra 27 directivos y personas relacionadas con las operaciones investigadas. Varios antiguos integrantes de la administración bancaria quedaron sometidos a medidas de privación de libertad mientras avanzan los procesos penales.

Entre los investigados figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti y antiguos directivos de Ueno Bank, incluido Juan Manuel Gustale Cardoni, quien había ejercido la presidencia de la institución. Las actuaciones también alcanzaron a otros miembros del directorio relacionados con la administración financiera.

La crisis tuvo consecuencias dentro del Banco Central del Paraguay. Carlos Carvallo, quien había presidido la autoridad monetaria y anteriormente había estado vinculado a la administración de la financiera Ueno, renunció a su cargo. También dejó su puesto el director Marco Aurelio González.

Las renuncias ocurrieron mientras las investigaciones examinaban la supervisión ejercida sobre el banco, las advertencias relacionadas con operaciones entre empresas vinculadas y las decisiones adoptadas antes de la intervención.

El caso adquirió una dimensión política por los antecedentes empresariales del presidente Santiago Peña, quien había mantenido inversiones en sociedades relacionadas con Ueno Bank antes de vender su participación accionaria.

En su declaración patrimonial de 2023, Peña registró acciones de Ueno Holding valoradas en aproximadamente 6.144 millones de guaraníes. También había declarado instrumentos financieros relacionados con la entidad y otras compañías del conglomerado.

El mandatario vendió sus acciones en 2025, pero sus relaciones comerciales anteriores con el grupo propietario del banco quedaron bajo examen después de conocerse las irregularidades financieras y la magnitud de los recursos públicos depositados en la institución.

La investigación también comprende las decisiones mediante las cuales diferentes organismos estatales colocaron fondos en Ueno Bank durante su administración, así como las actuaciones de las autoridades encargadas de supervisar la estabilidad de la entidad.

La crisis provocó manifestaciones en Asunción y otras ciudades paraguayas, donde los ahorradores reclamaron la devolución de sus depósitos. Las protestas coincidieron con las investigaciones contra los directivos del banco y las actuaciones políticas contra Peña.

El 5 de noviembre, Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay, pero la dimisión no fue aceptada por el Congreso. Los legisladores continuaron el procedimiento de juicio político iniciado por su actuación frente a la crisis financiera.

El viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución de Peña por mal desempeño de sus funciones. La decisión puso fin a su mandato presidencial y permitió que el vicepresidente Pedro Alliana asumiera la jefatura del Estado.

Después de la destitución, el Ministerio Público ordenó la detención del expresidente en su residencia de Asunción, dentro de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank.

Los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore participaron en las diligencias practicadas en la vivienda del exmandatario. Peña recibió la notificación de la orden judicial y quedó bajo custodia policial.

El Ministerio Público investiga posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Las actuaciones comprenden las relaciones patrimoniales del exmandatario, las operaciones financieras examinadas y las decisiones relacionadas con la administración de recursos públicos.

La Fiscalía programó para el sábado 7 de noviembre una comparecencia de Peña ante los investigadores especializados en delitos económicos y anticorrupción. El expresidente manifestó su disposición a someterse al procedimiento judicial.

La destitución de Peña ocurrió mientras continuaba el proceso de resolución de Ueno Bank, cuya intervención dejó bloqueados depósitos particulares, salarios, recursos empresariales y fondos pertenecientes a instituciones estatales.

La magnitud de la crisis quedó reflejada en los aproximadamente 2,9 millones de clientes registrados por la institución, sus depósitos cercanos a 2.800 millones de dólares y los cientos de millones de dólares pertenecientes a organismos públicos que habían sido colocados en el banco.

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