Degradación ambiental en páramo de Santurban: encuentran cianuro, mercurio y explosivos en gran cantidad

La Fiscalía General de la Nación intervino socavones y plantas de procesamiento de oro utilizadas presuntamente para la minería ilegal en inmediaciones del páramo de Santurbán, Santander, durante ocho diligencias de allanamiento y registro que permitieron incautar 200 kilogramos de cianuro, 1.902 gramos de mercurio, explosivos, oro y $92 millones en efectivo.

Los operativos se desarrollaron en la vereda Angosturas, del municipio de California, y en instalaciones ubicadas en Suratá y Matanza, como parte de una investigación contra una organización señalada de extraer y comercializar oro de manera ilegal en esta zona del departamento.

Según informó la Fiscalía, las diligencias fueron ejecutadas por unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, bajo la coordinación del ente investigador.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas, además del dinero en efectivo.

Estos elementos quedaron vinculados a la investigación que busca determinar el funcionamiento de la presunta estructura dedicada a la explotación ilícita de minerales.

Entre los materiales incautados también figuran 120 kilogramos de explosivo tipo Anfo, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores, elementos que, de acuerdo con las autoridades, estaban destinados a las actividades de explotación minera ilegal.

El Anfo es una mezcla explosiva elaborada principalmente con nitrato de amonio y combustible, utilizada en operaciones de voladura. El Indugel es un explosivo industrial empleado en trabajos de fragmentación de roca. Ambos materiales requieren condiciones específicas de almacenamiento, transporte y manipulación debido a los riesgos asociados con su utilización.

La investigación de la Fiscalía señala que la actividad ilegal generaría ganancias superiores a $1.200 millones mensuales mediante la extracción, el procesamiento y la posterior comercialización del oro.

De acuerdo con las evidencias recopiladas, el mineral obtenido en los lugares intervenidos sería distribuido en establecimientos comerciales de Bucaramanga y Bogotá, ciudades donde presuntamente ingresaría a los circuitos de comercialización.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la posible contaminación de la quebrada La Baja y del río Suratá, fuentes hídricas relacionadas con el abastecimiento de agua de Bucaramanga.

La Fiscalía indicó que las actividades investigadas habrían ocasionado contaminación en estos cuerpos de agua, circunstancia que forma parte de las indagaciones sobre las consecuencias ambientales de la explotación ilegal.

El uso de mercurio en la recuperación de oro representa un riesgo ambiental debido a que este metal puede incorporarse a los ecosistemas acuáticos y transformarse, bajo determinadas condiciones, en metilmercurio, una sustancia tóxica que puede acumularse en organismos acuáticos y entrar en la cadena alimentaria.

Por su parte, el cianuro es utilizado en determinados procesos de extracción de oro por su capacidad para disolver el metal. Su manejo exige controles técnicos para evitar exposiciones peligrosas y vertimientos que puedan afectar los cuerpos de agua.

El páramo de Santurbán se encuentra en la cordillera Oriental, entre Santander y Norte de Santander, y constituye una zona de importancia ambiental por sus ecosistemas de alta montaña, nacimientos de agua y sistemas hídricos asociados con el abastecimiento de poblaciones de ambos departamentos.

La actividad minera en esta región ha sido objeto de controversias jurídicas y ambientales relacionadas con la protección de los ecosistemas de páramo, la delimitación de las áreas protegidas y las restricciones legales a la explotación de recursos minerales.

La Ley 1930 de 2018 establece disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia y contempla prohibiciones sobre determinadas actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en estos ecosistemas.

Asimismo, el artículo 332 del Código Penal colombiano contempla el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, mientras que otras disposiciones penales sancionan conductas relacionadas con daños a los recursos naturales y contaminación ambiental, cuando se cumplen los requisitos establecidos en la legislación.

La Fiscalía informó que una funcionaria de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo la legalización de los elementos incautados durante los procedimientos.

Las investigaciones continuarán para identificar a los responsables de la presunta organización, establecer su participación en la extracción y comercialización del oro y determinar las conductas delictivas que puedan derivarse de los hallazgos.

El operativo también permitirá avanzar en la identificación de los lugares de procesamiento, las rutas de comercialización del mineral y las posibles responsabilidades relacionadas con la afectación de las fuentes hídricas mencionadas por la Fiscalía.

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