Abogado del Área Metropolitana, Amva, pide cárcel para Miguel Quintero y Sebastián Ortega por presunta

El abogado que representa al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), reconocida como víctima dentro del proceso por presuntos hechos de corrupción en la entidad, solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, al considerar que existirían elementos relacionados con una posible obstrucción a la justicia, presiones contra testigos, riesgo para la comunidad y posibilidad de que los procesados no comparezcan ante las autoridades.

La petición fue presentada durante una audiencia virtual ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías. La diligencia se extendió durante varias horas y fue suspendida cerca de las 8:00 de la noche, después de que el abogado Majer Nayi Abushihab expusiera los argumentos con los que busca que los dos imputados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso.

Sebastián Ortega fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación. Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, responde por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.

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En el mismo proceso también fue imputado Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, mientras que Vanesa Álvarez, quien se desempeñó como asesora jurídica de la entidad, fue vinculada por presunto interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural únicamente contra Miguel Quintero. Sin embargo, la representación del AMVA pidió que la medida también cobije a Sebastián Ortega.

El proceso está relacionado con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por un valor total de $17.656 millones. De acuerdo con lo expuesto dentro del proceso, alrededor de esos contratos se habría pagado una coima de $2.481 millones.

Durante su intervención, Abushihab sostuvo que Sebastián Ortega habría tenido capacidad de influencia dentro de entidades vinculadas a la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.

Según el abogado, algunos testimonios indicarían que desde 2021 Ortega habría servido como enlace con Miguel Quintero y habría recibido reportes de Álvaro Villada.

El representante del AMVA también afirmó que existe un patrón mediante el cual Miguel Quintero, Villada y Ortega habrían actuado sin ocupar formalmente cargos desde los cuales se tomaran las decisiones investigadas. Con base en ese planteamiento, describió a Ortega como un supuesto “interviniente especial” en los hechos materia de investigación.

En relación con Ortega, el abogado recordó que la imputación incluye un presunto peculado por apropiación de $133 millones en beneficio propio y señaló que también habría participado en actuaciones destinadas a que otras personas recibieran recursos.

Abushihab citó chats, declaraciones de testigos y otros elementos incorporados al expediente para sustentar la petición. Entre ellos mencionó conversaciones entre Misael Cadavid y Sebastián Ortega.

Según la exposición, ambos mantenían una relación desde años atrás y, en diciembre de 2021, antes de una campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes, habrían hablado sobre aportes y sobre la permanencia de dos personas dentro de la administración municipal.

En enero de 2022, de acuerdo con otro chat citado durante la audiencia, Cadavid habría pedido a Ortega ayuda para ubicar personas dentro de la administración y para conseguir un subcontrato relacionado con el mantenimiento de la cancha del estadio Atanasio Girardot. El 5 de febrero de ese mismo año, Cadavid habría agradecido a Ortega por su apoyo.

El abogado también hizo referencia a declaraciones entregadas por Cadavid ante la Fiscalía, en las que este habló sobre reuniones con Miguel Quintero y sobre la presencia de Sebastián Ortega en algunos de esos encuentros. Según la versión citada durante la audiencia, Ortega habría estado informado sobre los asuntos que Miguel Quintero trataba con Cadavid.

Dentro de la exposición fueron presentados además testimonios sobre el papel que supuestamente tenía Miguel Quintero dentro del Área Metropolitana. Abushihab citó una declaración de María Janeth Rúa, quien señaló que Álvaro Villada era quien reclamaba dinero relacionado con las presuntas coimas y que cuando Miguel Quintero llegaba a la entidad algunas personas decían: “Ahí llegó el dueño”.

Otra testigo, Luz Janeth Mejía, habría declarado que entre funcionarios del AMVA se afirmaba que en la entidad “se hacía lo que él dijera”, en referencia a Miguel Quintero, y que se comentaba que a este le habían entregado el manejo del Área Metropolitana para decidir cómo y con quién se contrataba.

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El abogado recordó también declaraciones según las cuales Miguel Quintero habría llevado planillas con información sobre contratación dentro del AMVA.

Durante la diligencia se mencionó igualmente un documento que Álvaro Villada habría entregado a una persona que posteriormente se convirtió en testigo. Según la exposición, la instrucción era entregar ese papel a la Fiscalía en caso de que ocurriera alguna situación contra Villada.

En ese documento aparecería un contrato por $6.900 millones que, según la argumentación presentada en audiencia, coincidiría con un contrato celebrado en 2022 con Acopy. El papel contendría porcentajes distribuidos, entre ellos un 14 % que presuntamente correspondería a Miguel Quintero y otro 5 % destinado a un recaudador.

El abogado también presentó información relacionada con mensajes enviados en grupos de conversación denominados “Amigos” y “Alternativos sin condón”. Según una testigo citada durante la audiencia, a través de esos espacios se coordinaban actuaciones relacionadas con el Área Metropolitana y Metroparques entre Miguel Quintero y otras personas.

Uno de los mensajes mencionados fue enviado el 12 de febrero de 2020 por Álvaro Villada, quien habría compartido una fotografía con documentos relacionados con montos existentes en bancos.

Para el abogado, ese mensaje sería una muestra de que Villada reportaba información financiera a Miguel Quintero pese a que este no tenía relación contractual con la entidad.

En esos mismos grupos se habría hablado de la necesidad de realizar reuniones semanales y presentar informes. También se habría hecho referencia a reuniones institucionales y otras denominadas “supra” con una persona identificada como “Mister M”, apodo que, según la exposición, era utilizado para referirse a Miguel Quintero.

Abushihab citó además una conversación en la que se planteaba la posibilidad de crear un comité paralelo para asuntos relacionados con la contratación y otra de febrero de 2021 en la que supuestamente se informaba a Miguel Quintero sobre la contratación de una funcionaria.

Otro mensaje citado durante la audiencia habría sido enviado por Villada a Miguel Quintero y decía: “Usted necesita una persona de confianza en la ambiental”.

Para el representante del AMVA, esa conversación estaba relacionada con la Subdirección Ambiental de la entidad. En otros intercambios se habría hablado de cambiar al responsable de esa dependencia, modificación que posteriormente se produjo.

El abogado también citó el interrogatorio de una testigo acogida a principio de oportunidad, quien afirmó que Daniel Quintero habría entregado el manejo del AMVA, la Empresa de Desarrollo Urbano y Metroparques a su hermano Miguel.

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Según la declaración leída en audiencia, era el propio Miguel Quintero quien supuestamente lo manifestaba.

Esa testigo relató además una reunión realizada en la oficina de Juan David Palacio, entonces director del Área Metropolitana, a la que también habría asistido Álvaro Villada.

Según su versión, Palacio les habría indicado que presentaran documentos porque Miguel Quintero había aprobado un nombramiento.

Abushihab recordó que Miguel Quintero y Juan David Palacio mantenían una relación desde 2012, cuando Palacio trabajó en el equipo del primero durante su periodo como concejal de Medellín.

También indicó que Daniel Quintero postuló posteriormente a Palacio para ocupar la Dirección del AMVA después de asumir como alcalde.

Dentro de la audiencia también se abordó la llegada de Vanesa Álvarez al Área Metropolitana. Según lo presentado, inicialmente fue contratada por prestación de servicios para labores relacionadas con cobro de cartera y posteriormente firmó un nuevo contrato, el 17 de junio de 2020, para prestar apoyo especializado a la Subdirección Administrativa y Financiera que dirigía Álvaro Villada.

El abogado sostuvo que la contratación relacionada con los Bomberos Voluntarios de Itagüí habría sido estructurada desde la Subdirección Administrativa y Financiera, aunque los contratos correspondían a recursos cuya ordenación del gasto dependía de la Subdirección Ambiental.

También recordó declaraciones que señalarían a Vanesa Álvarez como una de las personas que participaban en la estructuración de los contratos con los bomberos de Itagüí, pese a que estaba vinculada a la dependencia administrativa y financiera.

En otro momento de la audiencia, el representante de las víctimas habló sobre los desembolsos realizados dentro de esos contratos. Citó una declaración según la cual Misael Cadavid habría presionado para que se realizara con rapidez el pago del 10 % final y habría dicho que recibía presión de Álvaro Villada.

Según esa versión, Villada ejercía presión cuando no se realizaban pagos relacionados con Tenarco, Arca y los Bomberos de Itagüí.

Cadavid habría señalado que desde 2020 los pagos se realizaban a Villada y posteriormente, en 2023, a Sebastián Ortega. La misma versión, según el abogado, habría sido respaldada por Juan Cardona, tesorero de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, y por Germán Osorio, conductor de esa institución.

Abushihab afirmó además que Ortega habría participado en una reunión en la que Misael Cadavid fue vinculado al presunto entramado investigado y que habría recibido dinero en efectivo procedente de los contratos.

Según la exposición, Ortega habría recibido $400 millones, de los cuales $133 millones serían para él y el resto tendría como destino a Miguel Quintero.

La argumentación posteriormente se concentró en la existencia de un supuesto riesgo de obstrucción a la justicia.

El abogado aseguró que se habrían presentado presiones contra testigos, ofrecimientos de abogados a personas vinculadas al proceso, accesos a información del expediente y acciones destinadas a amedrentar a quienes han declarado ante las autoridades.

Una parte de la exposición estuvo centrada en Misael Cadavid, señalado por el abogado como el principal testigo dentro de la investigación.

Según Abushihab, desde el 8 de abril se habrían intensificado acciones en contra de Cadavid mediante ofrecimientos atribuidos a Sebastián Ortega y Miguel Quintero, acercamientos a familiares a través de emisarios y actuaciones realizadas por intermedio de una expareja del testigo.

También aseguró que, coincidiendo con las audiencias judiciales, se habría desarrollado una campaña contra Cadavid en la que, según su planteamiento, habrían participado Daniel Quintero y Esteban Restrepo a través de un medio de comunicación.

El abogado sostuvo que, después de la captura de Cadavid, Sebastián Ortega bloqueó a Sara, hija del testigo, pese a que anteriormente existía una relación entre ellos.

Cadavid también habría afirmado que varios abogados llegaron a la cárcel para presionarlo con el objetivo de que no entregara información. De acuerdo con otra versión presentada durante la audiencia, Sebastián Ortega le habría comunicado que tenía disponible un cupo en la cárcel de La Estrella con un costo de $400 millones, de los cuales Ortega supuestamente aportaría $200 millones y Cadavid tendría que asumir los otros $200 millones.

Según Abushihab, Cadavid pidió investigar esos hechos. También habría denunciado en agosto que un abogado contactó a su exesposa con un mensaje atribuido a personas identificadas con las iniciales SO y MQ, que el testigo interpretó como Sebastián Ortega y Miguel Quintero.

El mensaje habría hecho referencia a propiedades que Cadavid supuestamente había puesto a nombre de su exesposa y que podrían quedar sometidas a un proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con la declaración citada, le habrían informado que esas personas estaban en el Mundial y que querían reunirse con ella después de regresar. Cadavid aseguró que le dijeron que estaban preocupados porque él “estaba hablando más de la cuenta”.

El abogado afirmó además que se habría promovido una campaña para presentar a Cadavid como una persona mitómana, violenta y maltratadora, utilizando para ello declaraciones de una expareja. 

Según su intervención, Daniel Quintero y Esteban Restrepo habrían participado en esa estrategia mediante publicaciones en redes sociales.

“Lo que quieren es silenciar al señor Cadavid”, aseguró el representante del AMVA durante la diligencia.
Cadavid se encuentra en Colombia y cuenta con protección de la Unidad Nacional de Protección, según lo informado en la audiencia.

Abushihab también hizo referencia a Laura Mejía, otra persona que estaría colaborando con las autoridades mediante un principio de oportunidad desde enero. Según el abogado, ella también habría sido objeto de señalamientos a través de un medio de comunicación.

En ese caso, mencionó un editorial atribuido a Wilder Echavarría, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano durante la administración de Daniel Quintero, en el que se afirmaba que Mejía había recibido un cargo en la Contraloría de Antioquia como contraprestación por la comisión de delitos.

Otro de los elementos expuestos durante la audiencia estuvo relacionado con accesos a la plataforma de la Rama Judicial.

El abogado retomó una denuncia formulada previamente por la fiscal del caso sobre 334 búsquedas realizadas en el sistema para consultar información directamente relacionada con el expediente.

Según indicó, en uno de los accesos se habrían descargado 293 archivos vinculados con la investigación y la persona que realizó esa actividad tendría relación con la Fiscalía.

Abushihab sostuvo que esas consultas coincidieron con publicaciones de Esteban Restrepo en las que se hablaba de supuestas inconsistencias entre las primeras declaraciones de Misael Cadavid ante la Fiscalía y versiones posteriores.

El abogado no aseguró que se tratara del mismo usuario institucional, pero señaló que después se registraron otros accesos con descargas de materiales relacionados con el proceso.

Dentro de la exposición también se habló del temor manifestado por algunos testigos frente a Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

Según Abushihab, algunas personas han indicado que desconocen hasta dónde llegaría el poder de ambos y han señalado que podrían tener influencia en entidades del Estado.

Para sustentar ese planteamiento, el abogado mencionó declaraciones públicas de Daniel Quintero relacionadas con chats del proceso que, según sostuvo, todavía no habían sido divulgados públicamente cuando el exalcalde habló de ellos.

La representación del AMVA también alegó que Sebastián Ortega podría representar un peligro para la comunidad debido a una posible continuidad de actividades delictivas.

Para este punto, Abushihab citó un documento elaborado por Luis Enrique Rojas Cuéllar, quien había ejercido como presidente de Hocol, filial de Ecopetrol. Ese documento también habría sido remitido a la Fiscalía.

Según lo expuesto por el abogado, Rojas hizo referencia a la supuesta participación de Sebastián Ortega en una campaña en su contra después de que se opusiera a hechos de corrupción dentro de la petrolera.

El documento sostiene que Ortega habría contactado a una persona para que participara en un hecho destinado a provocar una imputación de la Fiscalía contra Rojas.

A cambio, supuestamente habría ofrecido contratos en Ecopetrol por US$3 millones. La propuesta no se habría concretado debido a que la persona contactada se negó a participar.

El abogado sostuvo que este hecho podría constituir otro intento de obstrucción a la justicia y afirmó que existiría un patrón similar al señalado dentro del caso relacionado con el AMVA y los Bomberos de Itagüí, consistente en que Ortega habría actuado sin aparecer formalmente al frente de las actuaciones.

El documento de Rojas también menciona correos electrónicos relacionados con supuestas reuniones entre Sebastián Ortega, Ricardo Roa, Juan Guillermo Mancera y otras personas en España e Italia entre junio y julio de 2025.

Según la información citada durante la audiencia, en esos encuentros se habría hablado de entregar US$10 millones en coimas a magistrados para favorecer contratos relacionados con gas.

El mismo documento afirma que durante esas reuniones existía preocupación por las denuncias realizadas por Rojas y que, supuestamente, se habría planteado eliminarlo.

Según esa versión, la tarea habría sido encomendada a Mancera y Ortega, quienes estarían buscando personas para cometer el homicidio.

Abushihab señaló que Ortega habría estado en Europa durante esas fechas.
Durante la diligencia también se mencionaron supuestos vínculos de Sebastián Ortega con la organización delincuencial conocida como “la Oficina”.

El abogado utilizó esta información como parte de su argumentación para solicitar la medida de aseguramiento.

Igualmente, citó declaraciones de Misael Cadavid según las cuales Ortega habría participado en un negocio relacionado con la venta del derecho a manejar y contratar en Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín en la Costa Atlántica.

Otro argumento presentado por la representación del AMVA estuvo relacionado con el riesgo de que los imputados no comparezcan ante la justicia.

Abushihab afirmó que Miguel Quintero y Sebastián Ortega tienen facilidad para viajar fuera de Colombia y señaló que ambos han realizado múltiples viajes, especialmente a Estados Unidos.

En el caso de Ortega, indicó que sale del país de manera frecuente, que ha visitado varios países y que desde 2024 habría triplicado la frecuencia de sus salidas del territorio nacional.

Al finalizar su exposición, el abogado sostuvo que incluso una eventual privación de la libertad no eliminaría completamente la posibilidad de que Miguel Quintero y Sebastián Ortega intentaran interferir en el proceso. “Eso lo podrían hacer desde la cárcel, pero mucho más si están en la calle”, manifestó.

Según su argumentación, los dos habrían mostrado capacidad para actuar por intermedio de otras personas sin necesidad de ocupar cargos dentro de las entidades involucradas.

La representación del AMVA considera que estas circunstancias podrían generar riesgos para los testigos, afectar el desarrollo del proceso y facilitar una eventual falta de comparecencia de los imputados.

La audiencia fue suspendida después de la exposición del abogado de las víctimas. El proceso deberá continuar con las intervenciones de las demás partes antes de que el juez adopte una decisión sobre las solicitudes de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

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