JEP: senadora María Clara Posada cuestiona gastos y asegura que nómina llega a $404.470 millones

La senadora María Clara Posada cuestionó los gastos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidió revisar el presupuesto destinado a esa entidad, tras presentar cifras sobre nómina, arrendamientos, defensa jurídica, contratación de operadores logísticos, eventos y compra de tiquetes nacionales e internacionales.

Posada sostuvo que el análisis de las cuentas de la JEP corresponde a las funciones de control político del Congreso y señaló que la discusión presupuestal debe darse en medio de las dificultades fiscales que atraviesa el país.

La congresista aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos contra el Acuerdo de Paz ni contra la existencia de la justicia transicional, sino contra la utilización de los recursos públicos y los resultados obtenidos.

Le recomendamos leer (JEP aclara recursos destinados a la defensa de comparecientes y honorarios de abogados)

Uno de los gastos señalados por la senadora corresponde a la defensa jurídica de antiguos integrantes de las FARC que comparecen ante la JEP. Según las cifras presentadas por Posada, el Estado habría destinado $40.365 millones a ese concepto.

“40.365 millones de pesos hemos pagado en defensa jurídica de las FARC”, afirmó la congresista al cuestionar que los honorarios de los abogados sean cubiertos con recursos públicos.

Para sustentar su cuestionamiento, Posada hizo referencia a una publicación de Forbes de 2014 que calculaba en 600 millones de dólares la fortuna de la antigua organización guerrillera.

A partir de ese dato, planteó que los contribuyentes colombianos están asumiendo el costo de la representación jurídica de sus antiguos integrantes.
“Con todo y eso, pues resulta que son los bolsillos de los contribuyentes colombianos los que les estamos pagando los abogados”, declaró.

La senadora reconoció que durante la entrevista no contaba con una cifra equivalente sobre el dinero destinado a la defensa jurídica de integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP. Señaló, sin embargo, que disponer de esa información permitiría establecer una comparación entre los recursos destinados a ambos grupos.

Otro de los rubros cuestionados corresponde al arrendamiento de la sede de la JEP, localizada en el sector de la carrera Séptima con calle 64, en Bogotá.

De acuerdo con los cálculos expuestos por Posada, desde la entrada en funcionamiento de la jurisdicción se habrían destinado $114.200 millones al pago del inmueble, lo que representaría un promedio cercano a $16.314 millones anuales.

La congresista aseguró que su equipo consultó el certificado de libertad y tradición del inmueble y encontró que en 2020 la constructora habría registrado un costo de construcción de $20.975 millones.

“Nosotros hemos pagado varias veces lo que vale la construcción en la que está la sede de la JEP y a nadie le ha llamado la atención”, sostuvo Posada.

Le puede interesar (Gobernadora del Magdalena descarta paro armado tras quema de buses en la Troncal del Caribe)

A partir de esas cifras, la senadora planteó interrogantes sobre las razones por las cuales la jurisdicción no ha considerado la adquisición de una sede propia o su traslado a un inmueble con un costo diferente. Según sus cálculos, el propietario habría recuperado en poco tiempo el valor registrado de la construcción.

“En un año recuperaron la inversión de lo que les costó la construcción y anualmente reciben un retorno del 77 % del costo de la obra. No ha habido un mejor negocio del que yo tenga conocimiento”, afirmó.

Posada precisó que la información expuesta no le permite concluir que exista una conducta delictiva relacionada con el contrato de arrendamiento. No obstante, pidió que las condiciones del negocio sean examinadas por las autoridades correspondientes.

“De ahí a uno calificarlo como un delito, pues hay un gran trecho, pero sí son conductas que merecen ser investigadas”, manifestó.

La congresista también se refirió a los recursos destinados por la JEP a operadores logísticos y desplazamientos. Según las cifras que presentó, la jurisdicción habría gastado cerca de $32.000 millones en operadores logísticos y aproximadamente $24.000 millones en tiquetes nacionales e internacionales.

Posada pidió que se entregue información sobre los destinos y propósitos de esos desplazamientos y utilizó la expresión “turismo jurisdiccional” al formular sus cuestionamientos.

Frente a la posibilidad de que los viajes correspondan a audiencias en las regiones, encuentros con víctimas u otras actividades relacionadas con las funciones de la JEP, sostuvo que corresponde a la jurisdicción presentar la información detallada.

“Si ahí no hay ningún tipo de turismo jurisdiccional, si ahí no hay ningún tipo de conducta indebida, pues lo mínimo es que presenten las cifras con toda la tranquilidad frente a los colombianos”, declaró.

La senadora no presentó un desglose de los viajes ni de los eventos financiados con esos recursos, por lo que sus afirmaciones sobre este punto se concentraron en solicitar explicaciones sobre el destino del dinero.

Uno de los principales cuestionamientos de Posada estuvo relacionado con los gastos de personal. Según el consolidado citado por la congresista, la nómina de la JEP alcanzaría los $404.470 millones.

La senadora comparó esa cifra con los $52.000 millones que, según los datos que presentó, corresponderían a la nómina del Ministerio de Justicia.

“La JEP vale ocho veces lo que vale el Ministerio de Justicia y está dando muchísimo menos resultados”, aseguró.
Posada agregó que cada magistrado de la jurisdicción recibiría entre $47 millones y $52 millones y señaló que la JEP cuenta con 51 magistrados. Durante la entrevista no informó cuál sería el número total de empleados vinculados a la entidad.

La senadora también relacionó los recursos invertidos en la jurisdicción con el número de decisiones judiciales que, según las cifras expuestas por ella, se han producido hasta el momento.

Posada afirmó que la JEP ha emitido 21 sentencias derivadas de ocho macrocasos y registra 333 imputaciones.
De acuerdo con sus cálculos, la inversión acumulada en la jurisdicción se encontraría actualmente alrededor de los $3,8 billones y podría alcanzar los $4,5 billones con los recursos adicionales solicitados. Con base en esas cifras, sostuvo que cada sentencia habría representado un costo aproximado de $180.000 millones.

“Cuando usted se pone a ver que solo ha habido 21 sentencias de ocho macrocasos, de lo que podría ascender este año a una inversión de 4,5 billones de pesos, la matemática no miente: cada sentencia le está costando al país 180.000 millones de pesos”, afirmó.

La congresista cuestionó además las sanciones impuestas dentro de los procesos adelantados por la justicia transicional y aseguró que, a su juicio, los resultados no corresponden a las expectativas de las víctimas.

“La JEP lo único que le ha entregado a los colombianos es 21 sentencias derivadas de ocho macrocasos, de 333 imputaciones, y unas penas simbólicas que, en lugar de reparar a las víctimas, las dejan con una sensación de impunidad”, manifestó.

Posada también rechazó la posición que atribuyó al presidente de la JEP frente a los cuestionamientos formulados desde el Congreso sobre el presupuesto de la jurisdicción. La senadora sostuvo que cualquier institución que administre recursos del Estado está obligada a explicar el destino del dinero recibido.

“Hasta donde sé, la JEP no es un monarca. En este país vivimos en un Estado de derecho y todas las entidades del poder público están sujetas al derecho. Y estar sujeto al derecho se traduce también en tener que rendir cuentas y resultados”, declaró.

Según la congresista, la controversia comenzó durante una discusión en la Comisión Primera del Senado, cuando fueron presentadas las necesidades presupuestales de la JEP. Posada aseguró que varios legisladores consideraron necesario reducir la cifra solicitada debido a las condiciones fiscales del país.

“Esto es una cifra escandalosa, es una cifra que se tiene que acotar, toda vez que la situación fiscal del país es bastante desafiante”, recordó sobre la discusión presupuestal.

La senadora insistió en que la revisión de esos recursos corresponde a las competencias del Congreso y aseguró que el debate terminó siendo interpretado por la JEP como un cuestionamiento contra la propia jurisdicción.

“Lo que nació como un ejercicio normal de control político, en funciones legítimas del Senado, termina en este enorme escándalo, porque la JEP entiende que esto es un ataque personal contra ellos”, señaló.

Posada también cuestionó el llamado que, según afirmó, habría realizado el presidente de la JEP a la Corte Penal Internacional en medio de la discusión relacionada con los recursos de la jurisdicción.

Otras noticias