Ley de sometimiento: Gobierno anuncia rebajas de penas de hasta 50% y descarta estatus político

El Gobierno Nacional dio a conocer los principales lineamientos de la ley de sometimiento que prepara para integrantes de estructuras criminales, una iniciativa que contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones relacionadas con verdad, justicia, reparación, desmovilización, desarme y entrega de información.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que el proyecto no otorgará reconocimiento ni estatus político a las organizaciones o personas que decidan acogerse al mecanismo. Según explicó, el procedimiento tendrá carácter jurídico y no constituirá una negociación política entre el Gobierno y las estructuras criminales.

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“Cero estatus político, no hay espacio para negociaciones. Por eso, la persona que va a interlocutar con el Gobierno debe ser con abogado. El mensaje es ese. Es un tema jurídico, no político”, afirmó Cancino.

El ministro indicó que las personas interesadas en acogerse a la ley deberán realizar aportes relacionados con verdad, justicia y reparación, además de avanzar en su desmovilización y desarme. También tendrán que entregar información sobre cultivos ilícitos y aportar datos relacionados con personas desaparecidas y secuestradas.

Entre las condiciones previstas también está el suministro de información sobre hechos de corrupción asociados con las actividades de las estructuras criminales y sobre sus eventuales vínculos con dirigentes políticos.

“Si no hay aporte a la corrupción que haya generado o a vínculos con políticos, pues también tendrá difícil someterse a la ley u obtener los propios beneficios”, manifestó el ministro de Justicia.

El proyecto establece diferencias en las rebajas de las penas de acuerdo con la posición que cada persona ocupe dentro de la organización. Quienes ejerzan funciones de mando podrían obtener una reducción de hasta el 30 %, mientras que los demás integrantes podrían acceder a una disminución de hasta el 50 %.

El porcentaje de la rebaja dependerá de los aportes realizados y del cumplimiento de las condiciones establecidas para el sometimiento. De esta manera, los beneficios no operarían de forma automática por el solo hecho de acogerse al mecanismo.

Cancino precisó, además, que la iniciativa no contempla suspender las órdenes de captura vigentes contra integrantes de las estructuras criminales que puedan estar interesados en someterse. Tampoco se suspenderán los procedimientos de extradición.

“Siguen, no hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni extradiciones”, sostuvo el ministro.

Otro de los aspectos expuestos por Cancino está relacionado con las personas que ya se encuentran privadas de la libertad. De acuerdo con el ministro, quienes estén capturados no ingresarían al mecanismo de sometimiento planteado por el Gobierno.

En paralelo, continuarán los traslados de internos a establecimientos penitenciarios con mayores niveles de control. Esta medida seguirá siendo utilizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dentro de las acciones destinadas a enfrentar delitos que son coordinados desde los centros de reclusión, entre ellos la extorsión.

El ministro señaló también que el proyecto no contempla la creación de cárceles especiales para quienes se sometan a la justicia.

Las condiciones penitenciarias, por tanto, no incluirán establecimientos creados específicamente para los integrantes de las organizaciones que accedan a los beneficios previstos.

Las víctimas, según explicó Cancino, tendrán participación en las decisiones relacionadas con la concesión de los beneficios. Su intervención hará parte del procedimiento previsto para determinar el cumplimiento de las obligaciones exigidas a quienes busquen acceder a las reducciones de pena.

La propuesta presentada por el Gobierno establece así que el sometimiento estará condicionado a la entrega de información, el desarme, la desmovilización y los aportes en materia de verdad, justicia y reparación, además de información sobre desaparecidos, secuestrados, cultivos ilícitos, corrupción y posibles vínculos políticos.

Con estos requisitos, las personas con mando dentro de las estructuras podrán aspirar a reducciones de pena de hasta el 30 %, mientras que los demás integrantes podrán obtener rebajas de hasta el 50 %, sin que ello implique estatus político, suspensión de órdenes de captura, freno a extradiciones o creación de cárceles especiales.

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