Presidente Abelardo de la Espriella ordena militarizar Santa Marta ante amenazas de grupos armados

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes 22 de septiembre la militarización de Santa Marta y el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en Magdalena y La Guajira, después de una serie de amenazas, intimidaciones, bloqueos e incendios de vehículos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca.

La decisión presidencial se produjo en medio de una alteración del orden público que se extendió desde sectores urbanos de Santa Marta hasta la Troncal del Caribe y otros corredores que comunican al Magdalena con La Guajira. Durante la jornada fueron reportados ataques contra vehículos de transporte público y de carga, amenazas contra comerciantes y transportadores y presiones para suspender actividades comerciales.

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“He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”, anunció De la Espriella al confirmar las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública.

El mandatario señaló que la operación tiene como propósito reforzar el control territorial, garantizar la movilidad y responder a las acciones de las estructuras criminales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia. También anunció que se trasladaría a la capital del Magdalena para encabezar las acciones del Gobierno y acompañar el despliegue de las autoridades.

La orden comenzó a ejecutarse con el incremento de la presencia de unidades militares en Santa Marta. Tropas de la Segunda Brigada del Ejército fueron desplegadas en puntos urbanos y rurales, mientras vehículos blindados comenzaron a operar en sectores de la Troncal del Caribe. El dispositivo se desarrolla en coordinación con la Policía Nacional y comprende controles sobre corredores viales considerados estratégicos para la movilidad entre Santa Marta, Ciénaga y La Guajira.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, confirmó que el despliegue fue reforzado por instrucción presidencial y que la operación comprende Magdalena y La Guajira. La misión, según el oficial, se adelanta en coordinación con la Policía para proteger a la población y recuperar las zonas afectadas por las intimidaciones.

El Ejército informó, a su vez, que la Segunda Brigada mantiene un dispositivo de seguridad en Santa Marta y su zona rural ante lo que las autoridades denominaron amenazas asociadas a un “constreñimiento armado ilegal”. La operación incluye presencia de tropas en vías principales y labores de vigilancia dirigidas a mantener abiertos los corredores de movilidad.

La escalada de seguridad ocurrió después de la operación desarrollada en Quebrada del Sol, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. De acuerdo con el reporte oficial, siete integrantes de esa organización murieron, otros tres fueron capturados y las autoridades incautaron diez fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 milímetros y material de guerra.

Entre los muertos se encontraba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, identificado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero de las ACSN. El Gobierno señaló que llevaba más de 15 años vinculado a actividades criminales y que participaba en la articulación de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según el Gobierno, la muerte de alias Cholo afectó la estructura de mando y las finanzas de las ACSN, organización contra la cual las autoridades han desarrollado varias operaciones durante las últimas semanas.

Después de ese procedimiento comenzaron las acciones de intimidación en Santa Marta y sectores de la Troncal del Caribe. Inicialmente fueron incendiadas dos busetas de servicio público en el sector de Once de Noviembre. Hombres armados habrían obligado a conductores y pasajeros a abandonar los vehículos antes de prenderles fuego.

Durante este martes se conocieron nuevos ataques. Un taxi fue incendiado en la calle 30 de Santa Marta después de que hombres armados obligaran a su conductor a descender. También fue quemada una tractomula de la empresa Servientrega y otro vehículo de carga fue atacado en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el sector de Mamatoco.

Paralelamente, se conocieron reportes sobre hombres armados y encapuchados que se movilizaban en motocicletas y ordenaban cerrar establecimientos comerciales y retirar vehículos de transporte público de circulación. Las intimidaciones fueron reportadas, entre otros puntos, en sectores como Cristo Rey y La Paz.

Parte del comercio cerró sus puertas ante las amenazas, mientras las autoridades reforzaron los patrullajes y adoptaron medidas para garantizar la circulación por las vías de acceso a la ciudad.

Las acciones fueron asociadas por las autoridades con la reacción de las ACSN tras la operación contra alias Cholo. La estructura habría intentado imponer restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales mediante amenazas que fueron presentadas como un supuesto paro armado.

Sin embargo, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, aseguró que las autoridades no reconocían la existencia de un paro armado en el departamento. La mandataria sostuvo que la Fuerza Pública estaba desplegada para mantener habilitados los corredores viales y evitar que las intimidaciones derivaran en un control efectivo de la movilidad por parte de la organización.

Ante la situación fue instalado un Puesto de Mando Unificado para coordinar las decisiones entre la Gobernación del Magdalena, las autoridades distritales, la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad. Uno de los puntos centrales fue la Troncal del Caribe, corredor que conecta a Santa Marta con diferentes municipios del Magdalena y continúa hacia La Guajira.

La Gobernación también solicitó al Gobierno nacional aumentar el pie de fuerza destinado a enfrentar a los Grupos Armados Organizados que operan en el departamento y pidió priorizar al municipio de Ciénaga dentro de las medidas de seguridad.

En Santa Marta fueron adoptadas medidas adicionales para limitar la capacidad de movilización de quienes participan en las intimidaciones. Entre las decisiones reportadas se encuentra la restricción temporal de parrilleros en motocicleta, mientras las autoridades incrementaron la vigilancia sobre zonas comerciales, accesos a la ciudad y sectores afectados por los ataques.

La orden presidencial amplió el alcance de la respuesta. Además de la Policía Metropolitana de Santa Marta, entraron a operar unidades del Ejército bajo jurisdicción de la Segunda Brigada, mientras las Fuerzas Militares reforzaron su presencia en Magdalena y La Guajira.

La Segunda Brigada tiene responsabilidad operacional en una región donde las autoridades han desarrollado acciones contra las ACSN relacionadas con homicidios, extorsión, narcotráfico, control territorial y otras economías ilegales. Operaciones anteriores han permitido capturar a presuntos integrantes de la estructura e intervenir redes asociadas al tráfico de drogas.

Las investigaciones oficiales también han documentado conexiones de organizaciones dedicadas al narcotráfico con las ACSN.

En julio de 2026, por ejemplo, la Policía informó sobre la desarticulación de una red vinculada al envío internacional de cocaína mediante aeronaves privadas desde Santa Marta. Según las autoridades, esa organización mantenía vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para obtener apoyo logístico y seguridad en el movimiento de cargamentos.

En ese contexto, el Gobierno considera que el control de los corredores de Santa Marta y la Sierra Nevada tiene una dimensión que supera la seguridad urbana y comprende la lucha contra estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

De la Espriella afirmó que las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública consisten en “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

“Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”, manifestó el presidente al anunciar la militarización.

El jefe de Estado también dirigió un mensaje contra los mandos de las ACSN después de la muerte de alias Cholo y recordó las operaciones recientes contra otros integrantes de la estructura, entre ellos alias Bendito Menor. Las autoridades mantienen entre sus objetivos a alias Pinocho, señalado como uno de los principales integrantes de la organización.

El Gobierno anunció que la presencia militar permanecerá reforzada mientras continúe la amenaza contra comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta y los municipios ubicados en el área de influencia de la Sierra Nevada.

Las autoridades concentraron parte del dispositivo en la Troncal del Caribe debido a su importancia para la movilidad entre Magdalena y La Guajira. La vía había registrado bloqueos y ataques contra vehículos, por lo que unidades militares y policiales fueron destinadas a recuperar y conservar el tránsito.

La Gobernación informó que los puntos afectados comenzaron a ser habilitados, aunque se mantuvo la vigilancia ante la posibilidad de nuevos ataques. En Santa Marta continuaron los patrullajes de la Policía y el despliegue de soldados en diferentes sectores.

El Gobierno nacional, la Gobernación del Magdalena y las autoridades locales acordaron mantener la coordinación mediante los consejos de seguridad y el Puesto de Mando Unificado. Para el viernes 25 de septiembre está previsto un nuevo Consejo de Seguridad en Santa Marta, encabezado por el presidente De la Espriella y la gobernadora Margarita Guerra, en el que se evaluará la evolución del orden público y las solicitudes para incrementar el pie de fuerza y las capacidades operativas en el departamento.

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