Gobierno de México rechaza recomendaciones de la OEA sobre elecciones judiciales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su inconformidad con el contenido del informe preliminar presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación con el reciente proceso de elección de integrantes del Poder Judicial en el país.

En declaraciones ofrecidas durante una visita oficial al estado de Morelos, Sheinbaum señaló que no corresponde a dicha organización emitir recomendaciones sobre la manera en que los Estados determinan la composición y elección de sus órganos judiciales.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que, según su criterio, la misión de observación excedió sus competencias al emitir apreciaciones y sugerencias que, a juicio del Gobierno mexicano, implican una forma de intervención en asuntos internos.

“No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial”, expresó la mandataria en su pronunciamiento ante medios de comunicación.

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Esta posición fue reforzada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que a través de la Misión Permanente de México ante la OEA expresó su “firme rechazo” al contenido del informe emitido por el organismo regional. Mediante una nota diplomática dirigida al secretario general interino de la OEA, Albert Ramdin, el Gobierno de México argumentó que la MOE incumplió los límites de su encargo y vulneró principios fundamentales consagrados en la Carta de la Organización.

De acuerdo con el texto remitido por la Cancillería mexicana, la OEA transgredió en particular lo establecido en el artículo 3, inciso e, de dicho instrumento, el cual consagra el derecho soberano de los Estados a elegir su sistema político, económico y social sin injerencias externas.

La misiva enfatiza que ninguna instancia internacional está autorizada a imponer modelos ajenos o a establecer juicios de valor sobre la manera en que un país organiza sus instituciones.

El pronunciamiento diplomático tuvo lugar tras la difusión del informe preliminar elaborado por la MOE, en el que se desaconseja replicar el modelo mexicano de elección por voto popular de jueces y magistrados en otros países del continente.

El documento, presentado el viernes 6 de junio, señala que la experiencia mexicana en esta materia resultó limitada en términos de participación ciudadana —con apenas el 13 % del electorado involucrado—, y advierte sobre posibles consecuencias negativas para la imparcialidad, independencia y eficacia del sistema judicial.

Entre las observaciones formuladas por la misión, también se encuentra la falta de exámenes estandarizados para evaluar la idoneidad de los aspirantes, así como la preocupación por el alto porcentaje de votos nulos o no marcados, que alcanzó un 10,80 % del total. En opinión del organismo, estos aspectos estarían relacionados con el reducido margen de tiempo en que se desarrolló el proceso electoral.

Asimismo, el informe preliminar de la OEA plantea una advertencia con miras a los comicios judiciales programados para 2027, los cuales podrían coincidir con elecciones generales, lo que, en su visión, incrementaría los riesgos de interferencia partidista en la administración de justicia.

En respuesta, el Gobierno mexicano insistió en que todo el procedimiento electoral llevado a cabo el 1 de junio de 2025 se desarrolló dentro del marco constitucional y conforme a las leyes electorales vigentes.

Según lo expresado por la Cancillería, la observación internacional debe limitarse al seguimiento técnico del desarrollo de las elecciones, sin emitir recomendaciones o conclusiones que sobrepasen el objeto de su mandato.

Las elecciones judiciales realizadas el 1 de junio marcaron el inicio de la aplicación de una reforma constitucional impulsada por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mediante la cual se estableció la elección directa por voto popular de más de 880 cargos judiciales federales.

Entre los cargos disputados se incluyó la designación de nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este nuevo mecanismo de selección fue defendido por el Gobierno mexicano como un ejercicio de democratización del sistema judicial. No obstante, diversas voces, tanto nacionales como internacionales, han expresado inquietudes sobre su posible impacto en la independencia del Poder Judicial.

Las reacciones surgidas tras la publicación del informe de la OEA reflejan un escenario de tensiones entre el Ejecutivo mexicano y organismos multilaterales respecto a los límites de la observación electoral y la autodeterminación de los Estados.

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