Desplazamiento forzado y crisis de seguridad en Anorí y Amalfi, Antioquia

Un total de 18 familias, compuestas por 29 personas, entre las cuales se encuentran 11 menores de edad, han llegado en condición de desplazamiento al municipio de Anorí, luego de huir de los enfrentamientos armados registrados en el vecino municipio de Amalfi.

Según las autoridades locales, los combates entre estructuras ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han generado una nueva oleada de desplazamiento forzado en esta zona del Nordeste antioqueño.

De acuerdo con el reporte emitido por la Gobernación de Antioquia, los enfrentamientos han tenido epicentro en la vereda Los Toros, donde se han detectado prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.

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Entre ellas se encuentran la instalación de artefactos explosivos de uso antipersonal y la ocupación no autorizada de una infraestructura educativa por parte de integrantes del Clan del Golfo.

Estos hechos han ocasionado también el confinamiento de cerca de 50 personas, que permanecen sin posibilidad de movilidad por el riesgo de explosivos y enfrentamientos.

Los desplazados que lograron llegar a Anorí han sido acogidos provisionalmente mediante un esquema de autoalbergue y han recibido atención básica por parte de la administración municipal, que ha entregado kits de higiene personal y alimentación. No obstante, las condiciones de seguridad en este territorio también son motivo de preocupación.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva, manifestó que su municipio no cuenta con garantías suficientes para afrontar la actual coyuntura de orden público.

En declaraciones recientes, señaló que la presencia de grupos armados ilegales en el área supera ampliamente las capacidades de respuesta de la fuerza pública desplegada.

“Los desplazamientos están incrementándose nuevamente en Anorí. La situación también es crítica acá. Las condiciones de seguridad deben ser responsabilidad del Ejército, pero las unidades militares disponibles son insuficientes para controlar el accionar de los grupos criminales”, afirmó el mandatario local.

Durante la última semana, este municipio ha sido escenario de dos incidentes graves de violencia. En uno de ellos, dos adolescentes de 15 y 17 años perdieron la vida tras entrar en contacto con un campo minado.

En otro, un integrante de la guardia indígena del resguardo Río Alto San Juan de San Pedro de Urabá fue asesinado, luego de haber sido retenido por un grupo armado junto a otros cuatro compañeros.

Pese a que la Brigada 14 del Ejército Nacional ha señalado que mantiene presencia en la zona con el objetivo de estabilizar la situación, el alcalde reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se refuercen las medidas de protección a las comunidades.

Según las autoridades locales, el control territorial de los actores armados ilegales se ha extendido, y la disputa entre estas estructuras está generando afectaciones directas a la población civil, incluyendo homicidios, confinamientos, instalación de minas antipersonal y desplazamiento forzado.

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