Caso Laura Sarabia: principio de oportunidad a capitán de la Policía que ‘chuzó’ a niñera Marelbys Mesa

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad concedido al capitán de la Policía Nacional Óscar Leandro Mojica Cordón, quien aceptó su responsabilidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones dentro de la investigación por las interceptaciones ilegales que salieron a la luz tras el caso relacionado con Marelbys Meza Buelvas, exempleada de la entonces jefe de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia.

La decisión judicial representa un nuevo avance en uno de los procesos más relevantes sobre el presunto uso irregular de herramientas de inteligencia e investigación judicial para obtener órdenes de interceptación telefónica mediante información que, según la Fiscalía, habría sido adulterada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el principio de oportunidad suspende parcialmente durante 12 meses la acción penal por el delito de violación ilícita de comunicaciones.

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A cambio, el oficial asumió el compromiso de colaborar con la administración de justicia y rendir testimonio como testigo de cargo en otros procesos penales relacionados con estos hechos, particularmente aquellos en los que la víctima fue Marelbys Meza.

La Fiscalía explicó que para la época de los hechos Mojica Cordón se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá.

Según la investigación, presuntamente participó en la elaboración y utilización de informes y de un formato de entrevista a una fuente no formal que habrían servido como soporte para solicitar de manera ilegal órdenes de interceptación de comunicaciones.

El ente investigador sostuvo que en esos documentos se consignó información falsa al afirmar que las personas objeto de las interceptaciones pertenecían a una organización dedicada al hurto de residencias en Bogotá.

Esa supuesta estructura criminal fue utilizada como fundamento para obtener las autorizaciones judiciales que permitieron intervenir comunicaciones que posteriormente fueron cuestionadas por las autoridades.

El caso tuvo origen en la investigación por el hurto de una suma de dinero en dólares ocurrido en enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia, quien para entonces ejercía como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.

Durante las diligencias adelantadas por ese hecho, las autoridades comenzaron a detectar inconsistencias en los procedimientos investigativos, lo que dio paso a una investigación independiente sobre posibles interceptaciones ilegales y otras irregularidades documentales.

El episodio adquirió una amplia relevancia nacional debido a que Marelbys Meza, quien trabajaba como empleada doméstica para Sarabia, denunció haber sido sometida a presiones y a actuaciones irregulares en el marco de la investigación por el supuesto hurto.

Posteriormente se conoció que su línea telefónica y la de otras personas habrían sido interceptadas utilizando soportes que ahora son objeto de investigación penal.

Aunque el principio de oportunidad implica la suspensión parcial de la persecución penal respecto de uno de los delitos aceptados por el oficial, la Fiscalía aclaró que el proceso judicial en su contra continúa por otros cargos.

Entre ellos figuran fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, conductas que seguirán su trámite ante la justicia.

En el sistema penal colombiano, el principio de oportunidad permite a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar de manera parcial a la acción penal cuando el imputado ofrece una colaboración eficaz para esclarecer hechos de mayor relevancia, identificar a otros responsables o fortalecer investigaciones complejas.

Sin embargo, esta figura requiere el control y la aprobación de un juez de garantías, quien verifica que se cumplan los requisitos legales y que el acuerdo contribuya efectivamente a los fines de la administración de justicia.

Con este aval judicial, la Fiscalía busca fortalecer los procesos relacionados con las interceptaciones ilegales y obtener nuevos elementos probatorios mediante la colaboración del capitán Mojica Cordón.

El testimonio del oficial podría convertirse en una pieza relevante para establecer la responsabilidad de otros presuntos involucrados en la elaboración de documentos que, según la investigación, sirvieron para obtener de manera irregular autorizaciones judiciales para interceptar comunicaciones.

El caso continúa siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y las responsabilidades penales de las demás personas vinculadas deberán ser definidas por las autoridades judiciales competentes, respetando en todos los casos el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que exista una decisión en firme.

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