Procuraduría alerta sobre riesgo de desabastecimiento de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación ante el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la suscripción de un convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para el suministro de pasaportes. El ente de control advirtió posibles riesgos en la continuidad del servicio y falta de transparencia en el proceso de contratación.

Según el pronunciamiento del Ministerio Público, no se conocen los estudios técnicos previos ni los documentos precontractuales que sustentan dicho convenio, como lo exige la ley de contratación estatal. Por el contrario, se evidencian estudios elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con un aliado público internacional, aunque el convenio señala que la ejecución estará a cargo de la Imprenta Nacional.

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Adicionalmente, la Procuraduría advierte que quedan menos de 290.000 libretas por entregar bajo el contrato actual, el cual finaliza el 31 de agosto de 2025. Esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, ya que no está claro quién asumirá el suministro de pasaportes a partir del 1 de septiembre.

También se plantean dudas sobre la posible participación del actual contratista en una eventual figura de urgencia manifiesta, ya que no se sabe si ha sido notificado o consultado al respecto. 

A esto se suma la incertidumbre sobre las razones por las cuales el convenio fue firmado por la secretaria general encargada y no por la ministra de Relaciones Exteriores.

La Procuraduría recordó que sobre la Imprenta Nacional ya existen investigaciones en curso por presuntas irregularidades en la contratación de cédulas de extranjería, en un proceso que también involucró a un tercero internacional amparado por su régimen contractual especial.

Finalmente, el organismo de control reiteró que mantendrá la vigilancia sobre este proceso y tomará las acciones necesarias para garantizar la prestación del servicio de expedición de pasaportes, el manejo responsable de los recursos públicos y la transparencia en la contratación estatal.

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