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Rama Judicial alerta por recorte de $695.000 millones en su presupuesto para 2026
El Consejo Superior de la Judicatura y las altas cortes advierten que la reducción compromete la creación de nuevos juzgados y el fortalecimiento de la justicia en todo el país.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su profunda preocupación al Gobierno Nacional, en especial al ministerio de Hacienda, por la reducción del presupuesto asignado para el año 2026. De acuerdo con el organismo, recientemente se aplicó un recorte de $695.000 millones, que se suma a una disminución anterior de $4,4 billones frente a la solicitud inicial de $16 billones.
El presidente de la Comisión y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, advirtió que este ajuste “es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.
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Asimismo, explicó que se ha iniciado un diálogo firme, respetuoso y cordial con el Gobierno, con el propósito de crear mesas técnicas de trabajo que permitan revisar el presupuesto y buscar alternativas que garanticen más recursos para la administración de justicia.
La Comisión Interinstitucional, integrada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y un representante de los funcionarios y empleados judiciales, expuso ante el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano, las implicaciones del recorte presupuestal.
Entre los principales efectos señalados, la Rama Judicial advirtió que la disminución afectaría servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, seguros, mantenimiento, servicios públicos y compra de equipos y mobiliario. Además, habría retrasos en el pago de sentencias y dificultades para implementar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la Jurisdicción Agraria y Rural, dos reformas clave para el sistema judicial.
Finalmente, el organismo alertó que la reducción también impactará a entidades fundamentales como la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, comprometiendo la eficiencia y capacidad operativa de toda la justicia colombiana.
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