Gremios del sector energético advierten riesgos de liquidar Air-e sin una solución estructural para la región Caribe

Los principales gremios del sector energético colombiano expresaron su preocupación frente al anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre una eventual liquidación de Air-e, empresa que actualmente se encuentra bajo toma de posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Las organizaciones advirtieron que cualquier decisión sobre el futuro de la compañía debe garantizar primero la continuidad del servicio y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

A través de un comunicado conjunto, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP señalaron que la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural son asuntos estratégicos para el país, por lo que una decisión apresurada y sin fundamentos técnicos podría generar riesgos significativos.

Los gremios destacaron que Air-e atiende aproximadamente el 11,3% de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a los $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico. De ese monto, alrededor de $1,7 billones corresponden a generadores térmicos, varios de los cuales actualmente importan cerca del 30% del gas natural que requiere Colombia.

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Según el comunicado, la falta de una solución estructural que garantice la continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural, así como el cumplimiento de las obligaciones financieras de Air-e, afecta la cadena de pagos del sector, compromete la liquidez de múltiples agentes y aumenta los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Los gremios también advirtieron que la situación cobra mayor relevancia ante la llegada y prolongación del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Indicaron que este escenario exige condiciones adecuadas de solvencia financiera y capacidad operativa para asegurar el abastecimiento de energía y gas natural en todo el país.

En ese sentido, recalcaron que cualquier decisión sobre el futuro de Air-e debe contribuir a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema energético, y no a debilitarlo.

Las organizaciones recordaron además que la liquidación de la empresa debe ajustarse a los procedimientos y condiciones establecidos por la ley. Explicaron que la actual toma de posesión contempla una etapa de administración temporal orientada a estructurar una solución empresarial que garantice la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones existentes.

Por ello, consideraron necesario agotar previamente los mecanismos de solución empresarial previstos en el ordenamiento jurídico antes de proceder con una eventual liquidación. A su juicio, es indispensable definir un esquema que asegure tanto la continuidad del servicio como el manejo de los pasivos acumulados, ya que una decisión diferente podría desnaturalizar los objetivos de la intervención estatal y generar riesgos adicionales para el sistema eléctrico nacional.

Los gremios también solicitaron mayor claridad sobre los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que respaldarían una eventual decisión relacionada con el futuro de Air-e. Asimismo, pidieron que los distintos actores del sector conozcan los análisis realizados sobre los posibles impactos para los usuarios, la prestación del servicio y el funcionamiento de la cadena energética.

Según señalaron, una decisión de esta magnitud requiere una comprensión amplia de los retos identificados, los criterios evaluados y las alternativas consideradas durante el proceso de intervención, con el fin de generar confianza y previsibilidad entre todos los involucrados.

De igual forma, manifestaron que, pese a las propuestas presentadas por los gremios firmantes, hasta el momento no se ha dado a conocer una solución empresarial para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Tampoco se han anunciado mecanismos de financiamiento para el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que permitan asegurar la operación de la compañía intervenida y el pago de sus deudas.

Ante este panorama, hicieron un llamado a los organismos de control para que, dentro de sus competencias constitucionales y legales, adelanten acciones preventivas y de seguimiento que permitan verificar que cualquier decisión preserve la continuidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para los usuarios.

Finalmente, los gremios reiteraron su disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los demás agentes del sector, con el propósito de construir una solución estructural, ordenada y sostenible para la prestación del servicio de energía en la región Caribe, que proteja a los usuarios y preserve la estabilidad e institucionalidad del sistema eléctrico nacional.

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