Piden estructurar una nueva concesión vial para el primer tramo de la vía Bogotá–Villavicencio

La Contraloría General de la República hizo un llamado al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se estructure, con urgencia, una nueva concesión vial que garantice la adecuación, operación y mantenimiento del primer tramo de la vía Bogotá–Villavicencio, entre Usme y Cáqueza.

Durante una visita de seguimiento al derrumbe ocurrido en el kilómetro 18 —que mantiene interrumpido el flujo vehicular en el corredor—, el organismo advirtió que la situación pone en riesgo la conectividad entre Bogotá, Villavicencio y Yopal. Además, insistió en la necesidad de gestionar recursos adicionales para atender la emergencia y evitar nuevos cierres.

“El reciente y voluminoso derrumbe del kilómetro 18 impide el paso normal de vehículos y agrava la crisis de movilidad entre el centro y el oriente del país”, señaló la Contraloría en un comunicado.

El órgano de control recordó que, gracias a los contratos de concesión vigentes con COVIANDES y COVIANDINA, los tramos entre Cáqueza y Villavicencio ya cuentan con una doble calzada de 52 kilómetros y especificaciones técnicas de alto nivel. Sin embargo, en el primer tercio —de 34 kilómetros entre Usme y Cáqueza—, el concesionario solo tiene obligaciones de operación y mantenimiento, sin compromisos de adecuación estructural.

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Según la Contraloría, esta diferencia ha generado que en ese tramo se concentren los principales puntos críticos, incluyendo el derrumbe del kilómetro 18, que ha afectado más de 200.000 metros cúbicos de terreno.

El organismo también alertó que los $9.134 millones actualmente asignados para las obras de remoción, contención y estabilización del talud serán insuficientes. Por ello, invitó al Ministerio de Transporte y a la ANI a definir nuevas fuentes de financiación que permitan avanzar en una solución definitiva.

Finalmente, la Contraloría subrayó la importancia estratégica del corredor Bogotá–Villavicencio–Yopal, clave para el desarrollo agroindustrial de los Llanos Orientales y la Orinoquía. Recordó que los cierres frecuentes de esta vía han generado pérdidas estimadas en más de $1,5 billones para los departamentos del Meta y Casanare desde 2018.

“La estructuración de una nueva concesión vial para el primer tramo no solo permitirá estabilizar la vía, sino también asegurar la conectividad y el aprovechamiento de las inversiones ya realizadas”, concluyó el ente de control.

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