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Fiscalía interroga a Ricardo Roa por compra de penthouse a empresa de Serafino Iácono
Compra de apartamento de Ricardo Roa reabre debate sobre vínculos con contratistas de Ecopetrol.
La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en calidad de indiciado dentro de una investigación que indaga posibles irregularidades en la adquisición de un bien inmueble ubicado en el norte de Bogotá.
La diligencia fue programada por la Dirección Especializada Contra la Corrupción y se desarrollará antes de que finalice el presente año.
El eje central de la investigación gira en torno a la compra de un apartamento tipo penthouse por parte del alto funcionario, operación que se concretó con una empresa relacionada con el empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono.
El proceso judicial busca determinar si la transacción inmobiliaria se efectuó de acuerdo con las disposiciones legales o si existió algún tipo de acuerdo colateral que pudiera comprometer decisiones futuras al interior de Ecopetrol, particularmente en materia de asignación contractual.
La operación comercial bajo escrutinio fue realizada en diciembre de 2022, cuatro meses antes de que el presidente Gustavo Petro designara a Roa como presidente de la empresa estatal.
La hipótesis que evalúan los investigadores es si existió una intención deliberada de influenciar futuras decisiones en Ecopetrol, favoreciendo intereses privados mediante una negociación inmobiliaria aparentemente favorable para el comprador.
De acuerdo con el expediente preliminar, Roa adquirió el apartamento identificado con el número 901, situado en un edificio contiguo al Museo del Chicó, por un valor de 1.800 millones de pesos.
Las investigaciones periodísticas han señalado que el inmueble tendría un valor de mercado superior, dadas sus características físicas y la localización estratégica en una de las zonas con mayor valorización del norte de la capital.
El bien habría sido vendido por una sociedad comercial controlada por Iácono, reconocido por su participación en el sector energético, incluyendo inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en Colombia.
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La línea de tiempo construida por los fiscales asignados al caso también contempla un hecho posterior que reviste especial interés: en marzo de 2024, es decir, casi un año después del nombramiento de Roa, una compañía con vínculos comerciales con Iácono recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9, un activo petrolero de importancia ubicado en la región Caribe.
Este hecho, en conjunción con la compraventa del inmueble y el ascenso de Roa a la presidencia de la petrolera, ha llevado a la Fiscalía a abrir una línea investigativa sobre posibles intercambios de favores o anticipación de beneficios empresariales.
La pesquisa se inscribe en un contexto más amplio que examina la gestión contractual de Ecopetrol durante los últimos meses y que ha incluido la revisión de adjudicaciones, acuerdos estratégicos y adquisiciones realizadas por sus directivos.
Las autoridades buscan establecer si la adquisición del bien inmueble por parte de Roa representó un acto aislado o si forma parte de una posible estrategia de captación de decisiones corporativas a través de beneficios económicos indirectos.
Aunque hasta el momento no se ha formulado imputación de cargos, la citación a interrogatorio implica que el presidente de Ecopetrol deberá entregar su versión de los hechos bajo el marco normativo del Código de Procedimiento Penal.
Esta diligencia constituye uno de los primeros pasos formales en el avance de la investigación penal. La Fiscalía no ha descartado la posibilidad de realizar nuevas entrevistas, solicitar información financiera adicional o examinar otros vínculos entre contratistas de Ecopetrol y funcionarios de alto nivel.
Por su parte, ni Ecopetrol ni Ricardo Roa se han pronunciado públicamente sobre la citación. La compañía estatal se encuentra en un proceso de evaluación interna de sus procedimientos de cumplimiento, conforme a lo establecido por los organismos de control y sus políticas de gobierno corporativo.
El desarrollo de esta investigación se da en medio de un clima de escrutinio público sobre los vínculos entre funcionarios del Gobierno Nacional y actores relevantes del sector energético.
La Fiscalía ha reiterado que el objetivo del proceso es verificar si se incurrió en algún tipo de conducta tipificada como punible, especialmente en lo relacionado con el uso de información privilegiada, posible tráfico de influencias o actos de corrupción administrativa.
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