Alejandro Char arremete contra la ‘paz total’ y denuncia extorsión masiva en el barrio Bellarena

En medio de un recorrido por las calles del barrio Bellarena, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó duras críticas contra la política de “paz total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que, en su criterio, la estrategia ha terminado favoreciendo a estructuras criminales que operan en la ciudad.

Rodeado de residentes y comerciantes del sector, el mandatario local afirmó: “Esto es lo que nos ha traído la paz total, todo el barrio extorsionado; a los únicos que cuidan es a los bandidos”. Con esa declaración, Char vinculó directamente la política nacional con el clima de inseguridad que, según los habitantes, afecta a la zona.

Durante el recorrido, el alcalde describió un panorama marcado por el temor y las restricciones. Aseguró que muchas familias han tenido que reforzar sus viviendas con rejas y medidas adicionales de protección.

“Y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas. Como si estuvieran en una cárcel”, expresó, aludiendo a los costos que asumen los ciudadanos para protegerse frente a las amenazas.

El mandatario insistió en que la extorsión impacta de manera generalizada al sector. “Todo el barrio está extorsionado”, sostuvo, al recoger las denuncias que le hicieron vecinos y comerciantes.

Según indicó, la situación ha golpeado de forma directa al comercio local. “Me dicen que a duras penas queda una tienda abierta. Las demás todas han cerrado”, agregó, al referirse a los negocios que han bajado sus puertas por miedo a los cobros ilegales.

Las declaraciones del alcalde se producen en un contexto en el que las autoridades han adelantado operativos contra redes de extorsión en Barranquilla y su área metropolitana.

En febrero de este año, el Gaula de la Policía reportó la captura de 14 personas y la aprehensión de dos menores de edad en una ofensiva contra estructuras dedicadas a este delito.

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En el procedimiento se incautaron armas, dinero en efectivo y material intimidatorio que, según las investigaciones, era utilizado para presionar a comerciantes.
Semanas después, a inicios de marzo, un nuevo megaoperativo dejó 18 presuntos extorsionistas capturados.

Entre los detenidos, de acuerdo con las autoridades, había personas que utilizaban videollamadas para amenazar a sus víctimas y exigir pagos ilegales.

Las rentas criminales derivadas de estas actividades fueron estimadas entre 200 y 250 millones de pesos mensuales.

De manera paralela, la Alcaldía de Barranquilla anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes suministren información que permita la captura de personas dedicadas a la extorsión.

La medida hace parte de una estrategia conjunta con la Policía y el Ejército para contener la acción de bandas que tienen como principal objetivo a comerciantes de barrios populares y zonas comerciales.

Pese a los resultados operativos y a los anuncios institucionales, Char sostuvo que en sectores como Bellarena persiste la percepción de inseguridad y que los pequeños negocios continúan siendo los más afectados por los cobros ilegales y las amenazas.

No es la primera vez que el alcalde formula este tipo de cuestionamientos. En marzo, durante un encuentro de Asocapitales, advirtió que “hoy las ciudades están asfixiadas por la extorsión y el accionar de bandas criminales”, al insistir en que el fenómeno se ha intensificado en distintos territorios del país.

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