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Tribunal de Bolívar reactiva la intervención de Coosalud y ordena a Supersalud retomar su administración
El fallo revoca la suspensión provisional que había frenado temporalmente el control sobre la EPS y obliga a designar un nuevo agente especial interventor para proteger a más de 3,3 millones de afiliados.
La intervención forzosa sobre Coosalud vuelve a estar plenamente vigente. El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la medida cautelar que había suspendido temporalmente el control sobre la EPS, luego de resolver un recurso de reposición presentado por la Superintendencia Nacional de Salud. Con la decisión, el despacho judicial ordenó que los representantes legales de la entidad restituyan de manera inmediata la administración integral a la Supersalud, con acompañamiento especial de la Procuraduría y la Contraloría.
El fallo no solo restablece la capacidad de la Supersalud para conducir el proceso administrativo de Coosalud, sino que le exige adoptar acciones técnicas, administrativas y financieras eficaces, oportunas e integrales orientadas a superar las falencias estructurales que la Procuraduría General de la Nación había identificado previamente.
La orden judicial incorpora así una exigencia explícita de resultados, no solo de control formal.
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El impacto de la decisión recae directamente sobre más de 3,3 millones de afiliados, distribuidos principalmente en Valle del Cauca (496.616 usuarios), Antioquia (467.360), Norte de Santander (379.211), Bolívar (364.808), Atlántico (339.478), Santander (334.984) y Magdalena (296.949). Estos departamentos concentran la mayor parte de la población afiliada y serán territorios prioritarios para el seguimiento de la continuidad asistencial.
Tras conocerse el fallo, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que designará en las próximas horas un nuevo agente especial interventor, figura clave para ordenar la transición y garantizar la operación de autorizaciones, pagos, referencias y demás procesos críticos de atención. En el sector salud, cualquier modificación sobre el gobierno de una EPS con millones de afiliados implica riesgos operativos que deben gestionarse con rapidez para evitar interrupciones en la prestación del servicio.
La intervención sobre Coosalud, una de las EPS con mayor volumen de afiliación en el país, deberá medirse en última instancia por su capacidad para sostener la atención de los usuarios y corregir los problemas estructurales identificados, dos criterios que serán determinantes para evaluar si las medidas adoptadas se traducen en resultados verificables para pacientes, prestadores y autoridades de control.
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