Senador Ariel Ávila advierte efectos si Corte tumba la ley de Paz Total

El senador Ariel Ávila, miembro destacado de la Alianza Verde, advirtió recientemente sobre la enorme gravedad que supondría si la Corte Constitucional anulara la ley de paz total en Colombia. 

La acción, según Ávila, podría dejar a los esfuerzos de paz en el país en un estado de limbo legal, forzando una reconsideración y reevaluación desde cero de todas las iniciativas de paz.

Desde su promulgación, la ley de paz total ha sido una herramienta esencial en los esfuerzos de pacificación del gobierno. Como Ávila explicó en Blu Radio la ley no es una innovación reciente sino un mecanismo que cada gobierno renueva y adapta según los requisitos del momento.

La ley proporciona un marco jurídico sólido para los acercamientos con los diversos grupos armados ilegales. Esto ha sido evidente en las negociaciones en curso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Además, la ley de paz total ha facilitado la asignación de equipos, la creación de mesas de negociación y la delimitación de parámetros de diálogo.

No obstante, esta ley se encuentra actualmente bajo escrutinio judicial. La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez evalúa una demanda contra la ley de paz total, la 2272, que fue aprobada en 2022. Ibáñez ha instado a sus colegas a rechazar la ley alegando vicios de trámite.

El magistrado sostiene que la ley violó el proceso reglamentario en el Congreso de la República, lo que podría llevar a su anulación. Ávila calificó esta eventualidad de inmensamente grave, ya que "dejaría sin piso jurídico un montón de cosas que en este momento están avanzando".

El futuro de la ley de paz total se mantiene incierto, a la espera de la decisión de la mesa plena de la Corte Constitucional. Sin embargo, Ávila fue muy claro al explicar que si se anula la ley, se tendría que comenzar de nuevo.

El senador destacó los "vacíos jurídicos" que surgirían durante el periodo de tiempo antes de que una nueva ley se radique y se apruebe. En el mejor de los casos, argumentó, este proceso no se completará hasta octubre, lo que dejaría al país en un incómodo limbo legal durante varios meses.

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Mientras la nación aguarda la decisión de la corte, Ávila y sus colegas consideran qué medidas tomar si es necesario presentar de nuevo la ley. Aunque podrían recurrir a otros mecanismos constitucionales, el senador enfatizó la necesidad de un marco jurídico sólido para respaldar los esfuerzos de paz.

En este sentido, el futuro de la paz total en Colombia podría depender en gran medida de los próximos movimientos de la Corte Constitucional. 

La ley de Paz Total, uno de los proyectos de peso del mandato de Gustavo Petro, culminó su trayecto por el Congreso de la República el 3 de noviembre de 2022 con su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes. 

En el interior de este conjunto de normativas se definió el camino legal para asentar la paz como un componente integral de la gestión estatal, con los líderes del gobierno en la posición principal para reafirmar la seguridad y los derechos humanos.

En el texto del proyecto se revisaron un total de 19 artículos, con el objetivo de introducir cambios en la ley 418 de 1997, conocida como la ley de orden público, y añadir nuevas proposiciones y reglamentos que faciliten la creación de un estado de paz permanente, independiente de los cambios en el liderazgo del gobierno.

Uno de los puntos destacados fue la inclusión de la Seguridad Humana, una estrategia diseñada para garantizar los derechos de todas las personas, sin importar su condición, mediante la implementación de medidas preventivas, políticas sociales y la aplicación de la fuerza pública cuando fuera necesario.

El texto también se refiere a los procesos de paz y las negociaciones con grupos armados. Con la nueva ley, el gobierno recibe la autoridad para emplear dos mecanismos para alcanzar la paz con las organizaciones que actúan al margen de la ley: negociaciones de paz y acercamientos para el diálogo.

Esto abarca tanto a miembros activos de grupos que atentan contra el orden público como a exmiembros de dichos grupos que han dejado las armas a través de acuerdos pactados con el Estado colombiano y han contribuido a su desmantelamiento.

Para gestionar estos procesos, se propuso la creación de un órgano especial coordinado por el Alto Comisionado para la Paz y el ministerio de Defensa, encargado de categorizar las estructuras armadas y evaluar la factibilidad de los procesos de sometimiento o acuerdos de paz.

Además, el proyecto de ley autoriza al Gobierno a suspender las órdenes de captura contra los integrantes de grupos armados para facilitar los diálogos. Se definieron también las zonas transitorias en las que se realizarán las negociaciones y donde los grupos fuera de la ley pueden instalarse durante los diálogos.

El Servicio Social para la Paz se introdujo como una alternativa al servicio militar obligatorio, sin reemplazarlo. Los que eligen esta opción pueden participar en actividades como la alfabetización en zonas rurales, la promoción de los derechos humanos de las víctimas, la protección de áreas naturales y la biodiversidad, la asistencia a personas con discapacidades y la custodia del patrimonio cultural, entre otras tareas.

Durante el servicio, a las personas se les prohíbe hacer uso de su posición para realizar proselitismo político, con sanciones en caso de infracción. Al concluir el servicio, recibirán un certificado equivalente a la libreta militar, con la misma validez legal.

En el tema de la entrega voluntaria de armas y el desminado humanitario, la ley establece que no habrá penalización para las personas u organizaciones que entreguen armas de manera voluntaria.

Ahora la discusión en Sala Plena de la Corte Constitucional se estima durará un mes cuando los magistrados decidirán en definitiva la suerte de una de las leyes clave del presidente Gustavo Petro.

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