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Procuraduría ratifica destitución e inhabilidad por una década a oficial de la Policía por acoso
El Ministerio Público confirmó en segunda instancia la sanción contra un capitán por conductas abusivas contra una auxiliar.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el oficial de la Policía José Daniel Díaz Domínguez, señalado de acosar a una auxiliar de la institución mientras se desempeñaba como teniente.
De acuerdo con el fallo, hoy ratificado, los hechos ocurrieron cuando Díaz Domínguez ejercía funciones como comandante de estación en el municipio de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, cargo desde el cual incurrió en conductas abusivas contra la víctima.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca concluyó que el uniformado protagonizó al menos dos episodios en los que se presentaron comportamientos que incluyeron violencia sexual, lo que llevó a confirmar la decisión adoptada en primera instancia.
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El Ministerio Público indicó que el proceso disciplinario se adelantó con enfoque de género y conforme a las recomendaciones contenidas en los informes sobre implementación de la normativa vigente para la protección de las víctimas dentro de la fuerza pública.
Según el ente de control, la conducta del oficial vulneró de manera directa la dignidad humana de la auxiliar y evidenció una intención deliberada de transgredir los deberes inherentes a su cargo y a la función pública que desempeñaba.
En su decisión, la Procuraduría calificó de forma definitiva la falta como gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el comportamiento no fue accidental ni aislado, sino consciente y reiterado.
Con la confirmación del fallo, Díaz Domínguez queda separado de manera definitiva de la institución y no podrá ejercer cargos públicos durante la próxima década, en una decisión que refuerza la política de cero tolerancia frente a conductas de acoso y violencia dentro de la Policía Nacional.
La Procuraduría reiteró que este tipo de sanciones buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas y fortalecer los estándares de integridad y responsabilidad en las entidades del Estado.
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