El exilio forzado que antecedió la caída de Maduro: más de 400 perseguidos tras el 28J

Un año y medio después de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, los efectos de la represión y el fraude electoral orquestado por el régimen de Nicolás Maduro se manifiestaron con nitidez en el incremento del exilio político.

Según documentó el medio venezolano de investigación Armando.Info, al menos 408 personas —entre activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y funcionarios locales— abandonaron el país como consecuencia directa de la persecución estatal desatada tras esos comicios.

En Carora, estado Lara, el sobrevuelo de drones sobre la casa de la entonces alcaldesa encargada Iraida Timaure marcó un punto de quiebre.

La funcionaria, que asumió el cargo tras la salida a la clandestinidad de Javier Oropeza, ganador independiente de las elecciones municipales de 2021, enfrentó un escenario de acoso aéreo y terrestre por parte de las fuerzas del Estado.

Su decisión de huir a Buenos Aires, Argentina, se inscribió en una tendencia repetida en otras regiones del país.
La represión posterior al 28J incluyó más de 900 protestas, cerca de 2.000 detenciones arbitrarias y al menos 25 muertes en todo el territorio nacional.

Walter Páez, de 29 años, falleció en Carora tras recibir un disparo abdominal. Las acciones de vigilancia y control mediante drones no se limitaron a manifestaciones; también alcanzaron viviendas particulares, establecimientos comerciales y sedes municipales, con el propósito de desmovilizar la estructura civil que respaldó al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

En el caso de Carora, Armando.Info reveló que 41 funcionarios municipales y siete familiares de Oropeza también salieron al exilio, mientras que otros empleados públicos permanecen detenidos en sedes del Sebin y el Conas.

A Oropeza le confiscaron bienes inmuebles, dos fincas familiares y las instalaciones de sus medios de comunicación. Timaure también fue despojada de su vivienda, su único patrimonio.

La sistematización de estas acciones responde a un patrón de castigo hacia los involucrados en la contienda electoral opositora.

La persecución alcanzó a alcaldes como Rigoberto Ovallos, del estado Táchira, quien cruzó la frontera a pie en medio de amenazas y vigilancia irregular.

En la misma entidad, el partido Vente Venezuela registró la persecución de 51 militantes en 14 municipios.

Entre los afectados se encontraba Pedro Delgado, joven activista de 21 años, quien enfrentó amenazas físicas y hostigamiento directo.

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Luego de sortear controles, regresó a Venezuela disfrazado para votar y volvió a salir tras nuevas amenazas.

Marcos Velazco, dirigente nacional juvenil de Vente, coordinó estructuras clave para la defensa del voto y enfrentó vigilancia y cerco policial. Su padre fue detenido de forma arbitraria.

Desde Estados Unidos, Velazco explicó cómo la clandestinidad desarticuló las redes internas del partido y obligó al exilio de sus principales liderazgos.

A su vez, Xiomara Sierra, fundadora de Vente en Miranda, pasó cinco meses oculta tras ser acusada de terrorismo por colectivos armados.

El patrón represivo se extendió a través de las instituciones del Estado. En El Helicoide, sede del Sebin, se organizaban listas con los nombres de miembros de Vente, documentando fechas de captura y sitios de detención.

Samuel Díaz, dirigente de Primero Justicia, relató desde Bolivia el proceso de duelo, aislamiento y temor que vivió tras las elecciones.

Organismos como el ACNUDH reportaron que 116 personas abandonaron Venezuela tras el 28J. Entre ellas, 75 hombres y 41 mujeres —entre defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y testigos electorales— fueron empujados al exilio por temor a represalias.

Sin embargo, el número real podría ser mayor, pues muchas víctimas no reconocen públicamente su situación debido a estigmas, riesgos familiares y trauma emocional.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Yendri Velásquez, activista LGBTIQ+ y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+.

Detenido en el aeropuerto internacional cuando intentaba viajar a una cita de Naciones Unidas, fue trasladado por la Dgcim, interrogado durante nueve horas bajo tortura psicológica y liberado tras firmar un acta de compromiso.

Posteriormente, enfrentó persecución, episodios de ansiedad extrema y un atentado con arma de fuego en Bogotá, ciudad en la que reside exiliado.

El aparato estatal también actuó contra medios de comunicación y ONG. La Asamblea Nacional chavista aprobó en agosto de 2024 una ley que somete a las organizaciones sociales a controles financieros, políticos y administrativos.

Esta legislación provocó el cierre de Transparencia Venezuela y la salida del país de su directora, Mercedes de Freitas. La represión contra periodistas incluyó detenciones, bloqueos de pasaportes y vigilancia.

IPYS Venezuela reportó 14 detenciones y 22 exilios en 2024, además del cierre de 20 emisoras de radio. Una periodista que pidió el anonimato narró cómo la incertidumbre y la persecución le impidieron regresar a su país y la obligaron a sobrevivir en un entorno precario.

El exilio, sin embargo, no ha ofrecido garantías de seguridad. Casos como el de Javier Oropeza, interceptado en dos ocasiones en Colombia, evidencian que la vigilancia y el miedo se trasladan fuera de las fronteras. Las denuncias ante fiscalías extranjeras aún no han derivado en acciones concretas.

Desde la perspectiva de analistas y defensores, como Rafael Uzcátegui, la salida forzada de activistas, periodistas y dirigentes forma parte de una estrategia estatal para debilitar la resistencia interna, desarticular liderazgos sociales y extender el control sobre el territorio.

Las redes de contraloría, disidencia y documentación quedan fragmentadas, dificultando la organización de la sociedad civil.

En paralelo, medios independientes como Armando.Info, que han operado desde el exilio, se han convertido en canales esenciales para documentar estos casos.

Su cobertura sistemática ha permitido dar visibilidad a un fenómeno que supera la estadística y que se manifiesta en experiencias humanas, rupturas familiares, pérdida de hogares, criminalización de la labor periodística y el colapso del tejido democrático.

El exilio de centenares de venezolanos tras el 28J no ha sido simplemente una consecuencia humanitaria; ha sido un mecanismo planificado de silenciamiento político.

Aunque muchas de las voces forzadas al silencio se alzan hoy desde otras geografías, las amenazas, el duelo, el miedo y la resistencia continúan marcando sus días. Para ellos, la distancia no ha eliminado el riesgo, y el retorno sigue siendo una interrogante sin respuesta.

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