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Registraduría niega irregularidades en firmas de Abelardo de la Espriella y aclara denuncias ante la Fiscalía
La entidad electoral afirmó que solo dos grupos presentaron posibles fraudes en la recolección de apoyos para las presidenciales de 2026.
La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a la polémica generada en redes sociales sobre supuestas firmas “no avaladas” en la inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026, entre ellas la del abogado Abelardo de la Espriella.
A través de un pronunciamiento oficial, la autoridad electoral aclaró que, de los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas de apoyo, solo en dos casos se encontraron inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos: los correspondientes a Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.
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La entidad precisó que esta información fue divulgada públicamente el pasado 19 de enero por medio de sus canales oficiales y confirmó que ya interpuso la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.
En cuanto a los demás grupos significativos de ciudadanos, la Registraduría explicó que durante el proceso de revisión únicamente se detectaron incidencias técnicas, como datos ilegibles, registros que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) o personas que no aparecen en el censo electoral, entre otras situaciones habituales en este tipo de trámites.
La entidad recordó que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités promotores debían presentar un mínimo de 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3% del total de votos válidos depositados en la primera vuelta presidencial de 2022, que ascendieron a 21.173.842.
Finalmente, la Registraduría subrayó que las orientaciones políticas de los ciudadanos constituyen derechos fundamentales que deben ser protegidos. En ese sentido, enfatizó que la información relacionada con los firmantes solo puede ser utilizada para la verificación de los apoyos y no puede hacerse de dominio público.
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