Ministra de Cultura, en la mira: Jennifer Pedraza denuncia millonarios contratos a su mamá y hermano

Un contrato por $126,5 millones de pesos con la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo objeto es prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional como estratega de comunicación integral, para divulgar y posicionar las acciones, eventos e iniciativas y la gestión de comunicaciones de la entidad.

Otro contrato por $70,68 millones con el Ministerio del Interior, para prestar servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa en la Dirección de Asuntos Religiosos, apoyando el impulso y la difusión de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos del Decreto 437 de 2018, con énfasis en espiritualidades ancestrales en el territorio nacional.

Un contrato por 116,66 millones de pesos con el Ministerio de Salud y Protección Social, para brindar asistencia técnica en la implementación y apropiación de metodologías y estrategias de comunicación asociadas a proyectos priorizados por esa cartera.

Con estas tres vinculaciones, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza calcula que la contratista pasó de reportar ingresos mensuales cercanos a 12 millones de pesos a más de 26 millones, solo en 2026.

Los documentos contractuales revisados por la congresista muestran que la relación de Fonrodona Montoya con el Gobierno Petro no empezó este año. De acuerdo con la información divulgada en redes sociales y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), en 2023, 2024 y 2025 también suscribió contratos con entidades del sector salud y del Interior.

En 2023, la contratista obtuvo un contrato con el Ministerio de Salud, identificado con el proceso MSPS-CD-782-2023, por 48 millones de pesos y una duración de seis meses.

El objeto era prestar servicios profesionales en comunicación a los viceministerios y sus direcciones, para divulgar contenidos de interés general dirigidos a la ciudadanía, mediante la creación y ejecución de actividades y contenidos periodísticos en temas de salud y protección social. El contrato se celebró también por la modalidad de contratación directa.

Para 2024, Pedraza señala un nuevo contrato por $92 millones con el mismo ministerio, lo que representó un incremento de 52 % frente al valor suscrito en 2023.

En 2025 se registran tres contratos adicionales que suman $141,18 millones.

Dos de ellos, firmados el 20 de enero y el 17 de julio con el Ministerio de Salud y Protección Social, tienen por objeto apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de comunicación externa para divulgar las acciones de la cartera y fortalecer los servicios de información y comunicación.

El tercero, suscrito el 27 de agosto con el Ministerio del Interior, replica la línea de trabajo en la Dirección de Asuntos Religiosos para la difusión de la política de libertad religiosa y de cultos.

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Con este recorrido, la congresista concluye que, sumados los contratos de 2023, 2024 y 2025, la madre de la ministra de Cultura ya acumulaba 281,18 millones de pesos antes de los tres acuerdos de enero de 2026. El total de las seis contrataciones bajo el actual gobierno alcanzaría así cerca de 600 millones de pesos.

Más allá de los montos, el punto central de la denuncia de Pedraza está en las obligaciones de transparencia.

La congresista sostiene que, en las nueve ocasiones en que la ministra de Cultura ha diligenciado y publicado su declaración de conflictos de interés, no ha informado que su madre y su hermano tienen contratos con el Estado, pese a que se trata de familiares que podrían generar un posible conflicto.

La Ley 2013 de 2019 ordena a ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos y otros altos cargos registrar y publicar su declaración de bienes y rentas y sus eventuales conflictos de interés, señalando, entre otros aspectos, la existencia de vínculos familiares que puedan influir en el ejercicio de sus funciones. Además, exige actualizar esa información cada año y dentro de los dos meses siguientes a cualquier cambio relevante.

Para la representante, omitir reiteradamente que la madre y el hermano están vinculados con entidades públicas mediante contratos de prestación de servicios podría vulnerar ese marco normativo, en la medida en que impide que la ciudadanía y los órganos de control conozcan y evalúen el posible conflicto de intereses.

Los pantallazos de las declaraciones de la ministra, divulgados por Pedraza y replicados por diversos medios, muestran formularios en los que no se reportan esos familiares, pese a que ya tenían contratos vigentes.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, respondió a las críticas mediante un comunicado público.

En su pronunciamiento afirmó que no ha intervenido ni incidido en ningún proceso de contratación en el que hayan participado su madre o su hermano, y que, de acuerdo con la normativa vigente, las inhabilidades por parentesco solo se configuran cuando el servidor público tiene relación directa de autoridad, intervención o control sobre la entidad que contrata a sus familiares.

Kadamani sostuvo que, en este caso, los contratos de su madre y de su hermano se celebraron con entidades que no están bajo la órbita del Ministerio de Cultura, por lo que, a su juicio, no existe restricción legal que impida sus vinculaciones contractuales.

También defendió la trayectoria profesional de sus familiares en áreas de comunicación y gestión cultural y señaló que, como cualquier ciudadano, “tienen derecho a trabajar y a participar en procesos contractuales con el Estado” bajo las reglas de la ley.

Frente a las críticas por la información consignada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), la funcionaria aseguró que ha cumplido con el registro de su hoja de vida, su declaración de bienes y rentas y su condición de persona expuesta políticamente, y que no tiene ningún conflicto de interés adicional que declarar en los términos de la Ley 2013 de 2019.

La denuncia de Pedraza se produce pocos días después de que la Fiscalía anunciara que imputará cargos penales contra Juliana Guerrero, quien estuvo a punto de ser nombrada viceministra  de Juventud, por el caso de títulos falsos expedidos por la Fundación Universitaria San José.

En esa investigación, liderada inicialmente por la representante Catherine Juvinao y reforzada por hallazgos de Pedraza y otros congresistas, se ha establecido que al menos 24 funcionarios y contratistas del gobierno obtuvieron títulos de manera irregular: algunos no presentaron el examen Saber Pro y otros lo hicieron después de graduarse, lo que contraviene las normas educativas.

El caso de Guerrero se convirtió en símbolo de ese esquema: a los 23 años, sin asistir regularmente a clases ni presentar la prueba de Estado, recibió un título profesional que le permitiría ser designada viceministra.

Tras el escándalo, la Fundación San José anunció el inicio del proceso para anular su diploma, mientras el Ministerio de Educación sometió a la institución a vigilancia especial.

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