Venezolanos en EE.UU. acusan a Claudia Sheinbaum de mentir sobre deportaciones a México

Venezolanos exiliados en Estados Unidos acusaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de ofrecer una versión falsa e incompleta sobre el papel de ese país en la recepción de migrantes deportados por el Gobierno de Estados Unidos y sobre las condiciones en que quedan quienes son retornados a territorio mexicano.

La denuncia fue hecha por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, Veppex, con sede en Miami, que sostuvo en un pronunciamiento público que en los últimos meses México ha recibido miles de venezolanos expulsados desde Estados Unidos en el marco de coordinaciones que califican de “informales” o “humanitarias”, pero sin garantías efectivas para los migrantes.

Según la agrupación, esas llegadas no se producen bajo un esquema claro de protección internacional ni con mecanismos transparentes de supervisión.

De acuerdo con Veppex, los venezolanos que son enviados a México desde territorio estadounidense ingresan o permanecen allí sin que el Gobierno mexicano les otorgue documentos migratorios básicos como reconocimientos de refugio, asilo, visas humanitarias o permisos temporales de permanencia.

Esa situación, advirtió la organización, los deja en una condición de irregularidad absoluta, sin posibilidad de trabajar de forma legal, sin acceso garantizado a la red de salud pública y sin opciones seguras de movilidad interna, lo que incrementa su exposición a redes de trata de personas, extorsiones y otros delitos.

La crítica se centra en la distancia entre esos hechos y los mensajes que la presidenta mexicana ha transmitido en público.

Sheinbaum ha reiterado que su Gobierno no aceptará un acuerdo para convertir a México en “tercer país seguro” para migrantes de otras nacionalidades, pero al mismo tiempo ha señalado que, si personas deportadas desde otros Estados llegan a su territorio, recibirán asistencia humanitaria.

Para Veppex, en el caso de los venezolanos no se está configurando un esquema real de protección, sino un tránsito precario que contradice lo que la mandataria afirma ofrecer.

El comunicado también se refiere a las promesas oficiales sobre programas para facilitar el retorno de migrantes a sus países de origen.

La organización de exiliados sostiene que muchos venezolanos que quedan varados en México no acceden a rutas formales de repatriación y terminan saliendo por sus propios medios, recurriendo a viajes por tierra u opciones marítimas irregulares.

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Esos desplazamientos, subrayó la agrupación, se realizan a través de rutas catalogadas como de alto riesgo por organismos internacionales, donde son frecuentes los naufragios, secuestros, robos y otras formas de violencia.

Como ejemplo concreto, Veppex mencionó un siniestro ocurrido el martes de la semana pasada en el Caribe panameño, en el que una embarcación con 16 migrantes, en su mayoría venezolanos que habían permanecido en México sin una solución migratoria estable, naufragó cuando se dirigía hacia otro destino.

En el accidente murieron dos mujeres venezolanas y un ciudadano colombiano, lo que, a juicio de la organización, ilustra el tipo de consecuencias que pueden derivarse de mantener a personas en un limbo jurídico y sin alternativas seguras de movilidad.

En el plano jurídico, la organización argumentó que las prácticas descritas vulneran el principio de no devolución —conocido como non-refoulement— y las obligaciones de protección a refugiados consagradas en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, instrumentos de los que México es Estado parte. Desde esa perspectiva, advirtió que recibir a personas expulsadas de Estados Unidos sin mecanismos claros para identificar necesidades de protección internacional, ni garantías para evitar que terminen reexpulsadas o forzadas a rutas peligrosas, podría suponer un incumplimiento de esos compromisos.

El pronunciamiento también se inscribe en el contexto político abierto desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, cuando Washington endureció sus políticas migratorias y reforzó los mecanismos de expulsión acelerada de extranjeros en situación irregular, incluidos miles de venezolanos que habían llegado en los últimos años a la frontera sur estadounidense.

En ese escenario, México se ha convertido en territorio de paso, retorno o permanencia para quienes son devueltos desde Estados Unidos, y la posición del Gobierno de Sheinbaum frente a ese rol es objeto de creciente escrutinio por parte de organizaciones de migrantes y de defensa de derechos humanos.

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