Salario mínimo 2026: lo que dicen ex ministros Echeverry, Restrepo y Hommes tras decisión del Consejo de Estado

El fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto que fijó en 23,7 % el aumento del salario mínimo para 2026 desató una inmediata ola de reacciones en la esfera económica y política. Tres exministros de Hacienda —Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Rudolf Hommes— se pronunciaron a través de la red social X, con mensajes que combinan críticas de fondo al Gobierno, llamados a la calma institucional y propuestas para aliviar el impacto sobre las empresas.

Según la decisión de la Sección Segunda, adoptada mediante auto del 12 de febrero de 2026, el tribunal suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había fijado el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) de 2026 en 1.750.905 pesos, lo que implicaba un incremento de 23,7 % frente a 2025.

Con el auxilio de transporte de 249.095 pesos, la remuneración total quedaba en 2 millones de pesos. A la par, ordenó al Ejecutivo expedir, en un plazo de ocho días calendario contados desde la notificación, un nuevo decreto con un porcentaje transitorio de aumento, que regirá mientras se profiere la sentencia de fondo.

El alto tribunal consideró que la motivación del decreto podría vulnerar el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que fija los criterios obligatorios para determinar el salario mínimo cuando no hay acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

A juicio del Consejo, el Gobierno centró su argumentación en la noción de “salario vital” y en la metodología de “brecha de suficiencia material” basada en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo (OIT) sin explicar de forma clara y verificable cómo influyeron en la cifra final variables legales como inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional, crecimiento del PIB y meta de inflación.

De acuerdo con el auto, la medida cautelar no supone un prejuzgamiento sobre la legalidad definitiva del decreto, sino un mecanismo temporal para proteger la efectividad de una eventual sentencia de nulidad.

El tribunal precisó además que la suspensión solo tendrá efectos desde la publicación del nuevo decreto transitorio: hasta entonces se mantiene vigente el salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025, y los pagos, obligaciones y cálculos realizados sobre esa base seguirán siendo válidos.

La decisión se produce en el marco de unas treinta demandas que cuestionan que el incremento de 23,7 % cuadruplica la inflación de 2025 y genera efectos difíciles de revertir sobre los costos empresariales y el empleo.

En ese contexto, el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, celebró en X el pronunciamiento de la alta corte y lo leyó como un llamado de atención directo al Gobierno.

“El Consejo de Estado se pronunció sobre el aumento extravagante del salario mínimo. Al fin alguien levantó una voz firme frente al arbitrarismo de la administración Petro”, escribió. En su mensaje, Echeverry acusó al presidente de tener “un enfoque infantil frente a los porcentajes”, como si fueran “switches en un panel de control de la economía”, y afirmó que ha aprendido “a abusar de variables clave con fines políticos: el gasto público, el aumento del mínimo, los contratos, etc. Sabe que es irresponsable pero rentable. Es lo contrario de un estadista. Es un estatista infantil y oportunista”.

Para el exministro, el fallo no solo corrige un exceso económico sino que expone un problema político más amplio. “Que una alta corte diga que eso está mal es lo correcto.

Ahora, sin embargo, mucha gente deja solo al Consejo de Estado”, añadió, al cuestionar que sectores que criticaban el 23 % ahora lo respalden “tal vez por el terror al revolucionarismo”. Echeverry conectó el episodio con el temor que generó el estallido social de 2021 y sostuvo que la acumulación de miedos políticos ha terminado por “hundir” al país, en alusión a la elección de Petro tras aquellas protestas.

Su intervención se inscribe en una línea de críticas constantes al rumbo económico del Gobierno, al que acusa de forzar las variables macroeconómicas más allá de los parámetros legales y técnicos.

Lea también: (Comisión de Concertación definirá el nuevo decreto de salario mínimo tras fallo del Consejo de Estado)

Una postura distinta, aunque también crítica, adoptó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, Industria y Comercio y actual rector del IEA. En un mensaje alusivo a la decisión del Consejo de Estado, Restrepo pidió “calma” y subrayó que “no ha pasado absolutamente nada” en términos inmediatos, insistiendo en que el fallo es ante todo un llamado de atención sobre la forma como se tramitan y motivan los decretos.

A su juicio, si el Gobierno corrige la motivación y respeta los criterios de ley, es probable que la decisión de fondo termine por ratificar el aumento que se defina en el nuevo decreto, que seguirá vigente de manera provisional mientras avanza el proceso judicial.

Restrepo advirtió, sin embargo, que la suspensión será utilizada como material de campaña. “Tristemente esta decisión se usará para la campaña electoral y hacer política y para alimentar la guerra de narrativas por parte del gobierno y fortalecer sus candidatos”, escribió en X.

Con ese comentario, el exministro ubicó el fallo en el contexto de la contienda presidencial y legislativa, en la que el Gobierno ha defendido el incremento como una medida de justicia social, mientras un sector de la oposición lo considera insostenible, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

El exministro Rudolf Hommes, quien lideró la cartera de Hacienda en la década de 1990 y ha sido una voz recurrente en debates de política económica, enfocó su reacción en la capacidad real de las compañías para absorber el choque de costos.

En su mensaje en X sostuvo que “las empresas no aguantan el aumento de 23 % del salario mínimo e impuesto al patrimonio”. Según su planteamiento, las grandes empresas podrían soportar el incremento siempre que el Gobierno reconsiderara la carga adicional del impuesto al patrimonio, pero las pymes solo tendrían margen para un aumento cercano al 10 %.

Hommes propuso como salida que, si se mantiene un incremento de 23 % para los trabajadores, el Estado otorgue a las empresas un descuento tributario del 13 % sobre lo efectivamente pagado adicional, de forma que el costo neto del ajuste salarial sea equivalente a un alza del 10 %.

Ese descuento, agregó, debería ser libremente transferible entre contribuyentes. La idea apunta a preservar el mayor poder adquisitivo asociado al aumento sin trasladar por completo el impacto a las pequeñas y medianas compañías, que son las que concentran buena parte del empleo formal en el país.

Las tres intervenciones ilustran el lugar que la decisión del Consejo de Estado empezó a ocupar en la disputa política alrededor del salario mínimo.

Mientras Echeverry enfatiza el fallo como un límite institucional al “arbitrarismo” del Ejecutivo, Restrepo lo enmarca como una advertencia jurídica que no debería generar pánico económico pero sí mayor rigor técnico, y Hommes lo usa para reiterar que cualquier discusión sobre aumentos de dos dígitos debe ir acompañada de un diseño tributario que proteja a las empresas, en especial a las más pequeñas.

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