Comisión de Concertación definirá el nuevo decreto de salario mínimo tras fallo del Consejo de Estado

La discusión sobre el futuro del salario mínimo para 2026 tendrá un nuevo escenario institucional el próximo lunes 16 de febrero, cuando se reúna la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para analizar el decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno tras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

La cita fue convocada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para las 10:00 a. m., según informó a través de su cuenta en X.

La convocatoria se produce en medio de la incertidumbre jurídica y económica que generó la decisión del alto tribunal, que dejó sin efectos de manera provisional el decreto con el que el Ejecutivo había fijado un incremento del 23,7 % para el salario mínimo de 2026.

En el mismo auto, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir en un plazo máximo de ocho días un nuevo decreto de carácter transitorio, que defina el porcentaje de aumento y el valor que regirá mientras se adopta una decisión de fondo en el proceso judicial.

El ministro Sanguino indicó que la discusión en la Comisión de Concertación deberá girar en torno al alcance de ese decreto transitorio y a la necesidad de que el salario mínimo mantenga su carácter “vital y móvil”, en los términos del artículo 53 de la Constitución Política.

Esa norma dispone que el salario debe proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y ajustarse en función de la variación del costo de vida, lo que ha sido uno de los argumentos centrales del Gobierno para defender el incremento inicialmente decretado.

La Comisión de Concertación, integrada por representantes del Gobierno, las centrales sindicales y los gremios empresariales, será el escenario en el que se intentará construir una nueva fórmula de aumento bajo las condiciones fijadas por el Consejo de Estado.

Si bien el auto del tribunal no define un porcentaje específico, sí condiciona la validez del reajuste a que se respeten los principios constitucionales y se atiendan los efectos económicos de la medida, en un contexto de demandas presentadas tanto por empresarios como por juristas que cuestionaron el impacto del 23,7 % sobre los costos laborales y sobre la economía en general.

La suspensión provisional fue adoptada precisamente a partir de esos recursos, que alegan que el aumento fijado por el Gobierno tendría efectos desproporcionados sobre el aparato productivo y sobre el empleo formal.

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El alto tribunal consideró que, por la magnitud de la medida y sus consecuencias, era necesario congelar el decreto mientras se estudian con mayor detalle los argumentos jurídicos y económicos, y mientras se revisa si el Ejecutivo respetó los criterios legales para definir el ajuste del mínimo.

En respuesta a la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro se pronunció en X y confirmó que acatará el auto, aunque advirtió que el nuevo decreto transitorio se expedirá bajo su interpretación del mandato constitucional en materia salarial.

El jefe de Estado afirmó que respetará la decisión judicial, pero insistió en que actuará “de acuerdo con la Constitución” y recalcó que la figura del salario mínimo “vital” es, a su juicio, una exigencia expresa de la Carta Política.

Petro anunció que el Ministerio de Trabajo convocará de inmediato a la Comisión de Concertación para tramitar el nuevo decreto y, en paralelo, pidió una reunión de la coordinación de movimientos sociales con el fin de debatir la reacción frente a la suspensión y los alcances de la próxima norma.

En sus mensajes, el mandatario sostuvo que congelar un decreto que, según él, apuntaba a garantizar un salario mínimo vital podría poner en riesgo la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y limitar la facultad del Gobierno para fijar la política salarial.

El presidente también planteó que el debate no puede limitarse al efecto del aumento del salario mínimo sobre los precios, sino que debe incluir el impacto de la tasa de interés sobre el empleo, el déficit y el comportamiento de la economía.

Según su posición, los estudios y mediciones recientes mostrarían que la incidencia del incremento del mínimo en el alza de algunos alimentos sería marginal, mientras que el costo del crédito tendría un peso relevante en la dinámica económica y en la generación de puestos de trabajo.

En sus publicaciones, Petro sostuvo que una reducción de la demanda de bienes básicos, derivada de un menor poder adquisitivo de los hogares, podría afectar el crecimiento económico y agravar problemas como el hambre y la desnutrición infantil.

Bajo esa argumentación, advirtió que decisiones que conduzcan a restringir el consumo de alimentos esenciales serían, en su criterio, contrarias al espíritu de la Constitución, que ordena proteger la dignidad y las condiciones de vida de la población.

El mandatario también envió un mensaje directo a los sectores empresariales y financieros al afirmar que “el gran capital” debe definir si está dispuesto a avanzar en un “pacto social” en torno a los salarios o si se mantendrá en un escenario de confrontación social y política.

Recordó que desde el inicio de su gobierno ha propuesto un acuerdo amplio sobre la “vida y la paz” que incluya la discusión de la distribución del ingreso y del papel del salario mínimo en la reducción de la desigualdad.

Petro señaló que el poder judicial debe tener en cuenta que el Ejecutivo actúa con base en el mandato electoral que lo llevó a la presidencia y en los lineamientos de la Constitución, y reiteró su invitación al “pueblo trabajador” para que se pronuncie frente al debate sobre el salario mínimo.

Para el Gobierno, el salario vital y móvil no es solo una fórmula técnica de indexación, sino una herramienta para garantizar niveles mínimos de bienestar y dinamizar la economía a través del consumo interno.

De cara a la reunión del 16 de febrero, el Ministerio de Trabajo deberá llevar a la Comisión nuevas estimaciones económicas y proyecciones de inflación, así como escenarios alternativos de incremento, que tendrán que conciliar las órdenes del Consejo de Estado con las prioridades del Gobierno y las preocupaciones de sindicatos y empresarios.

El resultado de ese encuentro será clave para definir el monto del salario mínimo que regirá mientras el proceso judicial sigue su curso y el alto tribunal adopta una decisión definitiva sobre la legalidad del aumento del 23,7 % inicialmente decretado.

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