Golpean y roban al hijo de Day Vásquez, testigo clave en el caso Nicolás Petro

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denunció que su hijo fue sacado de un edificio, golpeado y despojado de su teléfono celular. La mujer informó sobre la agresión este viernes a través de su cuenta de X y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional. “Hace un momento hicieron salir a mi hijo del edificio… Lo golpearon y le quitaron el celular”, señaló.

Daysuris del Carmen Vásquez Castro, conocida como Day Vásquez, es la exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico.

Su nombre adquirió notoriedad nacional en marzo de 2023, cuando denunció públicamente que su entonces pareja habría recibido millonarias sumas de dinero de particulares que buscaban contribuir a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según sus declaraciones, parte de esos recursos no habría llegado a la campaña y habría sido utilizada por Nicolás Petro para gastos personales.

Entre las personas mencionadas en sus denuncias figuraron el empresario Alfonso Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”. Las revelaciones dieron origen a investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro y operaciones de lavado de activos.

La Fiscalía estableció como hipótesis que el exdiputado habría incrementado injustificadamente su patrimonio con recursos recibidos de terceros. Las declaraciones de Vásquez también llevaron a examinar la posible financiación irregular de la campaña presidencial de 2022.

En julio de 2023, Day Vásquez y Nicolás Petro fueron capturados en Barranquilla en desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía. Posteriormente, la mujer decidió colaborar con las autoridades y suministrar información, conversaciones y otros elementos relacionados con los movimientos de dinero investigados.

En diciembre de ese año suscribió un principio de oportunidad con el ente acusador, mediante el cual asumió compromisos de colaboración judicial a cambio de beneficios procesales sujetos a control judicial.

Su colaboración se extendió a las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial y a las actuaciones que involucraron a dirigentes políticos del Atlántico. Vásquez también compareció ante la Corte Suprema de Justicia como testigo dentro de las indagaciones relacionadas con los congresistas Pedro Flórez y Agmeth Escaf, en las que se examinaron señalamientos sobre recursos que habrían ingresado a la actividad electoral.

Desde que hizo públicas sus denuncias, Vásquez ha solicitado en distintas oportunidades protección para ella y su familia. En junio de 2023 denunció amenazas y pidió reforzar las medidas de seguridad.

La Fiscalía General de la Nación informó entonces que fiscales del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos habían asumido la investigación de los hechos denunciados. La entidad también comunicó que la fiscal encargada había solicitado fortalecer su protección.

La situación de seguridad de Vásquez volvió a ser objeto de controversia en 2024, cuando perdió los esquemas de protección que le habían sido asignados.

La Fiscalía retiró las medidas que prestaba a través de su programa de protección a testigos, tras señalar incumplimientos de las condiciones establecidas para conservar ese beneficio.

Posteriormente, también fue retirado el esquema de seguridad que recibía del Gobierno nacional. Las autoridades señalaron que la mujer había realizado desplazamientos sin informar a sus escoltas, mientras que su defensa cuestionó los argumentos utilizados para suspender las medidas.

En agosto de 2024, durante una declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Vásquez solicitó que le restablecieran la protección. La Sala de Instrucción del alto tribunal y la Procuraduría General de la Nación pidieron a la Fiscalía evaluar nuevamente su nivel de riesgo, teniendo en cuenta su participación como testigo en investigaciones judiciales. La solicitud buscaba establecer las medidas necesarias para garantizar su integridad durante el desarrollo de los procesos.

Las denuncias por amenazas continuaron. El 23 de mayo de 2025, Vásquez informó que dos personas que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta su residencia y exigieron a una trabajadora doméstica que la llamara para que saliera a atenderlas.

La mujer también publicó una captura de pantalla de un mensaje intimidatorio que decía: “Ya sé dónde vives. Todo bien”. Ante lo ocurrido, volvió a solicitar la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional.

Su condición de colaboradora de la justicia se mantiene dentro del proceso contra Nicolás Petro. En enero de 2026, una jueza prorrogó por un año el principio de oportunidad concedido a Vásquez, después de que la Fiscalía acreditara que había cumplido el 90 % de los compromisos adquiridos. Entre las obligaciones pendientes se encontraba su declaración en el juicio contra el exdiputado del Atlántico, diligencia que dependía del avance del proceso judicial.

En abril de 2026, un juez también levantó las restricciones de movilidad que pesaban sobre Vásquez, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

La decisión no puso fin a sus compromisos de colaboración con la Fiscalía ni al proceso separado relacionado con la presunta vulneración de datos personales de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro.

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