Contaminación del agua en Cartagena: descubren cinco implicados y una empresa ilegal

Cinco personas fueron capturadas en Cartagena, Bolívar, por su presunta participación en actividades de contaminación ambiental relacionadas con el vertimiento de residuos peligrosos provenientes de una empresa dedicada a la recolección y tratamiento de desechos de petróleo, aceites y materiales sólidos.

Según la Fiscalía General de la Nación, la compañía habría operado ilegalmente desde 2021, sin contar con licencia ambiental y pese a que las autoridades ordenaron suspender sus actividades en al menos cinco oportunidades.

La investigación permitió establecer que los residuos eran descargados al canal hídrico Policarpa, que desemboca en la bahía de Cartagena, una de las principales zonas costeras del Caribe colombiano.

Los vertimientos habrían provocado afectaciones en el agua, el suelo, la flora y la fauna, además de representar un riesgo para las comunidades que habitan en los alrededores.

Los capturados fueron identificados como Omar Arturo Gutiérrez Florián, representante legal de la compañía; Pedro Enrique Figueroa Salcedo, Cecilio Rodríguez Amaranto, Wilmer José Sarmiento Tejedor y Yan Carlos Núñez Bautista.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Fiscalía General de la Nación, el proceso investigativo comenzó a partir de una denuncia presentada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) del Distrito de Cartagena de Indias, entidad encargada de ejercer funciones de autoridad ambiental en su jurisdicción.

La información suministrada por el organismo ambiental permitió a los investigadores identificar presuntas irregularidades en las operaciones de la compañía, cuya sede se encontraba ubicada en el barrio Arroz Barato, una zona de Cartagena donde se desarrollan actividades industriales y comerciales.

Según los elementos recopilados por la Fiscalía, desde esas instalaciones se habrían realizado descargas de materiales contaminantes que llegaban al canal Policarpa y afectaban los recursos naturales de su entorno.

Las actividades investigativas determinaron que la empresa venía desarrollando sus operaciones desde 2021 sin contar con la licencia ambiental requerida para las actividades que ejecutaba.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que la compañía habría mantenido su funcionamiento pese a las decisiones administrativas adoptadas por la autoridad ambiental.

La Fiscalía señaló que el establecimiento había sido objeto de por lo menos cinco suspensiones ordenadas por las autoridades competentes. Sin embargo, esas medidas no habrían impedido que continuara desarrollando sus actividades industriales.

La continuidad de las operaciones permitió que, presuntamente, se siguieran realizando descargas de sustancias contaminantes hacia el canal hídrico, con consecuencias para el ecosistema y las comunidades cercanas.

Durante la investigación se practicaron peritajes técnicos para establecer las características de los materiales vertidos y sus posibles efectos sobre los recursos naturales.

Los resultados, según el ente acusador, evidenciaron que las descargas estarían ocasionando afectaciones en el suelo y el agua, además de daños a la flora y la fauna.

Los investigadores también encontraron elementos que indicarían una disminución de la fertilidad de los terrenos afectados, asociada con la pérdida de nutrientes y las alteraciones producidas por los materiales contaminantes.

La Fiscalía sostuvo que los peritajes permitieron acreditar daños en el ecosistema y la desaparición de especies animales y vegetales, situaciones que forman parte de los elementos considerados dentro de la investigación penal.

Otro de los hallazgos estuvo relacionado con las posibles consecuencias para la salud de los habitantes del sector.
De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, algunas personas utilizaban el agua contaminada para satisfacer necesidades básicas, circunstancia que habría generado afectaciones en su salud.

El comunicado no precisó cuántas personas habrían resultado perjudicadas, cuáles fueron las enfermedades o síntomas identificados ni si se adelantaron estudios epidemiológicos para determinar la magnitud de las consecuencias sanitarias.

Tampoco se informó sobre la cantidad de residuos vertidos al canal, la composición química de las sustancias encontradas o la extensión de los terrenos afectados.
No obstante, los resultados de los peritajes fueron incorporados a la investigación para sustentar las actuaciones judiciales contra los presuntos responsables.

Durante el procedimiento adelantado con apoyo de la Policía Nacional, las autoridades encontraron en las instalaciones de la compañía diferentes elementos utilizados para el almacenamiento y transporte de sustancias industriales.

Entre los materiales hallados había contenedores y tanques con sustancias oleosas y viscosas derivadas de hidrocarburos.

También fueron encontrados mangueras, válvulas y tapones que, según la Fiscalía, constituirían evidencias de la existencia de conexiones utilizadas para realizar descargas directas hacia el canal Policarpa.

Estos elementos fueron documentados durante la diligencia y forman parte del material probatorio recopilado para establecer cómo se efectuaban los vertimientos y quiénes habrían intervenido en las operaciones.

La presencia de sustancias derivadas de hidrocarburos constituye uno de los aspectos relevantes de la investigación, debido a que estos materiales requieren procedimientos específicos de almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final para evitar su liberación al ambiente.

Los residuos asociados con actividades petroleras pueden contener mezclas de aceites, grasas y otros compuestos que, dependiendo de su composición y concentración, representan riesgos para los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Cuando estas sustancias ingresan a cuerpos de agua pueden alterar sus condiciones físicas y químicas, afectar organismos acuáticos y comprometer los usos del recurso hídrico.

En el suelo, determinados contaminantes derivados de hidrocarburos pueden modificar las propiedades del terreno y afectar los procesos biológicos necesarios para mantener su fertilidad.

La investigación en Cartagena se concentra precisamente en establecer las consecuencias de los vertimientos atribuidos a la compañía y las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en esas actividades.

Tras las capturas, los cinco señalados fueron presentados ante las autoridades judiciales para responder por los hechos investigados.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó el delito de contaminación ambiental, de acuerdo con la posible responsabilidad individual que habría tenido cada uno en las conductas investigadas.

En el caso de Omar Arturo Gutiérrez Florián, identificado como representante legal de la compañía, la Fiscalía le atribuyó circunstancias de agravación.

Durante las diligencias judiciales, los cinco imputados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

La aceptación constituye un elemento relevante dentro del proceso penal, aunque corresponde a la autoridad judicial competente adoptar las decisiones posteriores y determinar las consecuencias jurídicas conforme a la legislación colombiana.

El delito de contaminación ambiental se encuentra contemplado en el Código Penal colombiano y sanciona determinadas conductas que provocan contaminación de recursos naturales mediante emisiones, vertimientos, depósitos o disposiciones de sustancias, cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

La regulación penal busca proteger recursos como el agua, el suelo y el aire frente a actividades que puedan ocasionar daños ambientales.

En este caso, la Fiscalía sostiene que la compañía habría desarrollado durante varios años operaciones sin autorización ambiental y que las medidas administrativas adoptadas para detener sus actividades no fueron acatadas.

La investigación también pone de manifiesto la importancia de las actuaciones del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, cuya denuncia permitió activar las diligencias penales.

La entidad había ordenado suspender las operaciones de la empresa en al menos cinco ocasiones, según la información suministrada por la Fiscalía.

El proceso deberá continuar ante las autoridades judiciales competentes, mientras los elementos recopilados durante las diligencias, incluidos los resultados de los peritajes ambientales y los materiales encontrados en las instalaciones, permanecen como parte de las evidencias relacionadas con los hechos investigados.

La Fiscalía General de la Nación reiteró que las actuaciones se adelantaron con apoyo de la Policía Nacional y que los cargos fueron aceptados por los cinco procesados.