Fiscal de Estados Unidos reaccionó a extradición de alias Mocho Olmedo, exgestor de paz en gobierno Petro

Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, confirmó la llegada del requerido a territorio estadounidense y se pronunció sobre el proceso judicial que enfrentará por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al movimiento de recursos de origen ilícito.

“Un líder del grupo disidente de las FARC-EP Frente 33 ha sido extraditado de Colombia al Distrito Sur de Florida para enfrentar cargos federales por su presunto papel en una conspiración internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero”, expresó el funcionario en su cuenta de X, según la traducción de su publicación.

El representante de la justicia estadounidense también se refirió a las acciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional. “Este caso refleja el compromiso de nuestra nación con la persecución de redes criminales transnacionales dondequiera que operen y con garantizar que aquellos que trafican drogas peligrosas hacia Estados Unidos sean llevados ante la justicia”, manifestó.

La extradición de Mocho Olmedo se concretó junto con la entrega de otros seis colombianos solicitados por autoridades estadounidenses por investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

Entre los extraditados figuran alias Cholo Banano, identificado como uno de los principales financiadores del clan del Golfo, y alias Choco o Ñato, señalado de prestar servicios a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El traslado de Mocho Olmedo fue posible después de que el Gobierno nacional dejara sin efecto su nombramiento como gestor de paz, condición que había impedido ejecutar la extradición durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

El 26 de agosto, pocos días después de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella firmó la resolución mediante la cual revocó esa designación y permitió reactivar el procedimiento de entrega a las autoridades estadounidenses.

Durante el gobierno anterior, el señalado cabecilla del Frente 33 había sido incorporado al programa de gestores de paz, en el marco de los acercamientos con las disidencias de las Farc impulsados por la política de paz total.

Su participación como supuesto negociador de esa estructura armada había sido utilizada como fundamento para suspender el trámite de extradición, pese al requerimiento formulado por la justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con los registros judiciales mencionados en el caso, Mocho Olmedo deberá responder por su presunta intervención en una conspiración internacional que habría permitido movilizar varios kilogramos de cocaína y transferir ganancias provenientes de actividades ilícitas entre distintos países.

El presidente De la Espriella también se pronunció sobre la extradición y atribuyó al señalado integrante de las disidencias responsabilidades en hechos de violencia contra la población civil.

“Entre ellos se encuentra alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos”, afirmó el mandatario al informar sobre la entrega de los siete colombianos.

En su declaración, el jefe de Estado anunció que su administración continuará las acciones contra las organizaciones criminales y sus estructuras financieras.

“No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia”, sostuvo.

La situación jurídica de Mocho Olmedo también había sido objeto de investigaciones periodísticas relacionadas con las decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Un expediente de más de 160 páginas elaborado a partir de documentos oficiales, reveló actuaciones administrativas relacionadas con su salida de prisión.

Según la documentación divulgada, el entonces director nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, remitió comunicaciones a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para solicitar que la Fiscalía asumiera la custodia de Henao Gutiérrez, identificado como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

Las gestiones estuvieron relacionadas con su condición de gestor de paz, otorgada por el Ejecutivo anterior dentro de la estrategia de negociación con organizaciones armadas ilegales.
 

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