Senadora María Clara Posada rechaza solicitud de rectificación de Iris Marín por denuncias contra la JEP

La senadora María Clara Posada Caicedo rechazó la solicitud de rectificación que recibió de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, por sus declaraciones y la divulgación de videos correspondientes a audiencias reservadas de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”, antiguo comandante de las FARC. La congresista anunció que mantendrá sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y continuará examinando las actuaciones, los gastos y los procedimientos de ese organismo judicial.

La posición quedó consignada en una carta fechada el 24 de octubre, dirigida a Marín y a Paula Cristina Aponte Urdaneta, identificada en el documento como defensora del Pueblo encargada.

En la comunicación, Posada sostuvo que sus actuaciones están amparadas por la libertad de expresión y las facultades constitucionales de control político que corresponden a los integrantes del Congreso de la República.

La controversia surgió después de que la congresista difundiera imágenes de diligencias judiciales relacionadas con el antiguo jefe guerrillero y cuestionara el trato recibido por este durante las audiencias.

La defensora del Pueblo solicitó una rectificación, según lo expuesto por la senadora, quien considera que esa intervención pretende limitar sus opiniones y sus investigaciones sobre la justicia transicional.

“He recibido su comunicación. Rechazo que se pretenda someter mis opiniones y responsabilidades constitucionales a la interpretación que usted considera aceptable”, señaló Posada al comienzo de su respuesta.

La congresista invocó los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución Política y la Ley 5.ª de 1992 para defender sus atribuciones como senadora. Según explicó, esas disposiciones respaldan su derecho a investigar las actuaciones de las entidades estatales, cuestionar el manejo de los recursos públicos y expresar opiniones sobre el funcionamiento de los organismos financiados con el presupuesto nacional.

“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, afirmó.

Posada también estableció una diferencia entre la rectificación de informaciones falsas y las exigencias que, a su juicio, buscan modificar opiniones críticas sobre las autoridades. En ese sentido, sostuvo que el desacuerdo con una valoración política o jurídica no constituye por sí mismo una razón para exigir su retractación.

La senadora ratificó sus cuestionamientos al tratamiento que observó en las imágenes de las audiencias de Rodrigo Londoño, quien integró la dirección de las Farc, organización responsable de secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano.

“Considero impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces”, manifestó en su comunicación.

Uno de los principales reparos de Posada se refiere a las diferencias que, según la información recopilada por su equipo, habrían existido entre las audiencias realizadas a antiguos integrantes de las FARC y las practicadas a miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP.

La congresista aseguró que algunos comparecientes de la antigua guerrilla participaron en diligencias reservadas, mientras que militares afrontaron audiencias públicas transmitidas en directo, con intervenciones y preguntas de asistentes.

Por esta razón, solicitó explicaciones sobre los criterios utilizados para determinar el carácter público o reservado de las diligencias y las garantías aplicadas a los comparecientes y las víctimas.

También cuestionó la rapidez con la que la Defensoría intervino frente a sus declaraciones, en contraste con lo que considera una falta de pronunciamientos sobre las garantías de los militares que han rechazado su responsabilidad por los hechos investigados por la justicia transicional.

Posada recordó que Iris Marín estuvo vinculada profesionalmente a la JEP como magistrada auxiliar y planteó que ese antecedente hace necesario explicar los criterios institucionales utilizados por la Defensoría al pronunciarse sobre controversias relacionadas con esa jurisdicción.

La congresista aclaró en su carta que las relaciones profesionales anteriores no constituyen por sí mismas una prueba de parcialidad, aunque insistió en la importancia de garantizar la independencia de las actuaciones de la entidad encargada de proteger los derechos humanos.

Otro de los asuntos planteados por Posada corresponde al cumplimiento de los compromisos de entrega de bienes asumidos por las antiguas FARC para contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Según las cifras mencionadas por la senadora, estaría pendiente la entrega del 81,8 % de los bienes inmuebles y del 96,5 % de los bienes muebles comprometidos por la antigua organización guerrillera. Estos porcentajes forman parte de sus cuestionamientos y requieren contrastarse con los registros oficiales sobre inventarios, bienes entregados y obligaciones efectivamente exigibles.

La congresista preguntó qué seguimiento ha realizado la Defensoría del Pueblo a esos compromisos y a los derechos de las víctimas que esperan medidas de reparación.

Posada también trasladó la controversia al manejo presupuestal y contractual de la JEP, una entidad cuyo funcionamiento, costos administrativos, contratación y resultados judiciales han sido objeto de debates de control político.

En su comunicación mencionó la contratación realizada mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mecanismo a través del cual, según la información que afirma haber denunciado, se habrían ejecutado $201.467 millones.

La senadora sostuvo que ha formulado interrogantes sobre la publicidad de esos contratos, los mecanismos de vigilancia de los recursos, las restricciones legales aplicables y los efectos de las inmunidades que pueden corresponder a los organismos internacionales involucrados.

La cifra mencionada por Posada corresponde a su denuncia y no constituye, por sí misma, prueba de irregularidades en la ejecución de esos recursos.

La controversia sobre la contratación se suma a los cuestionamientos que la congresista ha formulado sobre el costo de funcionamiento de la justicia transicional, la duración de los procedimientos y los resultados obtenidos en los procesos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En ese escenario, la JEP tiene a su cargo la investigación, el juzgamiento y la imposición de sanciones por los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado, dentro de las competencias establecidas en el Acuerdo Final de Paz y su desarrollo constitucional y legal. Su labor también comprende la participación de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades y la adopción de medidas restaurativas y reparadoras.

La duración de los macrocasos, las condiciones de comparecencia de antiguos guerrilleros y agentes estatales, las sanciones y el cumplimiento de los compromisos de reparación han motivado reclamaciones de distintos sectores y organizaciones de víctimas. Estas controversias abarcan tanto la exigencia de resultados judiciales como las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En la parte final de su carta, Posada advirtió que la confrontación institucional alrededor de sus denuncias podría incrementar los riesgos que, según afirma, enfrenta por sus actividades de control político.

La senadora señaló que considera especialmente delicado que una entidad encargada de defender los derechos de los ciudadanos pueda contribuir, mediante sus actuaciones, a aumentar su exposición a amenazas o a deslegitimar sus denuncias.

“Seguiré examinando gastos, denunciando irregularidades sustentadas y reclamando explicaciones, con argumentos y pruebas”, expresó.

Posada solicitó a la defensora del Pueblo actuar con independencia y prudencia institucional, incluso frente a quienes sostienen posiciones contrarias a las suyas. Asimismo, manifestó que la defensa de la autonomía judicial no excluye el escrutinio público sobre los magistrados, los procedimientos y la utilización de recursos estatales.

La congresista cerró su comunicación con una afirmación dirigida a reivindicar las competencias de ambas instituciones: “La independencia judicial merece respeto. La independencia del Congreso, también”.

Con esta respuesta, María Clara Posada mantuvo su negativa a rectificar sus declaraciones y reiteró que continuará promoviendo cuestionamientos sobre las actuaciones de la JEP, el tratamiento a los comparecientes, el cumplimiento de los compromisos de las antiguas FARC y el manejo de los recursos públicos destinados al funcionamiento de la justicia transicional.

Como antecedente adicional, el 17 de octubre la JEP rechazó las acusaciones de Posada sobre presuntos gastos excesivos en viajes y explicó que los $56.435 millones cuestionados financiaron más de 21.425 actividades institucionales entre 2018 y julio de 2026, incluidas audiencias, desplazamientos territoriales, acompañamiento a víctimas y diligencias judiciales. La senadora mantuvo sus reparos y reclamó información detallada sobre los desplazamientos y sus resultados.

La controversia también tiene como antecedente la audiencia reservada de Rodrigo Londoño del 14 de febrero de 2019, relacionada con el caso de secuestros. Posada cuestionó la actitud de los magistrados durante esa diligencia y defendió la divulgación de las grabaciones como parte de su ejercicio de control político.

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