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Gobierno reconocerá su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica durante acto en Santa Marta
En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado realizará un acto público para pedir perdón a las víctimas y reconocer su implicación en uno de los capítulos más dolorosos de la historia política colombiana.
El Gobierno colombiano realizará este domingo 9 de noviembre un acto público en la Plaza Bolívar de Santa Marta para reconocer oficialmente su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica (UP). La ceremonia, programada para las 6:30 p. m., busca cumplir con una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y avanzar en el proceso de verdad, memoria y reparación a las víctimas de la violencia política.
El evento es organizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y contará con la presencia de altos funcionarios, sobrevivientes, familiares de víctimas y representantes de organismos internacionales. Según la Cancillería, este reconocimiento constituye un paso esencial para saldar la deuda histórica con las miles de personas asesinadas o desaparecidas por su militancia en la UP.
La Unión Patriótica nació en 1985 como fruto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, con el propósito de permitir la participación política de sectores marginados. Sin embargo, entre 1984 y 2002, el movimiento sufrió un exterminio sistemático: más de 3.000 militantes fueron asesinados, entre ellos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.
El presidente Gustavo Petro ha elevado la cifra a 6.200 víctimas, incluyendo obreros, maestros y estudiantes, y ha señalado que los crímenes fueron ejecutados por una alianza entre el narcotráfico y sectores estatales. “El mundo debe saber que en Colombia hubo un exterminio de la izquierda”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
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La sentencia emitida por la Cidh en 2022 calificó los hechos como un “genocidio político” y determinó que el Estado colombiano fue responsable, por acción y omisión, de graves violaciones a los derechos humanos. El tribunal ordenó al país realizar actos de reconocimiento público, crear un plan de búsqueda de desaparecidos y garantizar condiciones seguras para la participación política sin discriminación.
El acto en Santa Marta representa el cumplimiento de una de esas medidas y, para los familiares de las víctimas, una reivindicación tras décadas de lucha por justicia. La Cancillería destacó que este evento simboliza el compromiso del Estado con la construcción de una democracia más incluyente y con el fortalecimiento del respeto por la diferencia política.
En palabras de Petro, la ceremonia será “un acto de perdón ante la historia”, un paso necesario para asegurar que hechos como el exterminio de la UP no se repitan en Colombia.
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