General (r) Óscar Murillo asegura que el Eln pidió su salida del Ejército

El general en retiro Óscar Murillo, quien se desempeñó como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, aseguró que su salida de la institución no obedeció únicamente a decisiones administrativas, sino que habría estado relacionada con exigencias planteadas por el grupo terrorista Eln durante los acercamientos de paz adelantados por el Gobierno nacional.

El oficial también denunció la existencia de presuntos seguimientos y perfilamientos contra altos mandos militares desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), afirmaciones que se suman a un debate que volvió a cobrar fuerza tras recientes revelaciones periodísticas sobre la reestructuración de la cúpula militar ocurrida en 2022.

Murillo expuso en Noticias RCN su versión sobre las circunstancias que rodearon su retiro del servicio activo y cuestionó algunas decisiones adoptadas durante la administración del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Según relató el oficial retirado, durante el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno y el Eln, integrantes de esa organización armada habrían solicitado expresamente que fuera apartado del Ejército.

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En su testimonio sostuvo que en la mesa de negociación esa guerrilla pidió su salida debido a las operaciones militares que lideró contra estructuras ilegales en diferentes regiones del país.

Murillo explicó que durante su carrera participó en operaciones dirigidas contra el Eln, el Clan del Golfo y las antiguas Farc, especialmente en departamentos como Antioquia, Córdoba y Chocó, donde se desarrollaron acciones militares que permitieron capturas, neutralizaciones y afectaciones a las estructuras de esas organizaciones armadas.

En ese contexto afirmó que las acciones adelantadas por las tropas bajo su mando afectaron intereses de esos grupos ilegales, razón por la cual considera que su permanencia en el Ejército se convirtió en un obstáculo para las pretensiones de dichas organizaciones durante los acercamientos con el Estado.

Recordó una conversación que sostuvo con el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la que solicitó explicaciones sobre las razones de su situación dentro de la institución militar.

De acuerdo con su relato, planteó al ministro las inquietudes que tenía respecto a los cambios que se estaban produciendo y preguntó qué estaba ocurriendo con su caso.

Según Murillo, la respuesta que recibió fue la expresión: “Donde manda capitán, no manda marinero”, frase que interpretó como una señal de que la decisión ya estaba tomada y que no existía posibilidad de modificarla.

El general retirado manifestó que nunca recibió una explicación detallada sobre las razones de su desvinculación y sostuvo que continúa convencido de que factores externos influyeron en la decisión adoptada por el alto mando y el Gobierno.

A las afirmaciones relacionadas con su retiro añadió una denuncia sobre presuntas actividades de seguimiento a oficiales de alto rango por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia.

En sus declaraciones aseguró que esa entidad habría realizado perfilamientos a varios generales del Ejército y cuestionó el supuesto papel que, según él, desempeñó un oficial de menor rango dentro de ese proceso.

Murillo mencionó específicamente al coronel Juan Carlos Maso Giraldo y aseguró que un funcionario de alto nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia habría mantenido comunicación con ese oficial para emitir conceptos relacionados con generales del Ejército.

El excomandante cuestionó que un coronel tuviera participación en asuntos relacionados con evaluaciones sobre oficiales de mayor jerarquía y señaló que, a su juicio, la Dirección Nacional de Inteligencia adelantó labores de perfilamiento sobre integrantes de la cúpula militar.

Hasta el momento, esas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión entregada por el general en retiro y no han sido respaldadas públicamente mediante pronunciamientos oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia ni de otras entidades estatales.

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También sostuvo que no habría sido el único oficial afectado por este tipo de decisiones. Según manifestó, otros generales igualmente habrían salido del servicio en circunstancias similares y consideró que organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo pudieron influir indirectamente en algunos relevos dentro de las Fuerzas Militares.

Las declaraciones del oficial retirado coinciden con un nuevo momento de discusión pública sobre la reestructuración militar realizada al inicio del actual Gobierno, proceso que implicó el retiro de decenas de generales y almirantes pocas semanas después de la posesión presidencial en agosto de 2022.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, documentos y audios conocidos recientemente plantean interrogantes sobre la relación temporal entre esa reestructuración y posteriores acercamientos del Gobierno con representantes del Clan del Golfo dentro de la política de paz.

Según ese informe periodístico, dos semanas después de oficializarse la salida de varios altos oficiales se produjo una reunión entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y emisarios de esa organización criminal.

La cercanía entre ambos hechos dio origen a nuevas preguntas sobre las motivaciones que rodearon la modificación de la cúpula militar.

La información divulgada por ese medio sostiene que algunos documentos analizados indicarían que uno de los propósitos de la reorganización consistía en evitar obstáculos internos frente a los procesos de acercamiento que el Gobierno pretendía desarrollar con distintos grupos armados ilegales.

La reestructuración fue una de las mayores modificaciones realizadas en la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía durante los últimos años. En total fueron retirados o relevados 35 oficiales de alto rango pertenecientes al Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

En el caso del Ejército, la medida alcanzó a comandantes de divisiones, brigadas, comandos conjuntos y dependencias estratégicas, permitiendo la designación de nuevos oficiales dentro de la estructura de mando.

Entre los generales retirados figuraban el mayor general Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, quien ocupaba la Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas; el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, comandante del Comando Conjunto No. 2; el brigadier general Olveiro Mahecha Pérez, comandante del Comando Conjunto No. 3; y la mayor general María Paulina Leguizamón Zárate, quien ejercía funciones en la Subjefatura del Estado Mayor Jurídico Institucional, además de otros oficiales de diferentes unidades.

En ese momento, el entonces comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, informó oficialmente los cambios mediante un comunicado institucional. La decisión fue presentada como parte de la implementación de la política gubernamental denominada "Seguridad Humana por la Paz, el Desarrollo y los Derechos Humanos", orientada a reorganizar la estructura de mando conforme a los lineamientos definidos por la nueva administración.

El documento oficial señalaba que los nombramientos y relevos respondían a la necesidad de alinear la conducción estratégica de las Fuerzas Militares con las políticas fijadas por el Gobierno nacional y con el nuevo enfoque de seguridad planteado desde el Ejecutivo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, diversos sectores políticos y algunos oficiales retirados comenzaron a cuestionar si detrás de esa reorganización existieron motivaciones adicionales relacionadas con la estrategia de negociación impulsada por el Gobierno frente a organizaciones armadas ilegales.

Las recientes declaraciones del general (r) Óscar Murillo alimentan nuevamente ese debate al plantear que su salida habría obedecido a exigencias formuladas por el Eln durante los acercamientos con el Estado y no únicamente a decisiones administrativas propias del relevo institucional.

En el plano judicial, Noticias RCN informó que el oficial retirado interpuso una acción de tutela y una demanda contra el Estado colombiano y el Ministerio de Defensa. Con esas actuaciones busca que se determine si durante su retiro fueron vulnerados derechos fundamentales y garantías relacionadas con el debido proceso.

El mismo medio señaló que intentó obtener una respuesta del exministro de Defensa Iván Velásquez frente a los señalamientos formulados por Murillo; sin embargo, indicó que hasta el momento de la emisión del informe periodístico no había recibido un pronunciamiento del exfuncionario.

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