Faltan $303 billones para financiar el Presupuesto de 2026: pormenores de la difícil situación fiscal de Colombia

La Contraloría General de la República emitió una nueva advertencia sobre el estado de las finanzas públicas al señalar que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026 presenta un faltante de financiación de $303 billones, equivalente al 54,5% del total aprobado.

El organismo de control sostuvo que esta situación refleja los desafíos que enfrenta el Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones presupuestales y mantener la estabilidad de las cuentas fiscales durante el próximo año.

El pronunciamiento fue realizado tras la revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y del comportamiento reciente de la deuda pública, documentos que, según la entidad, permiten evaluar la capacidad del Estado para atender los compromisos previstos en el presupuesto nacional y medir los riesgos asociados a la evolución de los ingresos, el gasto y el endeudamiento.

De acuerdo con las cifras analizadas por la Contraloría, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones con corte al 16 de junio de 2026. De ese monto, únicamente se encuentran financiados $252,68 billones, por lo que aún resta asegurar recursos por aproximadamente $303 billones para completar la totalidad del presupuesto aprobado.

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El organismo explicó que este escenario obliga a realizar un seguimiento permanente sobre la evolución de los ingresos fiscales y la disponibilidad de recursos, debido a que cualquier desviación frente a las metas de recaudo podría traducirse en ajustes sobre el gasto público o en mayores necesidades de financiamiento mediante deuda.

Uno de los principales aspectos expuestos por la Contraloría corresponde a la disminución de las expectativas de recaudo tributario para la presente vigencia. Mientras el Presupuesto General fue construido con una meta de ingresos tributarios de $321,46 billones, el Ministerio de Hacienda modificó posteriormente esa proyección en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la redujo hasta $294,28 billones.

La diferencia entre ambas estimaciones asciende a $27,18 billones, lo que representa un desfase entre la programación presupuestal inicialmente aprobada y las nuevas proyecciones fiscales elaboradas por el Gobierno Nacional.

Según el ente de control, este cambio obedece a una revisión de las perspectivas de ingresos, incluso considerando los tributos incorporados mediante las declaratorias de emergencia económica expedidas durante diciembre de 2025 y febrero de 2026.

El informe también evidencia que, al 16 de junio de este año, el recaudo tributario efectivo alcanzaba $138,17 billones, una cifra que se encuentra alrededor de $32 billones por debajo de la meta prevista para ese periodo del calendario fiscal.

Frente a este comportamiento, la Contraloría advirtió que, si el Gobierno no logra obtener recursos adicionales mediante nuevas fuentes de ingreso o mayores niveles de recaudo, será necesario efectuar reducciones sobre el gasto público para mantener el equilibrio de las finanzas estatales.

El organismo indicó que, como mínimo, el ajuste del gasto debería corresponder al mismo valor en que fueron reducidas las proyecciones oficiales de recaudo tributario.

Otro de los puntos abordados en el análisis corresponde a la revisión realizada por el Ministerio de Hacienda sobre las perspectivas de ingresos del Gobierno Nacional Central para los próximos años.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo muestra que las proyecciones de ingresos para 2026 pasaron de representar el 18,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) a equivaler únicamente al 16,1 % del PIB, lo que significa una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente a las estimaciones realizadas un año atrás.

En términos monetarios, este ajuste representa una reducción cercana a $25,4 billones respecto de las expectativas iniciales de recaudo.
Para la Contraloría, estas modificaciones ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las metodologías utilizadas para proyectar los ingresos fiscales, con el propósito de disminuir la posibilidad de realizar ajustes significativos durante la ejecución del presupuesto.

El organismo sostuvo que las estimaciones fiscales deben construirse utilizando criterios técnicos y escenarios realistas que permitan una programación más consistente de las finanzas públicas.

La entidad recordó además que el Marco Fiscal de Mediano Plazo correspondiente a 2026 constituye el último elaborado por la actual administración nacional y señaló que la estrategia para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de 2027 será responsabilidad del próximo gobierno.

En ese contexto, la Contraloría planteó que las futuras decisiones deberán combinar medidas relacionadas con el fortalecimiento de los ingresos, el control del gasto y políticas que impulsen el crecimiento económico para ampliar la capacidad productiva del país.

El informe también expresa preocupación por el comportamiento de la inversión pública durante la presente vigencia.
Con corte al 25 de junio de 2026, varios sectores considerados prioritarios presentan niveles de ejecución inferiores a los esperados.

El sector Transporte registra una ejecución del 10,8 %, mientras que Salud alcanza el 9,48 %, porcentajes que, según la entidad, reflejan un ritmo lento en la utilización de los recursos destinados a programas y proyectos.

La Contraloría indicó que esta situación adquiere mayor relevancia debido al rezago existente en el pago de reservas presupuestales provenientes del año anterior.

Las cifras muestran que, al cierre de mayo de 2026, permanecían pendientes de pago el 48 % de las reservas presupuestales correspondientes a inversión y el 38 % de las reservas asociadas a gastos de funcionamiento constituidas durante la vigencia 2025.

De acuerdo con el organismo de control, la permanencia de estas obligaciones pendientes continúa generando presión sobre la disponibilidad de caja del Gobierno Nacional, lo que limita el margen de maniobra para atender nuevos compromisos presupuestales.

En materia de endeudamiento, la Contraloría informó que el ritmo de contratación de deuda pública continúa aumentando.

La entidad explicó que, al incorporar las subastas realizadas durante junio por $11,41 billones, junto con las emisiones y operaciones acumuladas hasta mayo, el Gobierno Nacional ya había comprometido el 76 % del cupo autorizado para endeudamiento de largo plazo.

Ese porcentaje corresponde a operaciones por $64,79 billones, cifra superior a los $47,28 billones comprometidos durante el mismo periodo de 2025.

Como parte del seguimiento realizado a la Función de Advertencia emitida previamente sobre la evolución de la deuda pública, la Contraloría informó que notificó observaciones con alcance disciplinario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al director general de Crédito Público, Javier Cuéllar.

Tras estudiar los argumentos presentados por ambos funcionarios, el equipo auditor concluyó que las observaciones iniciales permanecían vigentes y decidió mantener el hallazgo disciplinario.

El organismo anunció que continuará monitoreando las condiciones del mercado financiero, la evolución del endeudamiento estatal y el cumplimiento de la programación establecida para las emisiones de deuda, con el fin de verificar que las operaciones permanezcan dentro de los límites autorizados por la legislación vigente.

El informe también analiza la distribución de la ejecución presupuestal entre los diferentes componentes del gasto público.

Según las cifras recopiladas al 25 de junio, el servicio de la deuda presenta el mayor nivel de ejecución dentro del Presupuesto General de la Nación con un avance del 47,1 %.

Le siguen los gastos de funcionamiento, que alcanzan el 41,4 %, mientras que la inversión registra una ejecución del 29,1 %.

Para la Contraloría, este comportamiento evidencia que una parte importante de los recursos públicos continúa destinándose al cumplimiento de obligaciones financieras previamente adquiridas.

La entidad reiteró que la existencia de déficits primarios contribuye al incremento del endeudamiento del Estado y consideró necesario avanzar hacia un mayor equilibrio entre ingresos y gastos mediante un incremento del recaudo tributario, una reducción del gasto primario y una administración presupuestal basada en criterios de eficiencia, eficacia y economía.

El organismo de control también formuló observaciones sobre los supuestos macroeconómicos incorporados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El documento elaborado por el Gobierno proyecta que la economía colombiana crecerá por encima de su Producto Interno Bruto potencial durante el periodo comprendido entre 2028 y 2037.

Sin embargo, la Contraloría manifestó reservas frente a esa hipótesis al señalar que el crecimiento promedio previsto es de aproximadamente 2,8 % anual, porcentaje que, a su juicio, podría resultar insuficiente para reducir de manera sostenida la deuda pública y disminuir los niveles de desempleo en un entorno caracterizado por tasas de interés relativamente altas.

El organismo recordó además que durante el primer trimestre de 2026 la economía colombiana registró un crecimiento de 2,2 %, cifra que refleja una desaceleración frente a las expectativas planteadas en algunos escenarios oficiales.

La Contraloría añadió que durante el resto del año podrían presentarse factores internos capaces de afectar la actividad económica, entre ellos un eventual impacto del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola.

No obstante, el informe señala que el gasto público podría seguir aportando al crecimiento económico durante los próximos meses, debido a que un eventual proceso de ajuste fiscal derivado del cambio de administración no tendría efectos inmediatos sobre la economía ni sobre las finanzas públicas.