Fuerte columna en The Wall Street Journal sobre Colombia: “Un narcoestado florece”

El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó este domingo 15 de junio una columna de opinión escrita por Mary Anastasia O’Grady, en la que se analiza el incremento de la violencia en Colombia, los factores que la alimentan y las decisiones gubernamentales que, según la autora, habrían contribuido al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales.

Bajo el título “El auge de los narcoterroristas en Colombia”, el texto traza un panorama en el que se denuncia el resurgimiento del crimen organizado y su expansión territorial, con consecuencias directas sobre la estabilidad política y democrática del país.

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La columna señala como punto de partida el atentado armado ocurrido el 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El hecho, que dejó al dirigente político en estado crítico tras recibir varios disparos en la cabeza, es presentado por el diario como una muestra del deterioro institucional y del entorno de seguridad que enfrenta la clase dirigente y los actores democráticos en general.

La autora plantea que, si bien se desconocen los responsables concretos del ataque, es posible vincular el hecho con redes delictivas interesadas en desestabilizar el orden constitucional.

El artículo indica que el país atraviesa una fase de violencia comparable con las décadas de mayor intensidad del conflicto armado. Aunque se reconoce que muchas de las confrontaciones y hechos violentos se concentran en zonas rurales, también se advierte que los efectos se expanden hacia centros urbanos y regiones estratégicas del país.

En ese contexto, el atentado contra Uribe Turbay es presentado como una advertencia sobre el alcance que pueden tener los grupos armados en medio del proceso político.

La columna de opinión dedica varios apartados al análisis de las políticas implementadas por el actual presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder en 2022.

En especial, se cuestiona su estrategia de diálogo con estructuras armadas, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes su gobierno ha promovido un proceso de negociación que incluyó, entre otras medidas, la suspensión de órdenes de captura, el bloqueo de solicitudes de extradición y la declaración de un cese al fuego bilateral en 2023.

Según el texto, estas decisiones habrían tenido como consecuencia el fortalecimiento del ELN, que habría incrementado su presencia y capacidad operativa, especialmente en zonas fronterizas como el Catatumbo, donde se han consolidado alianzas con elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Se cita en particular la relación del grupo con el gobierno de Nicolás Maduro, al que se presenta como un actor activo en el negocio del narcotráfico regional, al igual que ocurre en territorios ecuatorianos donde la minería ilegal también ha cobrado protagonismo.

Uno de los ejes centrales de la columna es el crecimiento de la producción y distribución de cocaína en Colombia. Con base en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se informa que en 2023 la producción potencial de cocaína aumentó un 53 % con respecto al año anterior.

Asimismo, se indica que las áreas sembradas con cultivos de coca en un radio cercano a centros poblados se expandieron a aproximadamente 209.000 hectáreas, cifra que supera las 189.000 de 2022 y multiplica por más de cinco los registros de 2013, cuando se contaban 37.000 hectáreas en esas zonas.

Este fenómeno es interpretado en la columna como un indicio del avance de economías ilegales y de la consolidación de redes de narcotráfico con capacidad para influir sobre dinámicas territoriales y decisiones políticas. Bajo esa perspectiva, la autora utiliza la expresión “un narcoestado florece” para resumir el diagnóstico que presenta sobre la situación actual del país.

La publicación estadounidense sostiene que la combinación entre permisividad frente a actores armados, debilitamiento institucional y crecimiento de cultivos ilícitos ha configurado un escenario en el que la violencia no solo se intensifica, sino que amenaza con alterar el funcionamiento democrático y el control del Estado sobre su territorio.

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