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Corte confirma condena contra exsenador Luis Alberto Gil por intervenir en extradición de Jesús Santrich

El excongresista deberá cumplir 54 meses de prisión por intentar influir ilegalmente en procesos de la JEP.

Tuerto Gil
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 08/05/2026 - 15:19 Créditos: Tomada de Colprensa / excongresista Luis Alberto Gil Castillo

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 54 meses de prisión contra el excongresista Luis Alberto Gil Castillo por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y el 1 de marzo de 2019, Gil Castillo se concertó con otras personas con el objetivo de cometer distintos delitos contra la administración pública y la seguridad pública.

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La Sala determinó que el exsenador intervino ilegalmente ante el entonces fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Julián Bermeo Casas, con el fin de favorecer a personas con procesos en esa jurisdicción. Según el fallo, estas gestiones seguían un patrón similar al evidenciado en actuaciones previas relacionadas con el proceso del exguerrillero de las Farc Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como alias Jesús Santrich.

En la sentencia, la Corte concluyó que Gil Castillo, sin tener la competencia legal, gestionó de manera indebida el uso de la función pública que ejercía el fiscal Bermeo Casas. El propósito era incidir en otros funcionarios de la JEP para interferir en el normal desarrollo de procesos judiciales y obtener beneficios económicos irregulares.

“El implicado gestionó el uso indebido de la función pública (…) para la ejecución de actos tendientes a torpedear el normal desarrollo de procesos judiciales (…) y obtener un provecho económico irregular”, señala el fallo.

Finalmente, la Corte Suprema indicó que durante el proceso no se evidenció vulneración de los derechos y garantías del excongresista, al considerar que las actuaciones del fiscal delegado, los jueces de control de garantías y los falladores de instancia se ajustaron a la ley.

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