Fiscalía imputa a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro 2022

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales a Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña Petro Presidente 2022. Según el ente acusador, se habrían presentado irregularidades en la financiación que superan los límites establecidos por la autoridad electoral.

Durante la audiencia, que luego fue suspendida, el fiscal del caso aseguró que la campaña superó los topes tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, con base en registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el aplicativo obligatorio “Cuentas Claras”.

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Para la primera vuelta, realizada en mayo de 2022, la Fiscalía indicó que la campaña habría ejecutado gastos por $29.924 millones, superando el límite permitido de $28.500 millones. Esto representaría un exceso de $1.388 millones. Sin embargo, lo reportado oficialmente fue de $28.384 millones, una cifra inferior a los gastos reales.

En la segunda vuelta, celebrada en junio de 2022, también se detectaron inconsistencias. Según la Fiscalía, la campaña reportó gastos por $13.199 millones, pero estos no reflejarían la realidad económica, ya que parte de los costos ejecutados no fueron incluidos en los informes oficiales.

El ente investigador señaló además que dentro de los gastos no reportados se encuentran rubros como desayunos, alojamientos, actos proselitistas y viajes, los cuales habrían incidido en el aumento del costo total de la campaña.

Como parte de la investigación, la Fiscalía concluyó que se habría intentado manipular la información financiera, trasladando gastos de la primera vuelta a la segunda y viceversa, con el fin de evitar superar los topes establecidos por el CNE.

“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña, habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado”, indicó el fiscal durante la imputación, al atribuirle responsabilidad directa a Roa Barragán en el manejo de los recursos.

El caso se suma a las investigaciones en curso sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y podría tener implicaciones judiciales y políticas en el país.

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