Denuncian penalmente a Juliana Guerrero por elección del rector de la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero fue denunciada penalmente junto a otros cuatro integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por su participación en la elección de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la institución.

Esta demanda se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el nombramiento de Echevarría, al determinar que no acreditó la experiencia mínima requerida en educación superior.

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La denuncia, presentada por el abogado Belisario Jiménez Lúquez ante la Fiscalía General de la Nación, solicita que se investigue a los implicados por los presuntos delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir, al considerar que conocían que el candidato no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo.

Jiménez también cuestionó la forma en que se desarrolló la sesión en la que fue elegido el rector: "Concierto para delinquir porque ellos se pusieron de acuerdo para elegir al rector en una sesión de apenas ocho minutos, sin evaluar hojas de vida ni estudiar ninguna otra consideración", afirmó.

Además de Juliana Guerrero, la denuncia también fue presentada contra Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministerio de Educación; Marlon José Bastidas Barranco, representante de los docentes; Armando Luis Cotes de Armas, representante de las directivas académicas, y Óscar Pacheco Hernández, representante de los exrectores.

Hasta el momento, ninguna de estas personas se ha pronunciado sobre las acusaciones.

Esta controversia también generó reacciones en la política, puesto que la recién electa senadora Jennifer Pedraza, quien ha cuestionado en varias oportunidades la gestión de Juliana Guerrero, señaló a través de sus redes sociales que, pese a enfrentar un proceso de imputación de cargos por otros hechos, continúa siendo la delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Recordemos que Guerrero enfrenta otro proceso ante la Fiscalía por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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