Antonio Navarro Wolff y Gustavo Petro: las diferencias entre dos exintegrantes del M-19

Gustavo Petro Urrego y Antonio Navarro Wolff compartieron su militancia en el Movimiento 19 de Abril (M-19), participaron en la transición de esa organización guerrillera hacia la actividad política legal y coincidieron durante varias décadas en proyectos de izquierda. Sin embargo, sus trayectorias terminaron mostrando diferencias en la manera de ejercer el liderazgo, construir alianzas, promover reformas y relacionarse con las instituciones del Estado.

Aunque ambos defendieron la transformación política y social de Colombia, sus posiciones se distanciaron en asuntos fundamentales. Petro desarrolló una carrera caracterizada por la confrontación política con sectores tradicionales y la promoción de reformas estructurales, mientras Navarro dio especial importancia a los acuerdos entre distintas fuerzas políticas, la gestión administrativa y la aplicación de la Constitución de 1991.

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Las diferencias tienen antecedentes en sus responsabilidades dentro del M-19. Navarro, nacido en Pasto en 1948, ingresó a la organización en 1974 y alcanzó posiciones de dirección nacional.

Fue uno de los principales dirigentes de la guerrilla, participó en las negociaciones de paz y llegó a ocupar el segundo lugar en su estructura de mando bajo el liderazgo de Carlos Pizarro Leongómez.

Petro, nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, en 1960, ingresó al M-19 durante su juventud y desarrolló buena parte de su actividad política en Zipaquirá, Cundinamarca.

Allí fue personero y concejal, mientras avanzaba en las estructuras políticas de la organización insurgente. Llegó a integrar la dirección regional central, pero no tuvo la misma posición de mando nacional que alcanzó Navarro.

Esta diferencia resulta relevante para comprender sus respectivas responsabilidades en el proceso de paz. Navarro estuvo directamente vinculado con la conducción nacional del movimiento y las negociaciones que permitieron su desmovilización en 1990.

Petro participó en la actividad política de la organización y respaldó su tránsito hacia la legalidad, pero no encabezó las negociaciones nacionales.

El asesinato de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990, convirtió a Navarro en una de las figuras centrales de la transformación política del antiguo movimiento guerrillero.

Tras la muerte del candidato presidencial, asumió su candidatura y obtuvo cerca del 12,7 % de los votos en las elecciones de ese año.

Posteriormente, Navarro fue elegido integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ejerció una de sus tres presidencias, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. Petro, por su parte, no fue miembro de ese organismo. Su llegada al Congreso se produjo después, cuando fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca en las elecciones de 1991.

La diferencia sobre la participación en la Constituyente llegó a convertirse en una controversia pública. En marzo de 2022, Navarro precisó que Petro no había sido integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque admitió que pudo haber asistido a algunas de sus sesiones.

La aclaración respondió a afirmaciones del entonces candidato presidencial sobre su participación en el proceso constitucional.

El debate sobre la Constitución de 1991 constituye uno de los puntos de mayor distancia entre los antiguos integrantes del M-19. Navarro ha defendido reiteradamente la vigencia de esa carta política, que considera un instrumento suficiente para desarrollar transformaciones sociales, económicas y democráticas.

Petro, en cambio, planteó durante su Presidencia la posibilidad de impulsar un nuevo proceso constituyente, argumentando la necesidad de superar obstáculos institucionales y políticos que, desde su perspectiva, dificultaban la ejecución de las reformas promovidas por su administración.

En marzo de 2024, cuando Petro abrió el debate sobre una nueva Asamblea Constituyente, Navarro expresó públicamente que no consideraba necesario convocarla. Su posición partía de la defensa del texto constitucional que contribuyó a elaborar y de la posibilidad de introducir cambios mediante los mecanismos establecidos en la propia Constitución.

Navarro había sostenido anteriormente que la Constitución de 1991 contenía herramientas suficientes para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y democrática, pero que su desarrollo dependía de leyes, decisiones administrativas y políticas públicas.

Petro defendió una interpretación diferente sobre el alcance de las transformaciones alcanzadas en 1991. En su libro Una vida, muchas vidas, cuestionó las concesiones políticas realizadas durante el proceso constituyente, al considerar que el M-19 había renunciado a parte de sus aspiraciones revolucionarias para preservar los acuerdos que permitieron aprobar la nueva Constitución.

De esta manera, mientras Navarro reivindicó la Constitución de 1991 como uno de los principales resultados de la desmovilización del M-19, Petro puso el énfasis en los cambios sociales que, a su juicio, permanecían pendientes después de su promulgación.

Las diferencias también se manifestaron en el ejercicio del gobierno. Navarro acumuló experiencia como ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, congresista y secretario de Gobierno de Bogotá. Petro desarrolló una trayectoria como representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente de la República entre 2022 y 2026.

Durante su paso por la Gobernación de Nariño, entre 2008 y 2011, Navarro promovió mecanismos de participación ciudadana y presupuestos participativos. Estas iniciativas buscaron involucrar a las comunidades en las decisiones sobre la destinación de recursos públicos. Su experiencia administrativa estuvo vinculada con la descentralización y la concertación territorial.

Petro, por su parte, impulsó desde la Alcaldía de Bogotá y posteriormente desde la Presidencia proyectos de transformación social, económica y ambiental.

Entre sus principales propuestas estuvieron la modificación del sistema de salud, la reforma laboral, los cambios al régimen pensional y la transición energética.

Su administración presidencial enfrentó dificultades para conseguir acuerdos legislativos sobre algunas de estas iniciativas.

La relación entre ambos tuvo un episodio determinante en marzo de 2012, cuando Navarro renunció a la Secretaría de Gobierno de Bogotá, cargo que había asumido apenas tres meses antes por designación del entonces alcalde Petro.

La salida produjo especulaciones sobre diferencias relacionadas con el manejo político de la administración, la participación ciudadana y la intervención de asesores en las decisiones del gobierno distrital.

Sin embargo, ambos rechazaron públicamente esas versiones.
Navarro atribuyó su renuncia a razones personales y Petro lamentó su retiro. Años después, en una entrevista concedida a El Financiero en junio de 2022, Navarro reiteró que no había tenido diferencias con Petro y explicó que su salida estuvo relacionada con el riesgo de convertirse en objetivo de actuaciones del procurador de la época.

En esa misma entrevista, Navarro reconoció las capacidades políticas e intelectuales de Petro, pero señaló una dificultad que identificaba en su desempeño administrativo: la conformación de equipos de gobierno eficaces. Su observación se concentró en la necesidad de ejercer el poder mediante equipos de trabajo y estructuras administrativas capaces de ejecutar las decisiones.

Esta declaración permite identificar una diferencia de enfoque sobre la administración pública, aunque no demuestra por sí sola una ruptura personal. Navarro enfatizó la importancia de la gestión colectiva, mientras Petro desarrolló un liderazgo político con una participación directa y visible en la defensa de las principales decisiones de sus gobiernos.

Las diferencias electorales también fueron evidentes. Aunque ambos participaron en organizaciones surgidas de la desmovilización del M-19, sus proyectos políticos se separaron progresivamente.

En 1998, Petro llegó nuevamente a la Cámara de Representantes mediante el movimiento Vía Alterna, impulsado junto con Navarro. Posteriormente, ambos participaron en distintas iniciativas de reorganización de la izquierda colombiana.

Petro pasó por el Polo Democrático Alternativo, promovió el movimiento Progresistas y posteriormente consolidó Colombia Humana, que se convirtió en una de las principales fuerzas del Pacto Histórico.

Navarro, en cambio, participó en la construcción de la Alianza Verde y se vinculó con proyectos políticos que buscaron reunir sectores de centro y centroizquierda, incluidos dirigentes provenientes de tradiciones distintas a la izquierda.

La separación quedó especialmente expuesta durante la preparación de las elecciones presidenciales de 2022. Petro encabezaba el proyecto del Pacto Histórico, mientras Navarro se encontraba vinculado con la Coalición de la Esperanza, en la que participaban dirigentes como Sergio Fajardo y otros representantes de sectores alternativos.

Esta diferencia no implicaba que Navarro hubiera abandonado sus posiciones progresistas, sino que ambos dirigentes respaldaban estrategias electorales distintas para promover sus propuestas.

Otro punto de controversia surgió en junio de 2025, cuando Petro anunció su intención de convocar mediante decreto una consulta popular relacionada con la reforma laboral, después de que el Senado negara la iniciativa.

Navarro cuestionó públicamente la posibilidad de utilizar ese procedimiento sin que una autoridad judicial hubiera declarado ilegal la votación del Congreso.

El 4 de junio de 2025, el exconstituyente sostuvo que, en su opinión, el Gobierno no podía convocar la consulta por decreto mientras no existiera una decisión judicial que invalidara la actuación del Senado.

La posición de Navarro se concentró en el procedimiento constitucional, mientras el Gobierno defendía la necesidad de garantizar la participación ciudadana y cuestionaba la legalidad de la votación legislativa que había impedido avanzar con la consulta.

El desacuerdo reflejó dos aproximaciones a un mismo objetivo político: promover cambios laborales. Petro defendía la utilización de mecanismos de participación popular frente a las dificultades encontradas en el Congreso; Navarro insistía en que esos mecanismos debían ajustarse a las competencias y procedimientos previstos en la Constitución.

La controversia no estuvo relacionada únicamente con el contenido de la reforma, sino con las facultades del Ejecutivo frente a las decisiones del Legislativo.

Las diferencias volvieron a manifestarse el 26 de junio de 2025, cuando Navarro rechazó la necesidad de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que Petro había retomado en medio de los debates sobre sus reformas.

Navarro sostuvo que la Constitución vigente permitía realizar los cambios necesarios y utilizó la aprobación de la reforma laboral como ejemplo de que las transformaciones podían tramitarse mediante los mecanismos legislativos ordinarios.

La posición de Petro partía de una lectura diferente sobre las posibilidades de cambio dentro del sistema político colombiano. El mandatario consideraba que determinadas transformaciones requerían una intervención más amplia de la ciudadanía y había planteado la necesidad de modificar aspectos del diseño institucional.

En este punto resulta importante distinguir entre el debate político y las exigencias jurídicas. La Constitución de 1991 establece, en su artículo 376, un procedimiento para convocar una Asamblea Constituyente que incluye la aprobación de una ley por el Congreso y una posterior decisión popular.

Por tanto, las diferencias entre Petro y Navarro no pueden reducirse a estar a favor o en contra de la participación ciudadana. Ambos la han defendido a lo largo de sus carreras. El desacuerdo se relacionó con la necesidad de una nueva Constituyente y con los procedimientos que deben utilizarse para impulsar reformas institucionales.

La relación entre los dos dirigentes también muestra coincidencias que impiden presentar sus diferencias como una confrontación permanente. Ambos respaldaron la desmovilización del M-19, participaron en proyectos políticos comunes y defendieron la posibilidad de que antiguos integrantes de organizaciones armadas ejercieran responsabilidades públicas mediante procedimientos democráticos.

En una entrevista publicada por El Espectador en enero de 2012, Navarro recordó que había conocido a Petro durante las gestiones de diálogo desarrolladas en el gobierno de Belisario Betancur, cuando el futuro presidente realizaba actividades políticas en Zipaquirá.

En ese momento, Navarro manifestó su respaldo al proyecto de gobierno de Petro en Bogotá y consideró que la llegada de antiguos integrantes del M-19 a cargos de elección popular representaba una oportunidad para demostrar los resultados de la reincorporación política.

Diez años después, en la entrevista concedida a El Financiero, Navarro también defendió las credenciales democráticas de Petro, pese a sus observaciones sobre la capacidad de conformar equipos administrativos.

Estas declaraciones evidencian que las críticas posteriores de Navarro a determinadas decisiones del gobierno de Petro no equivalen necesariamente a un rechazo de toda su trayectoria política.

Las diferencias adquieren una dimensión adicional cuando se examina el legado del M-19. Para Navarro, la desmovilización y la Constitución de 1991 constituyeron resultados centrales de la decisión de abandonar las armas y participar en la democracia electoral.

Su trayectoria posterior estuvo vinculada con la defensa de ese marco constitucional y con la búsqueda de acuerdos entre sectores políticos diferentes.

Petro también reivindicó la transición democrática del M-19, pero mantuvo un discurso orientado a completar las transformaciones sociales que consideraba pendientes. Durante su Presidencia utilizó la movilización ciudadana, la confrontación política con sus opositores y las propuestas de reforma institucional como instrumentos de su proyecto de gobierno.

Esta diferencia no significa que Navarro haya renunciado a las reformas estructurales ni que Petro haya rechazado los acuerdos políticos. Ambos han participado en coaliciones, negociaciones y proyectos de transformación. La distinción aparece en las prioridades y los mecanismos que cada uno ha defendido en momentos específicos de su trayectoria.

También resulta relevante la relación de ambos con el establecimiento político. Navarro participó en la dirección de una Asamblea Constituyente que funcionó mediante una presidencia compartida con representantes de los partidos Liberal y Conservador. Esa experiencia exigió acuerdos entre sectores que habían mantenido diferencias durante décadas.

Petro, aunque construyó alianzas con dirigentes de distintas procedencias para alcanzar la Presidencia, sostuvo durante su gobierno controversias recurrentes con sectores del Congreso, partidos tradicionales y otras instituciones por el alcance y la tramitación de sus reformas.

Los antecedentes muestran, por tanto, distintas experiencias de negociación política: Navarro desempeñó un papel directo en la construcción de consensos durante el proceso constituyente de 1991, mientras Petro concentró buena parte de su actividad presidencial en impulsar una agenda de reformas frente a un Congreso dividido.

Las posiciones de ambos frente a la Constitución permiten identificar una de las diferencias políticas más documentadas. Navarro considera que el texto de 1991 conserva instrumentos suficientes para desarrollar las transformaciones que necesita Colombia.

Petro sostuvo que la permanencia de determinados obstáculos políticos e institucionales justificaba abrir una discusión sobre cambios constitucionales de mayor alcance.

En términos históricos, los dos exintegrantes del M-19 representan trayectorias distintas dentro de la izquierda colombiana después de la desmovilización: Navarro participó en la construcción institucional de 1991 y desarrolló su carrera entre la administración territorial, el Congreso y las coaliciones políticas; Petro avanzó desde la actividad legislativa y la política local hasta alcanzar la Presidencia y promover desde el Ejecutivo una agenda nacional de reformas.

Sus desacuerdos sobre la Constituyente, la consulta popular, las alianzas electorales y la administración pública muestran que la militancia compartida en el M-19 no produjo una posición política uniforme entre quienes participaron en aquella organización.

La relación entre Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolff permite observar cómo dos dirigentes provenientes de un mismo movimiento insurgente desarrollaron interpretaciones diferentes sobre los instrumentos necesarios para transformar el Estado colombiano.

Mientras Navarro ha defendido la aplicación de la Constitución de 1991 y los acuerdos institucionales como mecanismos de cambio, Petro planteó durante su gobierno reformas de mayor alcance y la posibilidad de recurrir a nuevos procesos constituyentes.}

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