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Denuncian déficit de $3.7 billones en Colombia Mayor durante el gobierno Petro

Anterior gobierno dejó recursos para solo seis meses de pagos.

Adultos mayores
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 06/11/2026 - 10:32 Créditos: Adultos mayores.

La directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez Pérez, denunció un faltante presupuestal de $3,7 billones en el programa Colombia Mayor durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Según la funcionaria, los recursos asignados para 2026 solo permitían financiar seis de los doce ciclos de transferencias previstos para cerca de tres millones de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

La denuncia fue presentada en las últimas horas y está sustentada, según la entidad, en el Acta de Informe de Gestión del 6 de agosto de este año, suscrita por el entonces director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, durante el proceso de transición entre gobiernos.

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El documento, citado por Suárez Pérez, establece que la entidad solicitó $8,4 billones para financiar el programa durante 2026, pero recibió una asignación de $4,6 billones.

La diferencia presupuestal, calculada por Prosperidad Social en aproximadamente $3,7 billones, habría impedido garantizar la totalidad de las transferencias previstas para la vigencia.

La directora aseguró que la administración anterior había informado públicamente que los recursos estaban garantizados, pese a que el informe de gestión reconocía limitaciones presupuestales para completar los pagos del año. La denuncia también comprende presuntos incumplimientos en el calendario de transferencias.

De acuerdo con la revisión presentada por Prosperidad Social, durante el primer semestre de 2026 no se habría pagado el ciclo correspondiente a marzo, situación que, según la funcionaria, tampoco fue subsanada mediante una transferencia adicional.

Los dos primeros ciclos comenzaron a entregarse en febrero, inicialmente en dos departamentos. El tercer ciclo se desembolsó en abril y el cuarto se desarrolló entre mayo y junio. Para el 4 de agosto todavía se adelantaban pagos correspondientes al sexto ciclo, mientras que el séptimo no había comenzado.

Suárez Pérez sostuvo que estas circunstancias afectaron el cumplimiento del calendario establecido para los beneficiarios, especialmente después de la ampliación de la cobertura y del incremento en el valor de las transferencias.

El señalamiento contrasta con un comunicado oficial divulgado el pasado
3 de agosto, cuando Mauricio Rodríguez Amaya aseguró que Colombia Mayor contaba con financiación para toda la vigencia.

En esa oportunidad, el entonces director explicó que el costo anual ascendía a $8,4 billones y que las fuentes de financiación estaban definidas en el documento Conpes 4176 de 2025.

Según aquella comunicación, el esquema contemplaba $3,2 billones del Presupuesto General de la Nación, $1,7 billones de la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional y $3,5 billones de cofinanciación del Ministerio del Trabajo.

Rodríguez Amaya también informó que los ministerios de Hacienda y del Trabajo, junto con Prosperidad Social, trabajaban desde diciembre de 2025 en un convenio para asegurar las transferencias. En ese momento sostuvo que se habían ejecutado seis ciclos y que existían recursos garantizados para el séptimo.

La actual directora cuestionó esa información y afirmó que los documentos de transición evidenciaban compromisos sin financiación suficiente. Su denuncia se refiere a la disponibilidad efectiva de recursos para completar las doce transferencias programadas durante 2026.

Además de los señalamientos sobre la financiación, Suárez Pérez solicitó a los organismos de control investigar una operación presupuestal por $770.095 millones, relacionada con el convenio interadministrativo Convenio-MT-642-2025, del 7 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la información divulgada por Prosperidad Social, la operación consistió en trasladar recursos inicialmente apropiados para gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo e incorporarlos al presupuesto de inversión de Prosperidad Social.

La funcionaria pidió establecer si ese movimiento presupuestal cumplió las disposiciones legales aplicables o si, por sus características, requería autorización del Congreso de la República.

La solicitud de investigación no constituye una determinación de irregularidades ni establece responsabilidades administrativas o penales.

El programa Colombia Mayor fue creado en el marco de la Ley 100 de 1993 y está dirigido a personas mayores que carecen de pensión o de ingresos suficientes para subsistir. Su cobertura aumentó a finales de 2025, cuando pasó de aproximadamente 1.7 millones a tres millones de beneficiarios.

Con esa ampliación también se incrementó el valor de las transferencias para determinados grupos de edad. El subsidio mensual llegó a $230.000 para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, mientras que otros beneficiarios reciben montos diferenciados de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

La directora de Prosperidad Social señaló que el aumento de cobertura y de los subsidios exigía recursos adicionales para atender los compromisos adquiridos con la población beneficiaria.

Frente a las dificultades presupuestales denunciadas, la administración del presidente Abelardo de la Espriella gestionó recursos para continuar con las transferencias.

El 29 de agosto, Prosperidad Social informó que había asegurado $639.643 millones para financiar el séptimo ciclo, cuya entrega se programó entre el 3 y el 13 de septiembre.

Posteriormente, el 23 de octubre, la entidad anunció una nueva jornada de pagos para 2.850.685 adultos mayores, con una inversión de $669.581 millones.

El octavo ciclo comenzó el 28 de octubre y tiene como operadores a SuperGiros, SuRed y sus aliados en el territorio nacional.

De acuerdo con Prosperidad Social, durante la actual administración se han gestionado más de $1.3 billones para financiar dos ciclos de transferencias. De ese monto, más de $400.000 millones correspondieron a recursos adicionales obtenidos para completar una de las entregas.

El 26 de octubre, la entidad informó que el Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de modificación del presupuesto de 2026 con el propósito de conseguir recursos para las transferencias pendientes del programa.

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