Deicy Jiménez entregó su celular a la Fiscalía por denuncias de presunta red de contratos en gobierno Petro

Deicy Jiménez entregó su teléfono celular a la Fiscalía General de la Nación para que investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) extrajeran conversaciones, fotografías, videos y otros archivos relacionados con sus denuncias sobre una presunta red de contratación estatal a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La diligencia se realizó el jueves 5 de noviembre en el búnker de la entidad, en Bogotá, y se prolongó durante más de siete horas.

Jiménez acudió acompañada de su abogada, Dina Luz Malo, y de un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia. Durante el procedimiento, funcionarios especializados realizaron una extracción forense de los archivos almacenados en el dispositivo, entre ellos conversaciones de aplicaciones de mensajería, grabaciones, notas de voz, fotografías y registros de geolocalización.

La denunciante aseguró que permaneció 15 horas y 45 minutos en las instalaciones de la Fiscalía. Al finalizar la jornada, publicó un mensaje en el que explicó las razones de su comparecencia y rechazó que sus actuaciones tuvieran como propósito generar controversia pública.

“No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones”, manifestó Jiménez, quien ha señalado al expresidente Petro de presuntamente haber facilitado contratos de prestación de servicios en entidades estatales a mujeres con las que habría mantenido relaciones íntimas.

La mujer también aseguró que durante un tiempo no encontró condiciones para presentar sus denuncias. “Desde el día en que dije NO, sabía que tenía que denunciar. Pero ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías, cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo?”, expresó.

En otra parte de su pronunciamiento sostuvo que el asunto que puso en conocimiento de las autoridades está relacionado con el manejo de recursos públicos y no exclusivamente con sus encuentros privados con el exmandatario.

“Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, afirmó.

La entrega del teléfono se produjo después de que Jiménez rindiera una declaración ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 29 de octubre.

En esa comparecencia, que se extendió aproximadamente cuatro horas, expuso los hechos que asegura haber conocido durante su relación con Petro y sus vinculaciones contractuales con diferentes entidades del Estado.

La denunciante había manifestado su disposición a facilitar el acceso a los archivos digitales que conserva, incluidos registros de conversaciones con el expresidente. Parte de ese material estaría relacionado con solicitudes de contratación y comunicaciones sostenidas durante el anterior gobierno.

Uno de los antecedentes conocidos corresponde a un intercambio de mensajes de diciembre de 2025 entre Gustavo Petro, entonces presidente de la República, y Angie Rodríguez, quien ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y anteriormente ejerció como secretaria general de la Presidencia.

Según las conversaciones divulgadas, Petro habría enviado a Rodríguez un documento en formato PDF identificado con el nombre de Deicy Jiménez, acompañado de una solicitud relacionada con la continuidad de su vinculación contractual en el Ministerio del Interior.

La comunicación fue conocida después de que Rodríguez entregara información a las autoridades sobre presuntas gestiones de contratación realizadas durante la administración anterior. La exfuncionaria ha señalado que recibió solicitudes relacionadas con la vinculación de personas a entidades estatales.

También se conoció la existencia de un segundo intercambio de mensajes que, según las versiones divulgadas, estaría relacionado con otra posible contratación de Jiménez. De acuerdo con ese relato, el expresidente le habría solicitado inicialmente su hoja de vida y posteriormente una funcionaria habría establecido contacto con ella para adelantar un trámite contractual.

La denunciante sostiene que, durante ese proceso, Petro le habría solicitado un encuentro íntimo al que ella se negó. Según su versión, después de esa negativa recibió una comunicación en la que le informaron que el contrato no sería suscrito. El contenido completo de esa conversación no ha sido divulgado públicamente y los señalamientos no han sido acreditados judicialmente.

Los antecedentes contractuales de Jiménez incluyen vinculaciones con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) aparecen diez contratos asociados a su nombre: siete con el Senado, dos con dependencias del Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Entre los contratos del Senado figura uno relacionado con actividades de apoyo durante el periodo en que María José Pizarro ejerció la primera vicepresidencia de esa corporación, entre 2023 y 2024.

La exsenadora rechazó los señalamientos sobre presuntas irregularidades y negó haber participado en actuaciones relacionadas con intercambios de contratos por favores sexuales.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección al Senado para examinar siete contratos suscritos por Jiménez entre 2021 y 2025. La actuación comprende la revisión de documentos relacionados con su celebración, ejecución y cumplimiento.

Las denuncias de Jiménez se sumaron a los señalamientos formulados por Carlos Ríos, director del Dapre, quien había informado sobre la presunta existencia de una red de 48 mujeres que habrían sido vinculadas a entidades públicas mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno Petro.

Jiménez, por su parte, ha mencionado la existencia de entre 30 y 40 mujeres que presuntamente habrían recibido contratos en circunstancias similares. Ambas cifras corresponden a las versiones de los denunciantes y no constituyen un número de casos comprobados por las autoridades.

La Fiscalía abrió indagaciones a partir de los señalamientos conocidos públicamente y dispuso actuaciones para recibir declaraciones y recopilar documentos relacionados con las vinculaciones contractuales mencionadas.

Entre las personas cuya comparecencia fue anunciada se encuentran Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes ocuparon cargos directivos en el Dapre durante la administración Petro.

En el caso de Carlos Ríos, su declaración ante la Fiscalía fue aplazada para los días 18 y 19 de noviembre, a solicitud del funcionario, quien manifestó que necesitaba recopilar información relacionada con los contratos señalados en su denuncia.

La Procuraduría General de la Nación también inició actuaciones disciplinarias y citó a Deicy Jiménez para el lunes 9 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, con el propósito de ampliar su declaración sobre las presuntas irregularidades.

El caso adquirió notoriedad después de que Jiménez difundiera una grabación en la que aparece junto al expresidente Petro durante un encuentro privado. La mujer presentó las imágenes como respaldo de su afirmación de haber sostenido una relación personal con el exmandatario.

Petro ha rechazado las acusaciones relacionadas con la supuesta utilización de contratos estatales para obtener relaciones sexuales. En un pronunciamiento público negó haber condicionado la contratación de personas a encuentros íntimos y aseguró que las denuncias forman parte de una operación política en su contra.

El expresidente también cuestionó la divulgación de aspectos de su vida privada y rechazó haber utilizado sus facultades como jefe de Estado para conseguir beneficios sexuales. Sus afirmaciones se produjeron después de las declaraciones de Jiménez y de los señalamientos formulados desde el Dapre.

De manera paralela, la defensa de Jiménez denunció presuntos seguimientos y amenazas contra su representada. La abogada Dina Luz Malo aseguró que el 3 de noviembre personas sin identificar habrían fotografiado a la mujer mientras desarrollaba actividades cotidianas.

La jurista solicitó a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección establecer las circunstancias de esos hechos. También advirtió sobre las amenazas que, según su versión, ha recibido Jiménez desde que hizo públicas sus acusaciones.

Malo asumió la representación jurídica de la denunciante después de la salida de su anterior abogado, Andrés Felipe Caballero, quien manifestó razones de seguridad para apartarse del caso.

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