Presidente de la JEP anuncia recortes en seguridad de magistrados, víctimas y testigos

El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas Betancourth, anunció la reducción de los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes, así como la entrega de la sede principal de la entidad y un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la disminución de aproximadamente $170.000 millones en el presupuesto de 2027.

Rojas, quien asumió la presidencia de la jurisdicción para el periodo 2026-2028, explicó que los ajustes también alcanzarán los mecanismos de protección de los funcionarios judiciales.

En 6AM W, aseguró que actualmente no cuenta con escoltas y manifestó su disposición a renunciar a otros recursos asignados a su cargo.

“Si me toca dar el carro, lo haré”, afirmó el magistrado al referirse a las decisiones administrativas que comenzarán a aplicarse para disminuir los gastos de funcionamiento de la entidad.

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La reducción presupuestal se produce después de la aprobación de los recursos nacionales para 2027. La JEP contará con una asignación aproximada de $651.803 millones, inferior en cerca de $170.000 millones a los recursos inicialmente proyectados para su funcionamiento.

Entre las decisiones anunciadas figura la reorganización de los esquemas de protección destinados a víctimas, testigos y comparecientes que participan en los procesos judiciales relacionados con el conflicto armado colombiano.

Según las cifras expuestas durante la presentación del plan de austeridad, los ajustes en este componente representarían una reducción de gastos cercana a $37.000 millones anuales.

Rojas reconoció que esta es una de las decisiones más complejas que deberá ejecutar la institución, debido a las condiciones de seguridad de las personas que intervienen en las investigaciones y actuaciones judiciales de la jurisdicción.

“La parte más dolorosa y difícil es la reducción a la seguridad de víctimas, testigos y comparecientes. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno para que asuma la tarea de la protección de este sector”, manifestó el presidente de la JEP.

La jurisdicción informó que, hasta junio de 2026, mantenía medidas de protección para 115 personas y 25 colectivos de víctimas acreditados ante el tribunal. Los cambios anunciados implicarán una revisión de los mecanismos de seguridad destinados a esta población.

El magistrado señaló que solicitará al Gobierno nacional asumir responsabilidades relacionadas con la protección de quienes participan en los procesos de justicia transicional, teniendo en cuenta las disposiciones legales que regulan la seguridad de víctimas, testigos y comparecientes.

Los ajustes también comprenderán los esquemas asignados a magistrados y otros funcionarios de la jurisdicción. Rojas explicó que la entidad comenzó a reducir estos servicios como parte de las decisiones para adecuar sus gastos a los recursos disponibles.

Otra de las medidas anunciadas consiste en entregar, en marzo de 2027, el edificio donde actualmente funciona la sede principal de la JEP, ubicado en Bogotá. La institución dejará las instalaciones de aproximadamente 15.000 metros cuadrados para trasladarse a un inmueble de 4.200 metros cuadrados.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por su presidente, el traslado permitirá disminuir los costos de infraestructura en aproximadamente $26.000 millones anuales.

La decisión estará acompañada de una modificación en la organización laboral de la entidad. El trabajo virtual se convertirá en la modalidad predominante y se establecerá un sistema de asistencia rotativa para los funcionarios que deban desarrollar actividades presenciales.

Rojas explicó que la institución adoptará mecanismos de trabajo híbrido y remoto, similares a los utilizados en otras dependencias de la Rama Judicial, con el propósito de continuar sus actividades en instalaciones de menor capacidad.

La reorganización también contempla la entrega de sedes regionales y la búsqueda de espacios de funcionamiento mediante acuerdos con universidades, alcaldías, gobernaciones, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.

En materia de contratación, el presidente de la JEP anunció una reducción del 85 % en los contratos de prestación de servicios. Esta medida representa un ajuste presupuestal estimado en $83.000 millones y constituye uno de los componentes de mayor alcance dentro del plan presentado por la nueva administración.

La disminución de estos contratos afectará actividades de apoyo administrativo y operativo. Por esta razón, la entidad contempla reorganizar funciones entre su personal de planta para mantener las labores relacionadas con la investigación, el juzgamiento y la atención de quienes intervienen en los procesos judiciales.

Durante su posesión, Rojas se refirió a las dificultades presupuestales y al escenario político que enfrenta la institución. Aseguró que, pese a las restricciones económicas, continuará desarrollando las funciones establecidas en la Constitución y las normas que regulan la justicia transicional.

“El país puede tener la certeza de que a pesar del entorno político y social adverso, incluso hostil, al que nos enfrentamos, la JEP cumplirá con sus responsabilidades”, expresó.

Los anuncios se producen en medio de cuestionamientos formulados desde el Congreso sobre los gastos de funcionamiento, los contratos de arrendamiento, los desplazamientos internacionales y los resultados judiciales de la JEP.

Entre quienes han planteado críticas a la administración de los recursos se encuentra la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien ha cuestionado los gastos de la jurisdicción y el número de sentencias emitidas desde su creación.

Frente a los señalamientos relacionados con los resultados judiciales, Rojas recordó que la JEP fue creada como parte de los mecanismos establecidos para implementar el Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc.

El magistrado sostuvo que los integrantes de la jurisdicción no participaron en el diseño de ese acuerdo y que sus responsabilidades corresponden a las competencias fijadas en el ordenamiento jurídico colombiano.

“La JEP no es la responsable del acuerdo, es una consecuencia de este”, afirmó.

También explicó que las decisiones judiciales de la institución deben ajustarse a las disposiciones constitucionales que establecieron el sistema de justicia transicional, incluidas las sanciones especiales aplicables a los responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado.

Según la Ley 1957 de 2019, que regula el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal puede imponer sanciones propias, alternativas y ordinarias, dependiendo del reconocimiento de responsabilidad, el aporte de verdad y las condiciones establecidas para cada procedimiento.

Las sanciones propias contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, acompañadas de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador. Para los máximos responsables que cumplen las condiciones legales, estas sanciones tienen una duración de entre cinco y ocho años.

Por su parte, las sanciones alternativas incluyen penas privativas de la libertad de cinco a ocho años, mientras que las ordinarias pueden alcanzar entre 15 y 20 años de prisión para quienes no reconozcan responsabilidad y sean declarados culpables de los delitos más graves.

Rojas también se refirió a las controversias políticas que han acompañado a la jurisdicción desde su creación. Señaló que las diferencias surgidas durante el proceso de paz y el resultado del plebiscito de octubre de 2016 generaron tensiones alrededor de la legitimidad del acuerdo.

En esa consulta, la opción del “No” obtuvo la mayoría de los votos. Posteriormente, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc introdujeron modificaciones al texto negociado y suscribieron el acuerdo definitivo el 24 de noviembre de 2016.

La JEP fue incorporada al ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y comenzó a ejercer sus funciones judiciales en 2018. Su competencia comprende la investigación, el juzgamiento y la sanción de conductas relacionadas con el conflicto armado, dentro de los límites temporales y personales establecidos en las normas que regulan la jurisdicción.

Danilo Rojas asumió la presidencia en reemplazo del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga. La magistrada Diana María Vega Laguna fue designada vicepresidenta para el mismo periodo institucional, comprendido entre 2026 y 2028.

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