Palacio de Justicia: 41 años de la toma del M-19 que dejó 94 muertos y al menos 11 desaparecidos

Este viernes 6 de noviembre se cumplen 41 años de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19), que el 6 de noviembre de 1985 ingresó por la fuerza a la sede de las altas cortes, en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El ataque y la posterior operación de recuperación del edificio dejaron 94 muertos, según el balance recogido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y al menos 11 personas reportadas como desaparecidas.

La incursión comenzó hacia las 11:30 de la mañana, cuando guerrilleros armados ingresaron al edificio por uno de sus accesos y abrieron fuego contra el personal de seguridad.

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Los atacantes ocuparon diferentes dependencias y retuvieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de Estado, empleados judiciales, trabajadores de servicios generales y ciudadanos que se encontraban en las instalaciones.

La operación fue denominada por el M-19 “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” y tenía como propósito realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur Cuartas, quien gobernaba Colombia desde agosto de 1982. El grupo insurgente pretendía cuestionar al mandatario por el manejo de los acuerdos de paz suscritos durante su administración.

El comando guerrillero estaba encabezado por Luis Otero Cifuentes y contaba entre sus integrantes con Andrés Almarales Manga. La organización insurgente era dirigida entonces por Álvaro Fayad, uno de los principales comandantes del M-19.

En el momento del ataque, el Palacio de Justicia albergaba a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Los guerrilleros ocuparon oficinas, corredores y salones del edificio, mientras los organismos de seguridad desplegaron unidades policiales y militares en los alrededores de la Plaza de Bolívar.

La Fuerza Pública inició una operación para recuperar las instalaciones. Unidades del Ejército Nacional, apoyadas por vehículos blindados, ingresaron al Palacio mientras se desarrollaban enfrentamientos con los integrantes del M-19.

Los combates se prolongaron durante aproximadamente 28 horas, entre el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre. Durante ese periodo se registraron explosiones, intercambios de disparos e incendios que destruyeron diferentes sectores del edificio, incluidos despachos judiciales, oficinas y archivos.

Entre las víctimas se encontraba Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien permaneció retenido dentro del Palacio durante el ataque. El magistrado realizó llamados para que cesaran los disparos y se protegiera la vida de los rehenes.

Reyes Echandía murió durante los acontecimientos, al igual que otros diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La pérdida de estos funcionarios afectó directamente el funcionamiento de la corporación judicial.

La operación militar concluyó el 7 de noviembre, cuando la Fuerza Pública recuperó el control del edificio. Para entonces, numerosos ocupantes habían muerto, otros habían resultado heridos y varios sobrevivientes habían sido evacuados hacia instalaciones cercanas.

Durante la evacuación, los sobrevivientes fueron conducidos a la Casa del Florero, situada en la misma Plaza de Bolívar. Las imágenes registradas por medios de comunicación permitieron documentar la salida de varias personas que posteriormente fueron reportadas como desaparecidas.

Entre los desaparecidos figuraban trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, visitantes e Irma Franco Pineda, integrante del M-19. Sus casos dieron origen a investigaciones penales y procesos ante organismos internacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2014, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante y después de la operación de recuperación del Palacio.

La decisión examinó las detenciones de sobrevivientes, los traslados a instalaciones militares y las irregularidades en las investigaciones.

En Colombia, la justicia también adelantó procesos contra oficiales del Ejército por las desapariciones. Entre ellos estuvo el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien comandaba la Brigada XIII del Ejército durante los acontecimientos y cuya condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2019.

Las investigaciones forenses posteriores documentaron problemas en la identificación y entrega de cadáveres.

Según el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, publicado en 2010, Medicina Legal recibió 94 cuerpos relacionados con los acontecimientos. Sin embargo, las irregularidades en los procedimientos impidieron establecer con certeza el número definitivo de fallecidos.

El informe registró que inicialmente fueron identificados 68 cadáveres y que 54 cuerpos identificados fueron entregados a sus familiares. Otros restos fueron trasladados a una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá.

La investigación también documentó antecedentes de amenazas contra los magistrados de las altas cortes, procedentes de organizaciones relacionadas con el narcotráfico, así como información conocida por las autoridades sobre posibles planes del M-19 para atacar el Palacio de Justicia.

Entre los hechos anteriores al asalto figuró el atentado perpetrado por el M-19 contra el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, el 23 de octubre de 1985. El informe judicial también estableció que el esquema especial de vigilancia del Palacio había sido retirado antes del ataque.

En aquella época, la Corte Suprema de Justicia examinaba asuntos relacionados con la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos, un mecanismo al que se oponían organizaciones del narcotráfico.

La eventual relación entre los intereses de narcotraficantes y la toma del Palacio fue objeto de investigaciones y testimonios posteriores, sin que todas las hipótesis sobre financiación y participación de terceros hayan quedado judicialmente demostradas.

El ataque ocurrió durante el gobierno de Belisario Betancur, quien había iniciado conversaciones de paz con diferentes organizaciones guerrilleras. El M-19 había suscrito acuerdos de cese al fuego con el Gobierno en 1984, pero las relaciones entre las partes se deterioraron durante 1985.

Después de la recuperación del Palacio, Betancur se dirigió al país mediante una alocución televisada en la que asumió la responsabilidad por las decisiones adoptadas durante la operación.

La destrucción del edificio obligó a trasladar temporalmente las actividades de las corporaciones judiciales. La sede fue reconstruida y el nuevo Palacio de Justicia comenzó a funcionar en 1991, en el costado norte de la Plaza de Bolívar.

Durante las décadas posteriores, familiares de magistrados, trabajadores, visitantes y demás víctimas impulsaron investigaciones para establecer las circunstancias de las muertes y desapariciones. También se realizaron exhumaciones, estudios genéticos y nuevos procedimientos de identificación de restos humanos.

Este 6 de noviembre de 2026, el Centro Nacional de Memoria Histórica recordó que el ataque del M-19 y la operación de recuperación del Palacio dejaron entre sus víctimas a magistrados, miembros de la Fuerza Pública y civiles.

La entidad señaló que varias de las personas reportadas como desaparecidas fueron identificadas en las décadas posteriores, mientras que otras siguen sin ser halladas.

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