Capturan en Colombia a juez mexicano acusado de recibir US$2 millones para liberar a narcotraficante

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años, fue capturado en Colombia por su presunta participación en una operación de corrupción judicial que habría permitido la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de una organización internacional de narcotráfico dirigida por el exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding.

El funcionario judicial está acusado de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza al procesado, quien era requerido por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de cocaína, asesinato e intento de asesinato.

La detención ocurrió el domingo 1 de noviembre de 2026 y fue anunciada oficialmente el jueves 5 de noviembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Benítez Alcántara, residente de Ciudad de México, enfrenta nueve cargos federales por presuntamente haber actuado como cómplice después de la comisión de delitos, mediante decisiones judiciales destinadas a impedir o dificultar la detención, el procesamiento y el castigo de uno de los principales integrantes de la organización criminal.

Según la acusación presentada ante la justicia estadounidense, Benítez Alcántara aprovechó sus funciones como juez de distrito en Ciudad de México para favorecer a Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años, quien había sido detenido en territorio mexicano en octubre de 2024 por requerimientos judiciales de Estados Unidos. Clark estaba vinculado a una investigación por narcotráfico internacional, homicidios y tentativas de asesinato, en la que también figuraba Ryan James Wedding.

Tras la captura de Clark, el proceso de extradición quedó bajo conocimiento de Benítez Alcántara, quien tenía la responsabilidad de tramitar las actuaciones judiciales relacionadas con la solicitud estadounidense. En noviembre de 2024, las autoridades de ese país formalizaron el requerimiento para que el canadiense fuera trasladado a su territorio y respondiera ante los tribunales federales.

La investigación estableció que, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark habría movilizado aproximadamente 2,75 millones de dólares mediante intermediarios y transferencias fraccionadas con el propósito de conseguir su salida de prisión. Durante ese periodo, el procesado habría negociado el pago de cerca de dos millones de dólares al juez mexicano para obtener una decisión favorable.

El 24 de febrero de 2025, fecha en la que Benítez Alcántara presuntamente recibió la totalidad del soborno, el funcionario concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su excarcelación. La coincidencia entre la entrega del dinero y la decisión judicial constituye uno de los elementos señalados por la Fiscalía estadounidense en el expediente contra el magistrado.

Sin embargo, la libertad del ciudadano canadiense duró pocos días. Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde permanece vinculado a un proceso penal por los delitos atribuidos a la organización de Ryan Wedding.

La acusación contra Benítez Alcántara fue incorporada en una segunda acusación formal sustitutiva emitida el 4 de septiembre de 2026. El documento judicial le atribuye nueve cargos relacionados con actuaciones posteriores a la comisión de delitos, por las cuales habría utilizado su posición institucional para facilitar la evasión de la justicia estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el juez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos, en caso de ser declarado culpable. La responsabilidad penal y las eventuales sanciones deberán ser determinadas por un tribunal federal estadounidense.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que la investigación permitió identificar las presuntas actuaciones del funcionario judicial en favor de la estructura de Wedding y sus colaboradores. Según Patel, la organización mantenía operaciones de narcotráfico con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos, y era considerada por las autoridades estadounidenses como uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá.

La red criminal investigada habría movilizado cargamentos de cocaína mediante rutas internacionales que involucraban distintos países del continente americano. Las autoridades estadounidenses estiman que las operaciones de la organización alcanzaron un valor de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Ryan James Wedding, de 44 años, representó a Canadá como deportista olímpico en la disciplina de snowboard antes de ser investigado por su presunta participación en actividades de narcotráfico internacional. Con el avance de las investigaciones, las autoridades estadounidenses lo identificaron como presunto dirigente de una organización dedicada al tráfico de cocaína y relacionada con distintos hechos violentos.

Wedding llegó a integrar la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

El canadiense enfrenta acusaciones por tráfico de drogas, asesinato e intento de asesinato. Según la información judicial divulgada por el Departamento de Justicia, tiene programados dos juicios independientes para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.

La investigación contra el juez mexicano contó con la participación del FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá. También intervinieron organismos estadounidenses encargados de la seguridad fronteriza y unidades especializadas en investigaciones internacionales.

En Colombia, las diligencias recibieron apoyo de la Policía Nacional, particularmente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y del Grupo Especial de Investigación Interagenciales. La Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia estadounidense en Bogotá y su Oficina de Asuntos Internacionales coordinaron actuaciones con el Gobierno colombiano para hacer efectiva la captura.

El Departamento de Justicia anunció que Estados Unidos solicitará formalmente la extradición de Benítez Alcántara desde Colombia, con el propósito de que comparezca ante la justicia federal y responda por los cargos formulados en su contra.

La operación hizo parte de las investigaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una iniciativa interinstitucional que reúne organismos federales y autoridades policiales para investigar organizaciones criminales transnacionales, redes de narcotráfico y personas señaladas de facilitar sus actividades.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, se pronunció sobre la captura y aseguró que las autoridades de su país perseguirán judicialmente a los funcionarios públicos que colaboren con organizaciones dedicadas al narcotráfico, independientemente del territorio donde desarrollen sus actividades.

Por su parte, Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, señaló que la investigación también comprende a personas que presuntamente utilizaron cargos públicos para favorecer a organizaciones criminales.

Otras noticias