Corte Suprema llama a indagatoria al congresista David Racero por denuncias relacionadas con un fruver

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a indagatoria al representante a la Cámara David Ricardo Racero Mayorca, congresista del Pacto Histórico, dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y un negocio de frutas y verduras que habría estado vinculado a su familia. La diligencia fue fijada para el próximo lunes a las 8:30 de la mañana, en el despacho del magistrado César Augusto Reyes, quien dirige el proceso.

La decisión forma parte de una investigación penal que busca determinar si el congresista incurrió en concusión, delito que en Colombia se configura cuando un funcionario público exige dinero o beneficios aprovechando su cargo.

David Ricardo Racero Mayorca nació en Bogotá el 11 de octubre de 1986. Es politólogo y filósofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde también cursó estudios de posgrado en economía y política.

Ha sido representante a la Cámara por Bogotá desde 2018, inicialmente con el movimiento Colombia Humana y posteriormente dentro de la coalición del Pacto Histórico. Entre julio de 2022 y julio de 2023 ocupó la presidencia de la Cámara de Representantes durante el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante su carrera política ha sido cercano al proyecto político del actual mandatario y ha participado en debates legislativos relacionados con reformas sociales impulsadas por el gobierno.

La investigación judicial tiene origen en denuncias del periodista Daniel Coronell divulgadas en 2024, cuando se publicaron audios y conversaciones de WhatsApp que presuntamente involucraban al congresista en solicitudes de dinero a integrantes de su equipo de trabajo y en el uso de funcionarios de su despacho para labores privadas.

Según esas revelaciones, Racero habría pedido a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo consignaciones o aportes de dinero, situación que motivó la apertura de indagaciones por parte de organismos judiciales y disciplinarios.

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Uno de los puntos centrales del proceso se relaciona con un negocio de frutas y verduras —conocido como fruver— que habría pertenecido a su familia.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la Corte Suprema, existirían mensajes y registros que indicarían que personas vinculadas a su equipo de trabajo en el Congreso habrían sido utilizadas para atender ese establecimiento comercial, lo que constituiría un posible uso indebido de personal público para actividades privadas.

Racero ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que el negocio al que se refieren las denuncias fue un emprendimiento familiar temporal durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el cual funcionó por cerca de seis meses antes de cerrar por pérdidas económicas.

Según su explicación, las conversaciones sobre dinero corresponderían a préstamos personales entre conocidos y no a exigencias relacionadas con su cargo como congresista.

La Corte Suprema también ordenó diversas pruebas técnicas, entre ellas análisis forenses de mensajes y registros de comunicaciones entre el congresista y miembros de su UTL, con el objetivo de determinar la autenticidad de los chats difundidos públicamente.

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