Consejo de Estado suspende apartes del decreto que autorizaba traslados de recursos a la UNGRD

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional reguló las condiciones para trasladar $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

La decisión fue adoptada dentro de una demanda de nulidad contra el acto administrativo, la cual, fue presentada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, quien alegó que dichas normas vulneraban la Constitución al permitir modificar el Presupuesto General de la Nación sin aval del Congreso ni la declaratoria de un estado de excepción.

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De acuerdo con la congresista, el decreto 802 permitía al Ejecutivo facultades que iban en contra del principio de legalidad presupuestal y deliberación democrática.

Por eso, el Consejo de Estado concedió una medida cautelar de urgencia que suspende el parágrafo del artículo 4 y el inciso 2 del artículo 5 del decreto.

Según el alto tribunal, el Gobierno invadió una competencia exclusiva del legislador al permitir que el Ministerio de Hacienda realizara traslados presupuestales sin la autorización previa del Congreso.

“Esas disposiciones no se limitaron a regular la ejecución de recursos ya aprobados por ley, sino que habilitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificar la distribución de las apropiaciones fijadas por el Congreso en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslados indeterminados”, explicó el Consejo de Estado.

De acuerdo con la Sala, "el Gobierno autorizó, mediante decreto ordinario, traslados presupuestales indeterminados sin encontrarse en un estado de excepción, sin identificar la partida afectada y sin contar con autorización legal previa".

Asimismo, el tribunal advirtió que el decreto permitía a la UNGRD ejecutar esos recursos sin adelantar procesos de licitación y autorizaba negociaciones directas para la definición de precios, razón por la cual también ordenó la suspensión provisional de los apartes demandados.

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