Consejo de Estado no comparte con darle poderes de juez a Procuraduría

Sin embargo, la aprobación generó cuestionamiento es la negación del Consejo de Estado de dar poderes de juez a al Ministerio Público. Frente al tema, el Consejo de Estado se manifestó en contra y según Blu Radio, la Procuraduría constitucionalmente no forma parte de la rama judicial. De esta forma, la cadena radial conoció el documento donde se expresa que:

“La Procuraduría no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional, ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden. Luego de que la Procuraduría expide actos administrativos sancionatorios contra los servidores públicos, estos tienen la posibilidad de acudir a la jurisdicción a solicitar su anulación y a pedir el restablecimiento de sus derechos, en un proceso que se tramita ante un juez independiente e imparcial con la participación de dos partes en igualdad de condiciones (el servidor como parte demandante y la Procuraduría como parte demandada), el cual termina con una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada”

“Es evidente que tales instrumentos podrían modificarse para establecer medios aún más expeditos de defensa de los derechos de los servidores elegidos popularmente y de sus electores, tal y como se propuso en relación con los fallos de responsabilidad fiscal. Lo que no es admisible es dejar de considerar esta estructura constitucional y la función esencial de esta jurisdicción al estudiar la reforma legislativa en trámite”, se agrega.

Por su parte, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) se solicitó al Congreso de la República no aprobar el proyecto de reforma porque insiste en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente.

De esta forma, la directora de la MOE,  Alejandra Barrios manifestó que “Este diseño no responde a lo solicitado por la CorteIDH, toda vez que pese a que el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, estas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal”.

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