Contraloría advierte riesgo en $10,18 billones pendientes por legalizar en el ministerio de Salud

La Contraloría General de la República emitió una Advertencia Especial al ministerio de Salud por los riesgos identificados en la ejecución de recursos públicos destinados a infraestructura hospitalaria.

La decisión se fundamenta en el seguimiento adelantado durante el primer semestre de 2026 por la Contraloría Delegada para el Sector Salud. Según los resultados, al 30 de junio de 2026 el Ministerio registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, situación que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.

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Para llegar a esta conclusión, el ente de control examinó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De ellos, 22 proyectos, por $541.194 millones, equivalentes al 52,77% del valor de la muestra, presentan situaciones que requieren especial vigilancia fiscal.

En ese contexto, el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, reiteró la alerta sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debido a retrasos, suspensiones y deficiencias en el seguimiento de las obras hospitalarias. La situación resulta especialmente preocupante, pues solo el 1,61% de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados.

Por otra parte, entre las principales deficiencias identificadas se encuentran problemas en estudios y diseños, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades no previstas e insuficiencias presupuestales. 

A estas dificultades se suman debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos inicialmente viabilizados, con posibles efectos sobre los costos, los plazos y la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.

Finalmente, la Contraloría General anunció que continuará ejerciendo una vigilancia fiscal rigurosa, orientada a anticipar riesgos, prevenir la pérdida de recursos públicos y verificar el cumplimiento de los objetivos de inversión. Al respecto, el organismo subrayó que no basta con ejecutar los recursos y terminar las obras, pues es indispensable garantizar hospitales en funcionamiento, servicios de salud efectivos y mejores condiciones de atención para los colombianos.

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