Asociación wayúu ligada a familia de líder de la Constituyente recibió contratos del ICBF y algunos ministerios

Mientras el presidente Gustavo Petro impulsa la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y promueve la recolección de firmas en todo el país, uno de los hombres clave detrás de esa iniciativa comenzó a quedar bajo el escrutinio público.

Se trata de Armando Custodio Wouriyú Valbuena, dirigente indígena wayúu, vocero del comité promotor de la Constituyente y titular de la cuenta bancaria habilitada para recaudar recursos destinados a financiar la campaña ciudadana, según detalló El Colombiano.

Sin embargo, detrás de su creciente protagonismo político aparece una estructura familiar y organizativa que, según documentos oficiales consultados y testimonios recopilados en La Guajira, ha acumulado millonarios contratos con entidades estatales durante el Gobierno Petro.

La organización en el centro de la polémica es la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, conocida como Wayúu-Araurayú, representada legalmente por su hermano Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena.

De acuerdo con registros públicos del SECOP, entre febrero de 2023 y febrero de 2026 esa asociación suscribió convenios y contratos que superan los $20.038 millones.

Los recursos provienen de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los ministerios del Interior, Educación, Agricultura y Salud, el DANE, la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de Uribia y Riohacha.

La contratación tuvo un crecimiento acelerado durante esta administración. Solo en 2024, la asociación obtuvo contratos por cerca de $17.000 millones. En 2025 recibió convenios por más de $650 millones y en 2026 ya suma alrededor de $736 millones adicionales.

Entre los contratos más representativos figura uno firmado en julio de 2023 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por más de $6.000 millones para fortalecer proyectos de agricultura familiar y pesca artesanal en la Alta Guajira.

Según los documentos contractuales, el programa estaba dirigido a beneficiar a 5.880 pescadores artesanales y a cerca de 980 personas vinculadas a huertas comunitarias y proyectos productivos.

No obstante, líderes locales y habitantes consultados en la región aseguran que gran parte de las iniciativas prometidas nunca se materializaron en las comunidades.

“Todavía no vemos que esos proyectos hayan transformado el territorio. Aquí siguen faltando agua, salud y vías”, señaló una fuente comunitaria de la Alta Guajira que pidió reserva de su identidad por seguridad.

El hombre detrás de la Constituyente

Armando Wouriyú se convirtió en uno de los rostros visibles del comité que busca recoger firmas para convocar la Asamblea Constituyente promovida desde sectores cercanos al presidente Gustavo Petro.

En recientes entrevistas explicó que la iniciativa pretende “actualizar” la Constitución de 1991 frente a desafíos como el cambio climático, la revolución digital y las reformas sociales.

El dirigente wayúu también confirmó que la campaña aspira a reunir cinco millones de firmas y defendió la apertura de una cuenta bancaria para recibir aportes ciudadanos destinados a gastos logísticos como impresión de formularios y transporte.

La cuenta fue difundida públicamente por el propio presidente Petro a finales de abril, lo que provocó cuestionamientos políticos y jurídicos sobre el manejo de esos recursos.

Aunque Wouriyú niega cualquier influencia indebida en la contratación de la asociación dirigida por su hermano, en la Alta Guajira distintas voces describen a la familia como uno de los clanes indígenas con mayor cercanía al Gobierno Nacional.

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“Uno se mueve en Bogotá y el otro ejecuta en La Guajira”, resumió un líder indígena consultado sobre el funcionamiento del grupo familiar.
Poder indígena y cercanía con el Gobierno

Armando Wouriyú no es un desconocido dentro de la dirigencia indígena nacional. Fue presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y actualmente mantiene influencia en la Mesa Permanente de Concertación, el espacio donde organizaciones indígenas negocian directamente con el Gobierno Nacional políticas públicas y proyectos para los territorios ancestrales.

Fuentes de la región sostienen que esa posición le permitió consolidar una interlocución privilegiada con el Ejecutivo y convertirse en operador político en asuntos estratégicos para el Gobierno.
En agosto de 2024, Petro lo designó como integrante del equipo negociador en los diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo.

La delegación oficial fue creada para avanzar en conversaciones de sometimiento con la estructura criminal más grande del país, dentro de la política de “paz total”.

Su cercanía con el Gobierno también habría sido clave en la estrategia oficial alrededor de la transición energética en La Guajira, particularmente frente a los proyectos eólicos y de hidrógeno verde promovidos por el Ejecutivo.

Según versiones recogidas en el territorio, Wouriyú habría organizado encuentros con autoridades tradicionales para respaldar públicamente los parques eólicos impulsados por el Gobierno y contrarrestar sectores indígenas opositores a esos proyectos.

El crecimiento político del clan Wouriyú también coincide con la creación de la primera Entidad Territorial Indígena (ETI) del país, figura prevista desde la Constitución de 1991 pero que nunca había sido implementada.

La ETI de la Zona Norte Extrema de La Guajira agrupa corregimientos como Nazareth, Puerto Estrella, Taroa, Castilletes y Siapana, entre otros territorios de Uribia. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, el esquema reúne a unas 60.000 personas y más de 320 jefes territoriales indígenas.

Armando Wouriyú aparece como coordinador de esa estructura territorial, mientras que su hermano Gustavo también ocupa espacios de liderazgo dentro del Consejo Indígena reconocido oficialmente mediante la Resolución 139 de 2025 del Ministerio del Interior.

El nuevo modelo permite que recursos públicos lleguen directamente a las autoridades indígenas sin pasar por alcaldías o gobernaciones. Sin embargo, varias autoridades ancestrales cuestionan la manera como se conformó la ETI y aseguran que no existió una consulta amplia con las comunidades.

También afirman que el manejo de recursos carece de suficiente seguimiento institucional.

“Se creó una estructura enorme de poder territorial y contratación alrededor de unas pocas familias”, afirmó un dirigente indígena consultado en la Alta Guajira.

Un clan con peso político en La Guajira
La familia Wouriyú pertenece al clan Guoriyú, uno de los grupos tradicionales con influencia política y electoral en Uribia y la Alta Guajira.

Fuentes regionales aseguran que mantienen disputas de liderazgo con otros sectores políticos indígenas, entre ellos grupos cercanos a la senadora Martha Peralta, del partido Mais.

En medio de ese panorama, Armando Wouriyú se consolidó como una figura de alto nivel dentro de la interlocución entre el Estado y las organizaciones indígenas, un poder que hoy se proyecta nacionalmente con su papel en la convocatoria de la Constituyente.

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