Colombia entraría en default en 2027 si no se aprueba la Ley de Rescate Económico, advierte el Gobierno

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, advirtieron que el país podría enfrentar una situación de incumplimiento en el pago de sus obligaciones financieras durante 2027 si el Congreso de la República no aprueba la Ley de Rescate Económico, presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para reducir el déficit fiscal, reorganizar el gasto público y modificar varios impuestos.

Los dos funcionarios defendieron la iniciativa y solicitaron al Legislativo tramitarla antes de finalizar 2026. En una entrevista publicada este domingo 1 de noviembre por la revista Semana, explicaron los principales componentes del proyecto y las consecuencias que, según las proyecciones del Ejecutivo, tendría la ausencia de medidas para corregir el desequilibrio de las finanzas nacionales.

Restrepo sostuvo que la propuesta busca atender simultáneamente las dificultades fiscales, la financiación del sistema de salud, la protección de los hogares de menores ingresos y la recuperación de la actividad económica. El vicepresidente señaló que el Gobierno está dispuesto a discutir los distintos componentes de la iniciativa con los congresistas y los sectores que resultarían afectados por las modificaciones tributarias.

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El proyecto fue radicado el jueves 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, donde quedó registrado con el número 477 de 2026. Según la información oficial del Congreso, se trata de una iniciativa de ley ordinaria presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuyo objeto es estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, promover la inversión y fortalecer los mecanismos contra la evasión y el contrabando.

Uno de los principales argumentos del Gobierno es la diferencia entre los ingresos y los gastos mensuales de la Nación. De acuerdo con las cifras divulgadas por el Ministerio de Hacienda, el Estado recibe aproximadamente 29 billones de pesos al mes, mientras sus gastos superan los 40 billones. La cartera también indicó que el servicio anual de la deuda pasó de 118 billones a 155 billones de pesos.

El Ejecutivo sostiene que, sin medidas adicionales, el crecimiento de las obligaciones financieras podría comprometer la capacidad del Gobierno para atender sus compromisos. En sus estimaciones, la falta de un ajuste también tendría consecuencias sobre el empleo, la inversión y el crecimiento económico.

Restrepo había advertido durante la presentación de la iniciativa que el país podría perder 360.000 empleos y entrar en recesión si no se adoptan correctivos. Estas cifras corresponden a escenarios proyectados por el Gobierno y no a pérdidas laborales que ya se hayan producido.

La propuesta contempla una reducción del gasto público mediante modificaciones en la contratación estatal, los gastos de funcionamiento, las compras de bienes y servicios y la administración de recursos depositados en fondos públicos.

Entre las disposiciones anunciadas por Hacienda figura una disminución del 50 % del gasto destinado a contratos de prestación de servicios durante 2027. Posteriormente, el crecimiento de esa partida quedaría limitado por la inflación.

También se propone que, durante 2028, los gastos salariales de las entidades financiadas por el Presupuesto General de la Nación, con las excepciones establecidas en el proyecto, disminuyan un 20 %. Para 2029 y 2030 se contemplan límites adicionales a su crecimiento.

El Gobierno plantea revisar más de 250 transferencias presupuestales y los recursos disponibles en aproximadamente 50 fondos públicos. Asimismo, contempla medidas para racionalizar las compras estatales, controlar los gastos operativos y disponer de activos públicos considerados improductivos.

El Ministerio de Hacienda aseguró que los recursos destinados a salud, educación básica, agua potable y pensiones tendrán protecciones específicas dentro del esquema de reorganización presupuestal.

En materia tributaria, uno de los cambios propuestos es la ampliación de la base de personas naturales obligadas a pagar impuesto de renta. Restrepo explicó que el proyecto contempla contribuciones para ciudadanos con ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales, con pagos iniciales que, según el ejemplo presentado por el vicepresidente, podrían situarse alrededor de 15.000 pesos al mes.

El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan concentrar una mayor proporción de los aportes fiscales en las personas de ingresos más altos. Según sus estimaciones, el 10 % de la población con mayores ingresos asumiría el 97 % de los recursos adicionales previstos para atender la situación fiscal.

Otro componente corresponde a la reducción gradual del impuesto de renta para las sociedades. La tarifa general, actualmente situada en el 35 %, pasaría al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, de acuerdo con el esquema divulgado por el Ministerio de Hacienda.

La iniciativa también contempla incentivos para las compañías que desarrollen proyectos de inversión y generen nuevos puestos de trabajo. Entre ellos se encuentra un mecanismo denominado RUGE, que permitiría acceder a tarifas especiales del impuesto de renta bajo determinadas condiciones.

En relación con el impuesto sobre las ventas, el proyecto incluye modificaciones a los bienes y servicios excluidos, exentos o gravados actualmente con una tarifa del 5 %. Parte de estos productos y servicios pasarían a estar sujetos a la tarifa general del 19 % a partir de 2028, si el Congreso aprueba las disposiciones correspondientes.

Paralelamente, el Ejecutivo propone implementar un nuevo mecanismo de devolución del IVA para los hogares de menores ingresos.

Según el Ministerio de Hacienda, aproximadamente 19 millones de colombianos podrían recibir la devolución total del impuesto pagado en sus compras, mientras otros 16,5 millones tendrían acceso a una compensación de hasta el 50 %.

La cartera calcula que un hogar de bajos recursos paga actualmente alrededor de 138.000 pesos mensuales por concepto de IVA. Con el mecanismo propuesto, los beneficiarios de menores ingresos podrían recibir, en promedio, 231.000 pesos mensuales, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

La devolución se calcularía mediante la información de facturación electrónica administrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para acceder al mecanismo, los compradores tendrían que solicitar las facturas con su número de identificación.

El Gobierno anunció que los recursos se entregarían directamente a las cuentas de los beneficiarios y que se contemplaría un procedimiento alternativo para quienes no dispongan de productos financieros.

Aunque el nuevo sistema está previsto para comenzar en 2028, el Ministerio de Hacienda informó que buscará efectuar un primer giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Los beneficiarios del mecanismo de compensación del IVA vigente continuarían recibiendo sus pagos durante la transición.

La financiación del sistema de salud constituye otro de los componentes de la propuesta. El Ejecutivo plantea fortalecer las fuentes de recursos destinadas a garantizar la atención de los usuarios y atender las necesidades financieras del sector.

Durante la presentación del proyecto, Restrepo señaló que el Gobierno contempla destinar aproximadamente 30 billones de pesos durante su periodo de administración a medidas relacionadas con la recuperación del sistema sanitario.

El ministro Miguel Gómez también defendió la decisión de conservar los impuestos saludables. Según explicó en la entrevista, el Gobierno evaluó su eliminación, pero concluyó que tendría que identificar otras fuentes de financiación para reemplazar los recursos que dejarían de recaudarse.

La iniciativa incorpora, además, medidas relacionadas con el comercio electrónico internacional. Entre ellas figura la aplicación del IVA a compras realizadas mediante plataformas extranjeras, independientemente del valor de la operación, conforme a las condiciones previstas en el proyecto.

En sus proyecciones fiscales, el Ministerio de Hacienda estima que la aprobación de la ley permitiría alcanzar un balance primario equivalente al -2,1 % del producto interno bruto en 2027, al -0,3 % en 2028 y al 0,1 % en 2029.

Para 2030, el Ejecutivo proyecta un balance primario positivo del 0,3 % del PIB y una deuda neta equivalente al 64,1 % de la producción nacional. En el escenario oficial sin la aprobación de las medidas, la deuda neta podría alcanzar el 83,3 % del PIB para ese mismo año.

Estas cifras forman parte de las estimaciones del Ministerio de Hacienda y dependen del comportamiento de la economía, el recaudo tributario, la ejecución presupuestal y la aplicación de las disposiciones que finalmente sean aprobadas.

El proyecto también contiene medidas destinadas a reforzar los controles sobre la evasión tributaria, el contrabando y la administración de los recursos públicos, así como instrumentos para reorganizar determinadas estructuras del Estado.

La discusión legislativa comenzará en la Cámara de Representantes, donde los congresistas deberán examinar las disposiciones sobre gasto público, impuestos, transferencias y financiación de los programas sociales.

Restrepo y Gómez insistieron en que el Gobierno busca conseguir la aprobación de la Ley de Rescate Económico antes de terminar el año, mientras mantienen su advertencia sobre los riesgos fiscales que, según sus cálculos, enfrentaría Colombia durante 2027 si no se adoptan las medidas propuestas.

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